No lo somos, a pesar de las declaraciones enfáticas en contrario. Un ejemplo. La mayor parte de los presos en las cárceles españolas no pueden elegir el establecimiento donde penar. Pero hay algunos delincuentes notorios que gozan de la posibilidad de poder decir en qué cárcel quieren vegetar.
Es fácil concluir que en España disponemos de una legislación muy avanzada que establece la igualdad de derechos para todos los trabajadores. Pero, si bien se mira, todavía quedan pequeños restos de esclavitud. No me refiero a lo más obvio, que es la preterición de los millones de inmigrantes sin papeles o con pocos papeles. Me cuentan mis amigos de la veterana Liga Española Pro Derechos Humanos que en España hay diez millones de trabajadores fijos que realizan horas extraordinarias pero no las cobran. El dato parece increíble. Los de la Liga han recordado al actual presidente del Gobierno que cuando estaba en la oposición prometió que iba a arreglar esta injusticia. No entiendo nada de leyes, pero en este caso bastaría con que fueran a la cárcel algunos empresarios remisos a pagar las horas extraordinarias. No caerá esa breva. A propósito, ¿qué hace el Defensor del Pueblo ante casos como este?
Hay mil formas más de desigualdad. Si bien se mira, lo desigual es lo que caracteriza la forma que toma la organización social y económica. Una ilustración más. Está bien que la Seguridad Social o sus equivalentes paguen el grueso de las medicinas que requieren los jubilados. Pero se hace una excepción con las vitaminas, para las que no hay subsidio, y su ingesta la tienen que pagar completamente los jubilados. Es una pequeña injusticia más.
Parece que el Gobierno, ávido de una política de símbolos, está pensando en eliminar algunos peajes de las autopistas. La medida parece coherente con el principio de igualdad, pero no es así. En la práctica significa que se va a prorratear entre todos los contribuyentes lo que antes correspondía a los automovilistas. Para este viaje no necesitamos alforjas.
Con la ley en la mano, la mayor desigualdad que existe en nuestra sociedad es que unos pocos españoles bien situados logran pagar menos impuestos que el resto, los auténticos paganos. Basta con aposentarse en grandes empresas y disponer de buenos abogados para gozar de ese privilegio legal. Añádase un dato estremecedor. Los jubilados, al cobrar sus pensiones, tienen que pagar un impuesto como si se tratara de sueldos. Pero, bien mirado, la pensión es una consecuencia de un ahorro forzoso que se hizo en la época de actividad laboral. Por tanto, en su día ya se pagó el impuesto correspondiente. Si se hace ahora también, estamos ante la injusticia de tener que pagar dos veces por el mismo concepto. No soy jurista ni nada parecido, pero me parece que estamos ante una estafa legal de colosales dimensiones. No veo que los sindicatos o los partidos políticos protesten del latrocinio.
Los casos de injusticia o desigualdad no parecen alarmar gran cosa a los españoles. La razón es que el logro de una buena posición profesional o de poder consiste en que el sujeto se distingue del común por disponer de algún privilegio. Por ejemplo, el uso de coches oficiales o de lugares reservados para aparcar.