La mayor parte de los españoles estamos muy descontentos con el funcionamiento de nuestro sistema político. Se impone una serie de reformas necesarias para alcanzar la situación de una democracia plena, recortando las veleidades autoritarias que, ahora, nos dominan. No se trata de plantear sueños utópicos, sino cambios de sentido común que puedan ser aceptados por distintas ideologías. No se trata de propuestas de la izquierda o de la derecha, sino de posibilidades que podrían ser asumidas por el conjunto de los contribuyentes. Puede, incluso, que tuvieran que ser llevadas a cabo por una especie de Gobierno de emergencia nacional, en el supuesto de que siguiera aumentando el descontento de la población.
En principio, no haría falta alterar el texto constitucional de 1978, por mucho que arrastre herencias no deseadas. Empero, si hubiera que refrendar una nueva Constitución, manos a la obra.
No somos una democracia bipartidista (como el Reino Unido o los Estados Unidos de América), ni nunca lo seremos. Por tanto, habrá que desechar esa imitación inútil de hablar del "principal partido de la oposición" o del "líder de la oposición". Esto es así, más que nada, porque el Gobierno bien puede resultar de una alianza de varios partidos. El número de escaños en el Parlamento determina qué partido debe gobernar. Todos los demás constituyen la oposición sin primacías.
Urge cambiar el sistema de representación política. Deberán ser partidos legales sólo los que se propongan representar al conjunto de la nación española. Los de índole regional o local pasarán a constituir lo que son realmente: grupos políticos de interés. Desde luego, todos los partidos y otros grupos políticos o sindicales deberán vivir, exclusivamente, de las cuotas y donaciones de su afiliados o simpatizantes. Por tanto, se deben suprimir las subvenciones públicas a esos entes y se aconseja una drástica limitación de los gastos electorales o similares (vehículos oficiales, sedes, propaganda, etc.)
No estaría mal un Parlamento con una sola Cámara, el Congreso de los Diputados. Además, sería bueno reducir el número de parlamentarios, por ejemplo, a unos doscientos. Ya, de paso, parece conveniente que las elecciones generales se celebren cada cuatro años, en una fecha determinada. No estaría mal que el Gobierno lo fuera para un máximo de dos legislaturas.
Más que los anteriores detalles organizativos, interesa que la dirección de la política adopte ciertos usos de espíritu democrático. Por ejemplo, debe condenarse cualquier desviación del poder hacia el engaño sistemático y el consiguiente abuso de la propaganda. No digamos la vergüenza de esa constante de los casos de corrupción en todos los Gobiernos de la Transición democrática. Los nuevos gobernantes estarán prestos a reconocer sus posibles errores para disponerse a su corrección. Se impone, pues, un nuevo estilo de gobernar.
En el plano de la organización política general, habría que empezar por una notable reducción en el número de municipios. Actualmente, hay algo más de ocho mil, casi los mismos que hace un siglo. Bastaría con que se diseñaran unos 500. El municipio, junto a la provincia, debería ser la unidad administrativa básica. Sería el sustituto del actual sistema autonómico, que ha resultado un derroche y un fracaso, empezando por ser el lugar más frecuente para la corrupción.
El Estado debería desprenderse del control directo de los medios de comunicación: RTVE, televisiones regionales, Agencia Efe. Habría que añadir la acción de minorar el control indirecto sobre los medios privados de mayor capital. Son herencias nefastas del régimen anterior. Otra lamentable tradición es la supervivencia de los agentes sociales en su función sustitutiva del Parlamento, con subvenciones y privilegios, que hoy resultan improcedentes. No dejan de ser un curioso mimetismo de los "sindicatos verticales" del franquismo. Hay algunas leyes ominosas que deberían ser derogadas; por ejemplo, la de memoria democrática por mal nombre.
Sería conveniente que, como símbolo, se redujeran a un mínimo los vehículos oficiales. No parece conveniente que el presidente del Gobierno resida en el palacio de la Moncloa. Es más propio que siga viviendo en su domicilio particular.
Lo más difícil y urgente es acabar con el tono autoritario del ejercicio de la política. Un ejemplo mínimo: son insoportables las conferencias de prensa en las que los periodistas no pueden preguntar y repreguntar. En esto, como en todo, vale más el autocontrol de los partidos políticos, su dimensión ética, que los reglamentos. Lo pertinente es la calidad del personal político al frente del Gobierno, actualmente bastante detestable.