Podrían ser compatibles, de hecho, los padres de la Constitución fundamentaron la España democrática del 78 sobre el actual modelo autonómico persuadidos de que era la fórmula adecuada para encajar la pluralidad cultural de las regiones de España, descentralizar la administración y disipar las inclinaciones nacionalistas de Cataluña y País Vasco de ruptura con España.
Pero después de casi 40 años los resultados están a la vista: aquellas autonomías por las cuales se fundó el Estado autonómico, lejos de integrarse, cada día encuentran un nuevo agravio para irse de España. Nadie duda de que inicialmente el invento cuajó y produjo mejoras evidentes, al menos para los partidarios de la descentralización. Pero después de 40 años… ¿el Estado autonómico ha logrado el fin para el que fue diseñado? A todas luces, no. Lejos de remitir las reivindicaciones territoriales, han aumentado. Lejos de aplacarlas con más cesiones, las han fortalecido; lejos de blindar el bien común, la igualdad de los españoles y la unidad de España se han debilitado y se deshilachan a ojos vista. La fórmula del apaciguamiento, la conllevancia y las mayores cesiones ha fracasado. En realidad, las mal llamadas comunidades históricas han aprovechado estas cuatro décadas para poner el sistema educativo, los medios de comunicación públicos y los presupuestos de sus territorios al servicio de la construcción nacional propia.
A la luz de estos hechos sería pertinente preguntarse si es una buena inversión un nuevo modelo de coche que deslumbró los primeros diez mil kilómetros, pero a los cuarenta mil da más problemas que servicios.
La última prueba la tenemos con la aprobación de los presupuestos. El gobierno en minoría del PP ha vuelto a ceder al chantaje del concierto y cupo vasco. Si ya de por sí el cupo vasco y el convenio navarro son privilegios frente al régimen común del resto de las autonomías, ahora se aumenta el agravio. Por poner unas cuantas cifras comparativas: un ciudadano español que resida en una de las 15 autonomías del régimen común dispone de unos ingresos públicos medios por año de 3.000 euros; si es un ciudadano vasco, de 4.112, un tercio más. Si Madrid disfrutase de este privilegio del País Vasco, le corresponderían al año 12.000 millones de euros más de los que recibe, sin contar que aporta más que él, tanto porcentualmente como en cifras totales. Y si toda España tuviera las mismas condiciones que el País Vasco o Navarra, dispondría de 40.000 millones más para servicios sociales de los que ahora carece. Eso sin contar con el rebaje en el alquiler del cupo, que pasa de 1.525 euros al año a menos de 956. Para ver cómo afecta a nivel real en la gente, un ejemplo de carne y hueso: un desempleado de larga duración con dos hijos a su cargo en el resto de España cobra 426 euros/mes; en Euskadi, 824. Y así en becas, alquileres públicos, compras de vivienda de protección oficial, servicios hospitalarios etc. Una verdadera vergüenza. Hasta Bruselas clama al cielo porque esto crea islas fiscales que rompen las reglas de competencia leal entre territorios. Cuestión prohibida por la UE.
¿Tenía el Gobierno de Rajoy una necesidad ineludible para vendernos? No. Podría haber pactado con el PSOE cuestiones de Estado, como es este caso, con la voluntad de que cuando cambien las tornas el PP respete el pacto de Estado de forma recíproca. ¿Por qué no lo han hecho? Porque a uno y a otro les interesan más sus haciendas electorales que el bien común de los españoles y el destino de la nación.
El tercero en discordia, Cs, nació para eliminar el chantaje de los nacionalistas en la formación de los gobiernos de España. Se postulaba como bisagra. Consideraba que los territorios no tenían derechos, que los derechos eran de las personas. Por eso se oponían al concierto y al cupo vascos y al convenio navarro. Parece ser que ya tampoco, como en tantas otras cosas. Seguro que nos lo saben explicar.
La malograda UPyD hubiera dicho no, como hubiera dicho no el Centro Izquierda de España que estará presente en las próximas elecciones.
