Dos terroristas han obtenido el tercer grado penitenciario y van a ser acercados a la cárcel de Basauri desde la de Villabona. A estos individuos no se les denomina terroristas sino "presos" empleando la terminología que impone ETA. Se les describe como una afable pareja que ha estado veinte años en la cárcel –fueron condenados a más de setenta cada uno- y no se entra en detalles de cuántos atentados ayudaron a cometer. Son padres de una inocente niña a la que podrán criar en libertad y en su pueblo natal. Y será así porque el juez de vigilancia penitenciaria, José Luis Castro, aquel que decidió excarcelar al enfermo Bolinaga para que el Gobierno no prevaricase –ministro del interior dixit- lo ha propuesto con criterios estrictamente profesionales. Todo es legal e intachable. Faltaría más.
También ha sido legal la salida de prisión de Arróspide el asesino de cuarenta personas, que a sus venerables setenta años merece disfrutar de una apacible ancianidad en libertad bajo el amparo de nuestro impecable ordenamiento jurídico. Y por supuesto serán legales e inobjetables las futuras salidas de la cárcel de otros "presos" - ya nos anuncian la de un "enfermo" que está en Almería- a los que pronto se aceptará que sean llamados "políticos" como hicieron hace unos días en televisión, por "error".
Es verdad, todos los Gobiernos en algún momento han empleado la política penitenciaria en sus oscuras negociaciones con la banda terrorista y ahora lo siguen haciendo a través del interlocutor interpuesto que siempre ha sido el PNV. Nada es casual ni se puede analizar de forma aislada. En los últimos siete años, desde la oportuna derogación de la doctrina Parot, hasta la Vía Nanclares, o las progresiones de grado, se han empleado todo tipo de recursos para facilitar al máximo la reducción del cumplimiento efectivo de las penas impuestas por los tribunales. Más de trescientos etarras han salido de la cárcel, muchos de ellos recibiendo alborozados homenajes en sus pueblos, tolerados como si no tuvieran importancia.
Nos explican que para para lograr beneficios penitenciarios, los "presos", antes llamados terroristas, tienen que asumir unos requisitos imprescindibles como pedir perdón, hacer frente a la responsabilidad civil o colaborar con la justicia. Pero nos ocultan que la petición de perdón es un mero formalismo legal, un trámite administrativo con una contrapartida que deja las sentencias judiciales y su cumplimiento al albur de mentiras y privilegios para unos reos de primera división. Y nos ocultan también el monto de la responsabilidad civil que han satisfecho unos terroristas que la mayoría de las veces son insolventes o cómo van a colaborar con la justicia si tienen el firme propósito de no "delatar" a sus "compañeros".
Hay más de 300 asesinatos cometidos por ETA que están aún sin resolver y sigue habiendo juicios. ¿Cómo piensan los gobiernos de turno dar satisfacción a las exigencias de impunidad para criminales que tengan por delante decenas de años de condena? No sé cómo pero lo harán. Quizá cuando consideren que la sociedad está lo suficientemente anestesiada promulguen una amnistía o vayan concediendo indultos "discretos" poco a poco. No sería la primera vez.
Mientras, las familias de las víctimas, de esos que ya no pueden clamar pidiendo justicia, se quedarán cada vez más solas o serán utilizadas por unos o por otros para desgastar al contrincante político hasta que ya no sirvan ni siquiera para eso.