Entre ETA y sus víctimas no cabe la virtud aristotélica del justo término medio sino la radical oposición entre ley y crimen.
Las buenas intenciones de Pedro Sánchez expuestas ayer en el Palacio de la Generalidad ante Artur Mas vienen a caer en el mismo error: su tercera vía pretende eliminar "trincheras y monólogos" entre secesionistas, que proyectan violar la legalidad constitucional contra el Estado social y democrático de Derecho, que tiene la obligación de preservarla. Pedro Sánchez debería estudiar historia, empaparse del origen y fines del nacionalismo catalán, y después proponer. Hasta ahora solo ha metido la pata en el tema para sacarla después y volverla a meter... Al menos ha dejado claro que la "soberanía reside en todo el pueblo español" y que “el derecho a decidir en los países democráticos pasa por cumplir la ley”. Algo es algo. Sin embargo, vuelve a caer en la superstición de que cediendo mayor soberanía al nacionalismo se avendrá a convivir definitivamente. De ahí su tercera vía para convertir España en un país federal después de cambiar la Constitución.
Pero ¿qué representa en realidad esa tercera vía más allá de su buenismo? De las ocurrencias del secretario general del PSOE y de las propuestas de su socio en el PSC, Miquel Iceta, se trata de blindar las competencias de Cataluña en educación, cultura, tribunales de justicia y una mejora en el sistema de financiación. Todo ello recogido en un nuevo estatuto que hiciera las veces de una constitución catalana donde se reconociera como nación.
Daré cinco razones por las que esa tercera vía es un disparate contra el bien común de los españoles:
1) Porque si Cataluña fuera la última instancia judicial, la endogamia política haría más difícil perseguir el delito cuando éste afectase a las élites políticas que las habrían modelado a su gusto. ¿Alguien cree que la corrupción de Fèlix Millet o de la familia Pujol hubiera salido alguna vez a la luz pública? Por otra parte, ¿cómo denunciar y lograr sentencias justas contra la exclusión lingüística si ahora mismo ni siquiera acatan las dictadas por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional?
2) Porque blindarían el sistema educativo y la inmersión. Desde ese mismo momento, el castellano se convertiría en una lengua impropia, dejaría ser oficial en las instituciones y los hijos del 55,1% de catalanes cuya lengua materna es el español no podrían recurrir ni a los tribunales. Estarían fuera del amparo de la Constitución. El adoctrinamiento nacionalista ya no tendría límites, pues el Ministerio de Educación carecería de competencia alguna en Cataluña.
3) El nuevo sistema fiscal estaría diseñado a imagen y semejanza de los cupos vasco y navarro. En vez de eliminar este privilegio, se añadiría otro aún mayor que afectaría al resto de Estados federados (¡..?).
4) Resultado de esas soberanías blindadas, el sistema autonómico actual de corte federal se convertiría en un Estado confederal donde competencias fundamentales del Estado se quedarían reducidas a la mínima expresión o extinguidas por completo.
¿Conseguiríamos un Estado más justo que el que tenemos ahora mismo? ¡No! Desde el punto de vista del santo y seña de la igualdad socialista, rotundamente ¡no! Lo de ciudadanos libres e iguales vivan donde vivan del territorio nacional habría dejado de ser por imperativo legal.
5) Y lo peor, habrían dado a los nacionalistas la intendencia legal, cultural y económica definitiva para construir sin oposición el camino a la secesión. Condenarían a ser extranjeros en su país a los no nacionalistas y no contentaría a los que quieren un Estado propio. La fórmula perfecta para alimentar el conflicto civil.
PD: Si hemos de cambiar la Constitución ha de ser para mejorar la vida de todos los españoles, nunca para contentar a los broncas de siempre para hacer lo de siempre: buscar ventajas. Pedro, eres joven y guapo y sonríes casi tanto como Zapatero. Para cartel electoral eres perfecto, pero España necesita hombres de Estado que no le rían las gracias a quienes quieren saquearlo. No te hagas querer, hazte respetar. Con la Constitución en la mano. ¿Quién ha dicho que tomar decisiones de Estado fuera fácil?