El Gobierno triangular (socialistas, comunistas e independentistas) que rige nuestros destinos está empeñado en que hemos salido de la crisis económica y entrado en la recuperación. Los más finos dicen "resiliencia". Para ocultar el embrollo, los gobernantes no dudan en manipular las estadísticas. Ya lo hicieron con el número de fallecidos a causa de la pandemia del virus chino. Ahora hemos sabido que el Ministerio de Sanidad ni siquiera secuenció los virus de las víctimas. Eso sí que es desidia estadística.
El Gobierno trata de convencernos de que la tasa de inflación de los precios entra en el campo de lo razonable o esperado. Sin embargo, ese índice no hace más que crecer día por día. Lo cual significa un empobrecimiento de la capacidad adquisitiva de la gente, más aún de la humilde (ahora se dice "vulnerable"). Los precios de la energía siguen ascendiendo de forma inexorable, lo que acabará repercutiendo en el tráfico de mercancías, esto es, en la economía toda. La combinación de la tendencia inflacionaria de los precios con el parón de muchas empresas resulta difícil de superar.
El Gobierno hace ver que controla los botellones masivos, la contribución española a la civilización del ocio. Simplemente, lo único que asegura es que siguen siendo ilegales. Pero se trata de una ilegalidad tolerada, como tantas otras.
El Gobierno hace oídos sordos a otra ilegalidad: la de la invasión de inmigrantes, explotados por las mafias de sus países de origen. Todo lo más que hacen las autoridades españolas es etiquetarlos con nombres presentables, como "migrantes" o "menas" (menores no acompañados). A diferencia de otras corrientes migratorias internacionales, esta de los ilegales no supone tanto un aumento de la población ocupada como de la población susceptible de recibir ayudas benéficas. Es decir, engrosa la clientela del Estado del Bienestar. Encima, los ilegales nutren la delincuencia, un hecho que oficialmente no se quiere reconocer. Es tan inexorable como la ley de la gravedad.
El ejercicio de la mendacidad del Gobierno se proyecta sobre otros muchos asuntos. Véase, por ejemplo, el desastre del volcán de La Palma. Después de más de dos semanas de erupción intensa y continuada de materiales tóxicos, el Gobierno ha seguido diciendo que la calidad del aire en La Palma es buena o no demasiado preocupante. Al mismo tiempo, aconseja a la población que tome todo tipo de precauciones para evitar un posible daño a su salud. No es baladí, la corriente de lava se ha tragado más de un millar de edificios, más los correspondientes huertos, invernaderos y cultivos. A la hora de redactar estas líneas, el volcán sigue escupiendo lava y gases tóxicos. ¿A qué espera el Gobierno para evacuar a otra isla una parte sustancial de la población de La Palma? Ni siquiera se asegura la continuidad de las costosas instalaciones de la observación astronómica. Es algo que no se comenta, como si fuera un secreto militar.
El Gobierno reitera que las próximas elecciones generales no están próximas; hay que esperar un par de años. Naturalmente, resulta imposible establecer la verdad sobre un hecho futuro. Sin embargo, todo hace pensar que los comicios van a tener que convocarse antes de un año. El estallido de la hecatombe económica obligará a replantear la gobernación del país. Lo malo es que el sistema de partidos es tan heterogéneo que no es posible una mayoría absoluta de votos para ninguna formación política.
El Gobierno actual es una conjunción triangular, como queda dicho. El conglomerado de socialistas, comunistas (al estilo latinoamericano) y secesionistas está condenado a no entenderse; es radicalmente autodestructivo. La oposición aparece, igualmente, dividida en tres partidos principales, cuyos dirigentes no se pueden ver entre ellos. Ganará quien demuestre más empeño en aunar voluntades y en atender al interés general de la nación. Se dice pronto, pero es una tarea dificilísima; ahora se dice "muy complicada". En realidad es muy simple, aunque muy costosa.