Ante las inminentes elecciones generales de 2019 –que prometen ser históricas–, se plantea la ardua tarea de reformar la Constitución vigente. La llamada pomposamente "Carta Magna" resulta bastante pequeña para acomodar tantas exigencias como ahora se presentan. Entramos, pues, en una nueva etapa constituyente. Es algo que a los españoles nos encandila.
Lo sorprendente es que hoy nos encontramos en los antípodas del famoso consenso de hace 40 años. Es decir, cada partido o ideología percibe una necesidad de reformar algún aspecto de la Constitución, pero no hay un acuerdo mínimo entre todos ellos.
Se me perdonará el latín macarrónico como remedo de los recuerdos escolares. A saber, Omnia Hispania divisa est in partes sex. Los seis aspectos no se refieren a espacios geográficos, sino a las ideologías que acompañan a otros tantos partidos. Veamos el abanico que resulta de forma esquemática:
1. Los separatistas, principalmente catalanes, se proponen levantar una nueva Constitución solo para Cataluña en la forma de República identitaria. Lo extraño es que les interese tanto la organización política del resto de los españoles, pero así es.
2. La nebulosa de Podemos se propone la utopía de constituir una República española de carácter populista, pareja quizá con Cuba, Venezuela, China o vaya usted a saber. Es decir, sueñan con un partido único, el de "la gente", con ínfulas totalitarias o anticapitalistas.
3. El viejo PSOE parece que apuesta por una República federal, feminista y progresista. No se percibe ningún modelo en el mundo para tal ensoñación.
4. Ciudadanos, a ratos liberal y otras veces socialdemócrata, se conformaría con la eliminación del Senado y el fin de los dichosos aforamientos.
5. El PP es el más conservador, pues solo alteraría algunos puntos formales del texto constitucional.
6. Vox se propone suprimir el "Estado de las Autonomías", que es la médula de la Constitución de 1978.
Como puede verse, ante planteamientos tan dispares, va a ser difícil, por no decir imposible, lograr el consenso necesario para adoptar un mismo texto constitucional. De ahí que, de momento, los padres de la patria solo se pongan de acuerdo en alterar ciertos aspectos cosméticos del texto actual. Por ejemplo, se eliminaría la palabra disminuidos (los antiguos subnormales o inválidos) para sustituirla por "personas con discapacidad". No sería de extrañar que ese último circunloquio pasara a ser también despreciativo y se propusiera sustituirlo por "personas con capacidades diferentes". Así mismo se prevé que, junto a la tabla de derechos humanos, se incorpore el complemento de la de derechos de los animales. ¿Y por qué no los de las plantas?
Puestos a buscar acuerdos, se impone continuar con el sello laico o secularizado del texto de 1978, en el que no se menciona a Dios. Es un rasgo negativo que lo distingue, por ejemplo, de la Constitución de 1812, tenida por modélica.
Me llama la atención el estupefaciente hecho de que ningún partido se haya propuesto la reforma fundamental. A saber, los partidos con representación parlamentaria tendrán que representar a todos los españoles, no solo a una parte territorial de los mismos.