No cabe duda de que el modelo universal de democracia corresponde al de los Estados Unidos. Su exitosa fórmula consiste en que se ha ido perfeccionando de manera permanente con enmiendas continuas a la Constitución y a la práctica parlamentaria. Por ejemplo, una tacha original que se ha ido corrigiendo poco a poco ha sido el spoils system (sistema de despojos o de rapiña) en la provisión de cargos públicos. Estuvo vigente hasta hace menos de un siglo, con el predominio de los bosses o caciques y la preeminencia de los robber barons (los altos cargos corruptos).
En España rige la tradición de recompensar a los fieles, seguidores o muñidores de los partidos con altos cargos cuando el partido correspondiente llega al poder. Es una consideración bélica de la política, la de entender que la victoria supone la apropiación legítima del botín, el pillaje. Sin llegar a tanto, se considera que la concesión de altos puestos políticos se apoya más en la lealtad a los que mandan que en los méritos de los solicitantes. Tradicionalmente a eso se le ha llamado caciquismo y, de modo más académico, clientelismo.
En el siglo XIX español se generalizó la figura del cesante, inmortalizado por Galdós en algunas de sus novelas. Es el funcionario que debía abandonar su puesto (el destino) cuando su partido perdía el poder. Confiaba en volver a disfrutar de una bicoca semejante cuando su partido volviera a ganar las elecciones.
En la democracia actual se ha dado un notable avance en la adopción del sistema de méritos profesionales para la provisión de cargos públicos. Los Gobiernos compiten ahora con las grandes empresas para seleccionar a los ejecutivos bien preparados. No obstante, todavía cuentan mucho las prácticas del viejo caciquismo, las que premian la fidelidad a los que mandan por encima de los méritos profesionales. Es cierto que en España rige un sistema de estricta selección objetiva para los puestos funcionariales: las oposiciones. Pero cada vez más los cargos políticos, y a veces los técnicos, se nombran a dedo. Esto es así sobre todo en la llamada Administración autonómica (regional) y en la multitud de empresas públicas con distintos nombres. No es casual que sean esas instancias las que manifiesten más casos de corrupción política. De los cuales solo sabemos los que llegan a los tribunales de justicia, seguramente una parte pequeña del total.
Téngase en cuenta que los puestos más elevados del poder ejecutivo (ministros, subsecretarios, secretarios de Estado, etc.) son de libre designación por la cúpula del partido que gobierna. Se premia con los puestos más altos a las personas que han hecho su carrera profesional a la sombra del partido correspondiente. A partir de ahí, cada alto cargo define su parcela de poder como la capacidad para seguir nombrando a dedo un conjunto de colaboradores, edecanes, secretarios y demás puestos de confianza. Esa floración se reproduce como las setas en el otoño. No se olvide que en las elecciones generales se vota a un partido, no a las personas que se sitúan a su frente.
El resultado es que con el actual Gobierno ha llegado al máximo el grado de clientelismo. Lo cual supone un preocupante retroceso democrático, pero nadie parece especialmente alarmado por ello. Las noticias van por otro lado. Es tan fuerte la tradición caciquil que contamos con ella para situar a la cabeza de las organizaciones políticas a las personas más fieles al partido gobernante. En nuestros días no resulta tan dramática, pero todavía subsiste la figura del cesante. Menos mal que ahora puede colocarlo en el sistema empresarial privado bastante robusto.