Entre los seis mil jueces que hay en España, algunos no cumplen con sus obligaciones; pero decir mal de uno, o de varios, no es decirlo de todos. Los jueces españoles, como los policías, los guardias civiles y los militares, son decentes y honrados. Otra cosa son sus élites. Y no se diga que esto sucede en todos los ámbitos de la sociedad española, porque existen instituciones y profesiones, por desgracia, tan degradadas que yo no daría un ardite por ellas. ¡Para qué nombrar la degradación moral, intelectual y política que corroe a los medios de comunicación y a la Universidad! Hay instituciones que se salvan por las excepciones y no porque la mayoría de sus miembros sean buenos, fieles y leales respecto a sus códigos deontológicos. Soy de la opinión de que la institución de la Justicia, o mejor dicho, la mayoría de los jueces españoles, no está confabulada con el Poder Ejecutivo para ocultar sus desmanes.
Una prueba más de la independencia del Judicial es la actuación de un juez de instrucción de Zaragoza, Rafael Lasala, que ha citado en calidad de investigada –antes imputada– a la exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, por haber permitido la entrada en España a Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario, que tiene abierta dos causas en la Audiencia Nacional por delitos de terrorismo. Merced a la actuación profesional del juez, y antes a la iniciativa de un ciudadano ejemplar, Antonio Urdiales, presentando la denuncia, hemos podido ahondar en todo lo que hay detrás de este asunto. Pero, antes de nada, contemos el suceso para que la ciudadanía se forme su propia opinión. Es necesario contarlo y recontarlo, las veces que haga falta, porque la mayoría de los medios de comunicación lo ocultan o pasan por alto el asunto. No demos nada por supuesto, porque en ello nos jugamos la vida personal y la existencia misma del Estado de Derecho, condición imprescindible de cualquier democracia digna de ese nombre.
Narremos lo sustancial y no nos arrepintamos de nuestras repeticiones. Son los botes salvavidas de las generaciones presentes y futuras. Brahim Gali, el jefe político y militar del Frente Polisario, tiene varias causas penales abiertas en España por delitos de terrorismo y genocidio. Es acusado de 261 asesinatos de españoles y otros delitos, como el de violación a una joven española. El día 18 de abril se le permite la entrada en el aeropuerto militar más grande de España, la base del Ejército del Aire en Zaragoza, en un avión de la Presidencia de Argelia sin someterse a control de pasaportes. Desde allí fue trasladado en ambulancia y escoltado (sic) por la policía al hospital público de Logroño. Fue ingresado con una identidad falsa, Mohamed Benbatouche, para ser curado del coronavirus. El 2 de junio es dado de alta y regresa a Argelia desde el aeropuerto de Pamplona, donde embarcó en un avión sin ser sometido al control de pasaportes.
¿Cómo pudo atravesar la frontera española una persona que tiene dos causas abiertas en la Audiencia Nacional por delitos de terrorismo? Ésta fue la pregunta que se hizo el juez que trata la causa. Quien ha decidido que comparezca en el proceso la exministra de Asuntos Exteriores, tras cuatro meses de investigaciones, comenzadas al apreciarse serios indicios de delitos de prevaricación y vulneración de las leyes de fronteras por parte del Gobierno, que permitió, protegió y, repito, escoltó policialmente a Ghali para que ingresara en el hospital de Logroño sin que los españoles supiéramos que se hallaba en España. La imputación de la señora González Laya, tras la petición cursada por los abogados que ejercen la acusación popular, ha venido precedida de las declaraciones al juez del antiguo jefe de gabinete de la ministra, Camilo Villarino, quien ha confesado que fue él quien dio las instrucciones al Estado Mayor del Aire para que entrase furtivamente Ghali en España.
Naturalmente, el jefe de gabinete de Exteriores seguía la orden de González Laya, quien a su vez, según recalcó y advirtió Villarino, no actuaba por iniciativa propia, sino por indicación de otros miembros del Ejecutivo.
¿Quiénes estaban detrás de la decisión? Hagan las conjeturas que les apetezca, pero lo decisivo ahora no son las interpretaciones, sino recoger los escuetos hechos para poder valorarlos con criterio político y moral. Y hay tres que son innegables: 1) se dio cobijo en España a un perseguido por la Justicia por causas terroristas; 2) la orden de protección salió del Ministerio de Asuntos Exteriores; y 3) la citada orden fue ejecutada por la cúpula del Ejército del Aire, más en concreto por el segundo jefe del Estado Mayor del Aire, el teniente general Francisco Javier Fernández Sánchez, quien ha manifestado ante el juez que nunca supo la identidad de Ghali.
En fin, un juez de instrucción, Rafael Lasala, y un ciudadano ejemplar, Antonio Urdiales, nos permiten pensar que la Justicia en España no es sólo poética. Es real.