Preciso es reconocerlo: la Constitución de 1978 ha concluido su ciclo por agotamiento; simplemente, no da más de sí. La ocasión propicia ha sido, como otras muchas veces en la historia, una catastrófica depresión económica, ahora con características de hecatombe mundial. En España, sus efectos más dramáticos se van a ver enseguida: ocho o diez millones de personas adultas sin trabajo. Son los parados clásicos, más los empresarios que tienen que cerrar sus negocios e incluso las bajas extraordinarias por enfermedad. La anómala situación se ha derivado de una circunstancia fortuita: la pandemia del virus chino. En España ha afectado más que en la mayoría de los países del mundo, sin que se hayan podido averiguar las causas de tal anomalía. No sería de extrañar que, después de un año de epidemia, en España se pudieran contabilizar unas cien mil víctimas mortales de la enfermedad. La cifra definitiva se establecerá con métodos demográficos, aunque puede que no se reconozca de manera oficial.
Lo positivo, aunque siga siendo inquietante, es que se abre un nuevo periodo constituyente. Lo primero será alterar la ley electoral, que es anterior a la Constitución vigente. Se ven venir las reformas. Se ampliará el derecho al voto a partir de los 16 años. Se concederá ese derecho a los inmigrantes extranjeros, por lo menos a los que lleven más de un año de residencia en España. Solo serán legales los partidos políticos acordes con el progresismo dominante en la sociedad, el que insuflará de contenido la nueva Constitución.
En realidad, se está produciendo ya una especie de incruento golpe de Estado desde el poder, aunque se disfrace de continuas y parciales reformas políticas. A través de ellas, va cundiendo algo así como un presidencialismo fuerte, de corte latinoamericano. El Ejecutivo consigue dominar a los otros dos poderes clásicos. No sería raro que se instalara en España un grupo de “observadores internacionales”, de las Naciones Unidas o de la Unión Europea, para vigilar bien el proceso de “la gran transformación hacia la igualdad”.
Se podría imponer la forma política de una república federal, con, al menos, dos Estados libres asociados: Euskadi (con Navarra) y Cataluña (con Baleares). Todo se andará.
Lo que importa es la serie de alteraciones más profundas, que están a la vista, aunque llevarán su tiempo: a) supresión del Senado; b) estatización de las actividades económicas de crédito, apuestas y juegos de azar; c) desaparición de las empresas privadas en los ramos de la enseñanza y la sanidad, tenidos por esenciales; c) control estatal, mucho más intenso, de los medios de comunicación; e) disolución de los altos cuerpos de la Administración del Estado; f) rebaja del monto de las pensiones, compensada con el aumento de los impuestos a los grandes propietarios; g) liberación de los “presos políticos” catalanes y vascos; h) represión de los elementos opuestos al progresismo dominante, basado en la igualdad plena de todos los ciudadanos y ciudadanas.
Se me dirá que todo esto es pura ensoñación febril, pero insisto que el proceso se halla en marcha. Se presenta como algo gradual, sostenido, incluso, por eventuales plebiscitos, refrendos y otras consultas populares. En muchos casos, se harán por vía digital. Por lo mismo, sin que nos hayamos dado cuenta, los antiguos censos de población ya han sido sustituidos por encuestas. Será el método normal de obtener muchas estadísticas.
Lo fundamental es percatarse de que algunos de los procesos dichos ya están en marcha. La ocasión de la crisis económica resulta pintiparada para llevarlos a cabo. Nunca como ahora la opinión pública española ha sido tan servil al poder.