Una de las ventajas de la edad y la condición de jubilado es que se platica relajadamente con los coetáneos sobre los asuntos públicos. La gran ventaja para ello es la experiencia. Por ejemplo, uno de los temas recurrentes es el intercambio de incidencias sobre enfermedades, medicamentos, operaciones quirúrgicas. Cuando se ha superado la expectativa media de años de vida (algunos dicen "esperanza"), las cuestiones de salud se perciben con cierta distancia, con ataraxia. La conversación sobre las dolencias propias y ajenas genera mutuas simpatías (ahora dicen "empatías").
Un comentario general en esos círculos que digo es que resulta óptima la atención de los hospitales, centros de salud (aunque sería mejor decir "centros de enfermedad") y farmacias. Sin embargo, la organización burocrática de la sanidad, pública o privada, vista por el lado de los pacientes, es un completo desastre. Así que habrá que modificar el tópico de que "España goza de la mejor sanidad del mundo".
Transmito las impresiones de algunos amigos cercanos. Me dice uno, con cáncer de próstata (una dolencia tan común en los pensionistas como los resfriados), que ha experimentado una nueva técnica curativa, la "crioterapia", con estupendos resultados. Solo que se la ha tenido que pagar de su bolsillo, pues la mutua de funcionarios (el equivalente de la seguridad social) se niega a costear ese tratamiento. Así pues, de nada sirve que mi amigo haya estado pagando las cuotas de la seguridad social durante toda su vida de catedrático en una Escuela de Ingenieros. Da la impresión de que empieza resultar molesto que los españoles vivan tantos años.
A otro colega con la misma dolencia el urólogo le prescribió una inyección de hormonas. Se trata de una técnica rutinaria. El absurdo procedimiento es que no sirve la receta firmada por el médico para ese menester. Hay que añadirle el sello correspondiente en la mutua de funcionarios; nadie sabe por qué. Además, en este caso la funcionaria de la mutua se niega a ponerle el sello. Por lo visto, el ordenador no registra el hecho real de que el paciente ha tomado ya otras inyecciones del mismo específico. Si lo sabrá él, que ha tenido que pasar por esa penosa ordalía. Hay que volver al hospital, a varios kilómetros, para que el urólogo extienda un certificado de que el paciente necesita la dichosa inyección. De nada sirvió la queja de mi amigo ante la funcionaria. La alusión a que el jubilado había cotizado durante media vida para pagar el sueldo de la funcionaria suscitó la irritación de esta. Dijo: "A mi no me ha pagado usted nada; mi sueldo lo paga el Presupuesto General del Estado". Habrá que ver cómo tratan a mi amigo cuando vuelva dentro de unos días con el certificado del médico.
Las tribulaciones de mi amigo no terminan ahí. Aunque pueda parecer increíble, hablar con el hospital es misión imposible. Mi amigo se ha pasado un día entero haciendo llamadas para llegar hasta la secretaria del urólogo, pero no lo ha conseguido. El teléfono se entretiene con una incesante letanía de "todas las operadoras están ocupadas". Da la impresión de que el verdadero negocio del hospital está en el coste de las llamadas telefónicas que hacen los enfermos o sus familiares. Mi amigo, paciente como es, intentó poner un correo electrónico al hospital, pero el sistema se lo devolvió bonitamente con una especie de acertijo para explicar porqué no se podía aceptar la comunicación.
El problema no es privativo de los teléfonos de los hospitales, sino de otras muchas empresas, que emplean el mismo sistema para que los clientes abandonen sus demandas. Los obstáculos burocráticos están para eso, para que el cliente se aburra, desista. Al final tenemos una sociedad de inermes ciudadanos que transigen con todo. Las organizaciones todas parecen estar para humillar a los individuos. Al menos esa es la impresión que se saca de las experiencias que se narran en las tertulias de los jubilados. No sé de ningún político que sea sensible a estas cuestiones de tejas abajo.