En la España hodierna, la política se reduce a una representación en la que destacan muy pocos actores. Básicamente, los del Gobierno se esmeran en perdurar todo lo posible en el poder mediante el uso desmedido de la propaganda. Se trata de un instrumento para inculcar la conformidad de los que dicen “ciudadanos”.
El sistema electoral favorece la presencia de una multiplicidad de partidos y partidas, lo que hace muy arduo el papel de la oposición parlamentaria. Encima, las principales formaciones políticas arrastran turbios asuntos de corrupción. Total, que la casa queda sin barrer. Quiero decir que la resolución de los capitales problemas del país sigue sin plantearse. El Gobierno insiste en que ya está tomando las medidas para resolver las graves cuestiones que aquejan a los contribuyentes; sustituye la percepción de la realidad por los buenos deseos.
La actual endemia del virus chino y el consiguiente parón económico nos han hecho ver que el otrora brillante desarrollo económico español no da más de sí. Tal modelo se basó en el turismo y en la alianza subordinada de la industria española con grandes empresas de alcance global. Pues bien, la fórmula de las dos últimas generaciones ha llegado a su fin por consunción. La prueba circunstancial es que la ansiada vacuna contra el virus chino no va a fabricarse en España; puede que la más barata provenga de China. Y es porque ese gran país, aun con la pestilente forma política totalitaria, ha adoptado otra fórmula de desarrollo: exportar tecnología en masa. Precisamente es la opción que convendría adoptar en España para salir del atolladero, solo que con democracia. Claro que se dice pronto, pero el paso hacia un esquema tecnológico implica dos resortes que funcionan mal en España: 1) la constitución de un eficiente sistema de enseñanza y de investigación científica, del cual andamos muy lejos; 2) el predominio de una acendrada moral de trabajo y esfuerzo, que solo se respira en ciertos círculos del deporte.
De momento, la enseñanza y la investigación científica andan por separado, cada una dependiente de un ministerio. Además, en este y otros aspectos de la vida pública, se ha convenido en disgregar aún más la acción política, a través, del malhadado ‘Estado de las Autonomías’, valga el término contradictorio. El invento autonómico ha servido más bien para generalizar la corrupción e inflar la caterva de cargos públicos, funcionarios y asesores. En definitiva, la organización de la vida pública ha venido a reforzar el sistema oligárquico, que ha sido lo nuestro toda la vida de Dios.
Más difícil (ahora se dice “más complicado”) es operar con la segunda válvula del desarrollo: el espíritu de superación y de esfuerzo en todos los terrenos. En esto hemos retrocedido algunos puntos respecto a las dos generaciones anteriores. Hemos entrado en un tipo de sociedad en el que domina la actitud resignada de la mayor parte de la población, la excesiva confianza en las ayudas del Estado. El precio colectivo que hay que pagar por el predominio de tal mentalidad es una descomunal tasa de desempleo, seguramente la más alta de la historia contemporánea.
Se establece un círculo vicioso en las relaciones de la sociedad con los poderes públicos. El ejército de parados (incluidos los autónomos que tienen que cerrar sus negocios) precisa, para subsistir, de la munificencia del Estado. Lo mismo ocurre con los sectores empresariales en crisis, que son casi todos, aunque mayormente el turístico y el hotelero. El Estado debe atender también a amplios estratos marginados: inmigrantes, indigentes, jubilados, etc. En definitiva, la situación crítica de un Estado impecune se agrava al tener que gastar cada vez más. La única solución es que el sector público se endeude todavía más. Por si fuera poco, la población apoya un Gobierno sedicentemente progresista, esto es, de izquierdas, con la colaboración de los secesionistas de siempre, vascos y catalanes. Se conoce que los españoles, como conjunto, no hemos aprendido gran cosa de los errores de la Historia.
