Siento tener que recurrir a una palabra sesquipedálica, pero sucede que hoy es nuestro principal problema político: la ingobernabilidad. No importa cuál vaya a ser el Gobierno que se forme después de un proceso de tanteos de varias semanas, y Dios quiera que no sea de meses. Ese Gobierno será inestable, transitorio. Tal miserable destino no se debe solo a la incapacidad de nuestros políticos sino a razones estructurales. La primera de ellas es la degradación del sistema de partidos que nos hemos dado. No parece de recibo que un partido lo sea por el mero hecho de decirlo. El peligro es la sopa de siglas.
La minuciosa Constitución de 1978, con cientos de párrafos, dedica solo uno a los partidos políticos. Nada nos dice sobre las condiciones para su formación y ejercicio. Solo señala en otro apartado que los representantes en las Cortes no deberán tener mandato imperativo alguno. Tal juridicismo permite adivinar que los diputados y senadores todos representan al conjunto de la nación española. Al menos esa es la tradición de los usos democráticos. En consecuencia, bien se podrían acordar algunos principios para organizar los partidos a partir de la próxima Constitución, que ya se está empezando a levantar. Si me dejaran opinar (a pesar de no ser licenciado en Derecho; lo siento), propondría estas condiciones para que pudieran constituirse partidos políticos:
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Deben representar a todos los españoles. Por tanto, en las Cortes no debe haber partidos que representen una localidad, una región, una denominación religiosa, una categoría étnica o cualquier otra parte de la nación.
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Los partidos podrán ostentar todo tipo de ideologías pluralistas, con exclusión de las totalitarias o autoritarias.
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Se excluyen, asimismo, los partidos que propugnen la supresión de la economía de mercado o de las instituciones democráticas, convencionalmente denominados "antisistema".
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Los partidos representados en las Cortes no recibirán ningún tipo de subvención por parte del Estado o de cualquier ente público.
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Las cuotas de los afiliados a los partidos y las donaciones que recaben de sus simpatizantes deberán proceder de personas físicas y se harán públicas. Podrán acogerse a las oportunas desgravaciones fiscales. Ni qué decir tiene que las donaciones no deben proceder de otros países.
Ya sé que todos esos puntos son discutibles. Por eso mismo los enuncio, para que nos pronunciemos sobre ellos. Lo único que digo es que, en caso de incorporarse a la nueva Constitución, facilitarían la formación de Gobiernos estables. Otra consecuencia indirecta es que contribuirán a la disminución de los casos de corrupción política. Harán falta otras medidas complementarias, pero, para abrir boca, bien valdrá la parva iniciativa que propongo.