La única razón para mantener el actual texto constitucional es que su celebración se combinó muy bien con la fiesta de la Inmaculada para lograr el mejor puente del año. Por lo demás, corren fuertes vientos de fronda en la escena política española en la dirección de que el actual texto constitucional ya no sirve. La mejor demostración de lo que digo es que, con esta Constitución, no hay forma de resolver el problema catalán. Más grave aún. Después de 40 años (que es lo que suele durar un régimen político entre nosotros), la España de las autonomías hace agua por todas partes. Los partidos políticos han reforzado su tradición oligárquica y no responden al espíritu de lo que debe ser una Constitución democrática.
Lo que de ninguna manera pueden aguantar los contribuyentes es que la nueva Constitución la redacten los partidos actuales. Sería el modo de perpetuar los vicios adquiridos. En su lugar, parece conveniente formar una imaginativa Comisión Constitucional de hombres justos e independientes de la maquinaria de los partidos. En mi opinión, tampoco deberían estar los de mi gremio: sociólogos, escritores, periodistas, tertulianos, comentaristas. Basta con un selecto grupo de personas con sentido común, alejadas de las luchas por el poder, aunque interesadas por la cosa pública. Lo cual se demuestra con una rareza: que sean personas leídas. Se necesita, además, que cuenten con una sobrada experiencia vital. El conjunto de esos individuos no debe recargarse con abogados o profesores de Derecho Político, como se hizo al redactar la Constitución de 1978.
Con las anteriores condiciones (ahora se dice "precondiciones" o incluso "requerimientos") repaso mi agenda y encuentro fácilmente una veintena de candidatos. Dado que se exige notables cantidades de experiencia vital, es lógico que sean más bien talluditos. No me obsesiona la idea de que en el elenco deba haber más jóvenes o más mujeres. La lista que me sale es la siguiente:
Francisco José Alonso (el factótum de la Liga Española Pro Derechos Humanos), Elena Bartolomé (médica investigadora), León Benelbas (empresario), Francisco Cabrillo (economista), Francisco Javier Capitán (profesor de instituto), José S. Carralero (pintor), Isidro Cubero (abogado y empresario aceitero; Baena, Córdoba), Isabel Estapé (notaria), Fernando Faces (profesor de Estudios Empresariales; Sevilla), Antonio Fernández Rañada (físico), Antonio G. Ferrer (economista), José Luis García Valdecantos (ingeniero de Montes), Isabel González (ama de casa; Calpe, Alicante), César González Zamora (ingeniero de Caminos, experto en arte), Pilar Macián (ama de casa; Castellón), Francisco José Navarro (directivo de empresa; Elda, Alicante), José María Navia-Osorio (médico; Oviedo), Virgilio Oñate (empresario), Pedro Paredes (abogado), Josep Enric Sabaté (empresario; Tarragona). Me doy cuenta de que predominan los madrileños, pero, a su vez, casi todos ellos son originarios de otras provincias.
Se podría pensar que una lista así será siempre arbitraria, pero al menos resulta independiente de los partidos políticos o del aparato del Estado. Cabe una alternativa aparentemente más democrática. Se introducen en el bombo de la lotería los números de todos los DNI del país y se sacan 20 nombres. Los tales serían los candidatos para la Comisión Constitucional. Parece un procedimiento más justo, pero sería un disparate.
Tampoco pretendo que la lista de ciudadanos aquí expuesta sea la mejor. Simplemente, es un estímulo para que se propongan alternativas con el mismo objetivo de personas sensatas e independientes. Todo menos dejar que los partidos políticos se distribuyan los asientos de la Comisión, como se reparten todo lo demás en aras del mítico consenso. Ya sabemos lo que significaría tal pasteleo: más de lo mismo. Para eso sería mejor seguir como estamos.