En la atribulada España de los dos últimos siglos resuena una constante: todos los reyes han llegado desde el exilio o han terminado por expatriarse. En el caso de Juan Carlos I se han cumplido las dos circunstancias. Quién sabe lo que pueda pasar con Felipe VI, el único rey instruido que hemos tenido en la España contemporánea.
Se reaviva el precedente de Alfonso XIII, quien se expatrió en 1931 ante el asalto al poder de los republicanos a partir de unas elecciones municipales. La cosa venía preparándose desde un decenio antes, tras el desastre de Annual, en la guerra colonial con Marruecos. La humillante derrota ocultó un oscuro episodio de corrupción, en el que, al parecer, andaba por medio el rey. Se anunció un proceso, el ‘expediente Picasso’ (no por el pintor, sino por el general de ese nombre), que se sobreseyó con la irrupción de la dictadura de Miguel Primo de Rivera en 1923. Pero la reacción republicana se fue incubando hasta que explotó en 1931.
Una de las tragedias de la II República es que nunca se pudo lograr una mayoría suficiente y estable de partidos para gobernar. Además, la inestabilidad se desenvolvió en medio de una pavorosa depresión económica, que las autoridades no supieron entrever, ni mucho menos tratar. Ahora sucede algo parecido, salvando siempre las distancias. Los partidos con posibilidad de gobernar son más bien grupos de influencia (mal llamados ‘de presión’). La actual crisis económica tampoco la reconoce el Gobierno. Véase con qué alegría proclama que ya se ha llegado a la reactivación, al tiempo que la economía (no solo el turismo) se precipita en una sima sin fondo. El Gobierno aduce que las últimas cifras de empleo acaban de experimentar una subida, pero nadie con cabeza puede creerse tal superchería. Si se falsifican las cifras de fallecidos por la pandemia del virus chino, ¿cómo vamos a creer las estadísticas de empleo? Por si fuera poco, en plena hecatombe económica y sanitaria, el presidente Sánchez, tan aplaudido, ostentosamente, por los suyos, se regala con unas vacaciones de auténtico sátrapa.
El Gobierno trata de minimizar el azote de la pandemia, que, objetivamente, revela la mayor incidencia de Europa. El Gobierno se asombra de que aumente el número de países que ponen restricciones a los viajes de sus nacionales a España. La explicación es muy sencilla. Las respectivas embajadas se apoyan en el cálculo más válido para estimar el alcance de la pandemia. Es una elemental operación estadística: la diferencia entre el número de fallecidos y el que reproduce la tendencia de los últimos años. Es cosa sabida. Yo mismo realicé hace un tiempo ese mismo cálculo para estimar la incidencia en España de la gripe de 1918 (‘España cíclica’, Madrid: Fundación Banco Exterior, 1987). Se extendió a lo largo de tres años y ocasionó unas 300.000 muertes. Los efectos de esa pandemia no fueron solo los de la infección, propiamente dicha, sino los indirectos de los que resultaron debilitados por la enfermedad de transmisión. En las epidemias y otras grandes catástrofes hay que contar con la ‘mortalidad oportunista’, la que se arrima a la letalidad principal. La misma lógica se puede aplicar a la situación que ahora vivimos.
En la pandemia del virus chino, las víctimas mortales en España son, de momento, unas 60.000 (en seis meses), aunque el Gobierno solo reconozca la mitad. La idiocia oficial no puede ser mayor. Solo por tal inoperancia, el Gobierno debería estar presto a dimitir. No caerá esa breva.
Ante la nefasta confluencia de crisis económica y de pandemia, ambas mal gestionadas, la heteróclita coalición de partidos que apoya al Gobierno solo cuenta con un factor común: el republicanismo. Se comprende ahora la campaña antimonárquica desde las gradas del poder.
