No me refiero al denostado franquismo, sino a estos amenes de la Transición democrática, inaugurada en 1978, en los que nos toca vivir. La palabra transición indica un paso, un tránsito, de un tiempo a otro. Con la Constitución en la mano, nunca nos dijeron hacia dónde caminaba el nuevo régimen democrático, que sucedió, pacíficamente, al franquismo. (Bueno, pacíficamente, pero con el brutal terrorismo vasco, nunca sustanciado del todo por los jueces). Ahora hemos caído en la cuenta de que para ese largo viaje generacional no necesitábamos alforjas.
Con tenaz parsimonia, el sistema democrático, que conquistaron los españoles de la generación anterior, ha ido degenerando hacia un régimen autoritario sui generis. Dizque de índole progresista, viene a ser una reedición del Frente Popular de 1936. Es decir, la conjunción de socialistas, comunistas y separatistas; además, con un toque de dictadura latinoamericana. La mixtura resulta original, aunque, por otro lado, extravagante.
El proceso de creciente autoritarismo se expresa de distintos modos. El Parlamento aparece opacado por la supremacía del Gobierno de coalición. Procesos autoritarios son, por ejemplo, el atosigante control (ahora se dice “monitorización”) de los medios de comunicación y la implantación de la censura indirecta. Se constituye una especie de Ministerio de la Verdad, según la irónica expresión de la novela de Orwell, 1984. Es el encargado de exaltar la información que interesa al Gobierno, orillando las opiniones críticas. Para ello, se propone confundirlos con los bulos o fake news. Se trata de una operación sinuosa, más propia de los llamados ‘servicios de inteligencia’, pensados para las operaciones bélicas.
Una decisión autoritaria de gran fuste es el proceso de erradicación del idioma español o castellano de Cataluña y, eventualmente, de otras regiones con dos lenguas. Es un caso de genocidio cultural, que parece increíble en nuestro tiempo, pero que avanza de forma inexorable. Se orienta, primero, al mundo público, incluida la enseñanza, para terminar por imponerlo a toda la sociedad.
El régimen autoritario pretende la completa subordinación del Poder Judicial a los ucases del Gobierno. Por ejemplo, la Fiscalía General del Estado decide no admitir a trámite las eventuales querellas contra las autoridades sanitarias. Son las que se suscitan por los posibles casos de negligencia en la actual epidemia del virus chino. Los más flagrantes son los decesos en las residencias de ancianos.
El actual régimen autoritario es, sobre todo, un estilo de gobernar, de hacerse cargo de los asuntos públicos. Se traduce en la exaltación de los mediocres. Por primera vez en nuestra historia, al frente del Gobierno se encuentra un doctor en Economía, pero no consta que haya escrito ningún texto sobre la materia. En sus discursos tampoco se traduce esa especialización.
La comparación del actual régimen con el del Frente Popular de 1936 presenta otro elemento común. El Frente Popular se sirvió de la situación extraordinaria de la guerra civil, como factor catalizador, para perpetrar una verdadera revolución comunista. Por analogía, el Gobierno actual ha aprovechado la pandemia para declarar el estado de alarma, que le da facilidades para todo tipo de tropelías. El proceso no ha hecho más que empezar. El Gobierno podrá prohibir las manifestaciones populares que considere inoportunas. No será raro que pueda invadir la intimidad de los domicilios o que clausure los medios de información que se muestren críticos. La farsa se completará al proclamar que el régimen actual es el enemigo del franquismo o del fascismo, por estupefaciente que pueda parecer una pirueta histórica como esa.
