Quiere la historia tener estas casualidades. El sábado 30 de agosto de 2003 coincidieron dos hechos que han marcado y marcan nuestra historia reciente. La presentación del nuevo modelo de Estado del PSOE de Zapatero en la declaración de Santillana, conocido como la España plural; y la nominación de Mariano Rajoy como candidato del PP a presidente del Gobierno.
Los dos asuntos siguen hoy con nosotros, el primero reconvertido en proceso independentista de Cataluña y el segundo como presidente del Gobierno de España desde el 21 de diciembre de 2011 y presidente del PP desde 2004.
Las elecciones de noviembre de 2003 alumbraron el primer Gobierno de Cataluña presidido por el PSC, con Pasqual Maragall al frente, con el apoyo de los independentistas de ERC y de ICV.
Este Ejecutivo gestó la exclusión del Partido Popular de cualquier diálogo o acuerdo en el Pacto del Tinell y marcó como principal objetivo la aprobación de un nuevo Estatut de Cataluña que colmara sus ansias plurinacionales. "Apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento catalán", dijo Zapatero en la campaña electoral en muestra de apoyo.
El PP quedó al margen de la negociación en Cataluña del nuevo Estatut. Un texto claramente anticonstitucional. Una vez suprimido por el PSOE en los 80 el recurso previo de inconstitucionalidad, el nuevo Estatut no tendría ninguna cortapisa hasta llegar al Congreso de los Diputados, y previa votación en referéndum por los ciudadanos de Cataluña.
Antes de que esto ocurriera, y una vez aprobado por el Parlament de Cataluña el 30 de septiembre de 2005, el PP inició una campaña para que el texto no saliera para adelante o para que se pudiese votar en toda España.
Los grupos parlamentarios y municipales del PP en Asambleas y Ayuntamientos de toda España presentaron proposiciones no de ley (PNL) y mociones en las que destacaban que la aprobación de esta propuesta suponía "en realidad" una reforma constitucional encubierta y un desafío al pacto constitucional de 1978.
El Grupo Parlamentario presentó en enero de 2006 la siguiente PNL pidiendo al presidente del Gobierno que convocara un referéndum con la siguiente pregunta:
¿Considera conveniente que España siga siendo una única Nación en la que todos sus ciudadanos sean iguales en derechos, obligaciones, así como en el acceso a las prestaciones públicas?
El secretario general del PP, Ángel Acebes, decía que Zapatero había hecho de la exclusión del PP y de la división entre españoles el eje de su proyecto político, por lo que recalcaba que era "necesario recuperar ese pilar fundamental de nuestro modelo de convivencia, que es el consenso entre quienes representan a la inmensa mayoría de los españoles". La secretaria ejecutiva de Política Autonómica y Local del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, resumía así lo que significaba el texto: "Es una reforma integral del modelo de Estado en España".
El presidente del PP, Mariano Rajoy, explicaba:
Si esta propuesta llegara a ser respaldada por las Cortes, equivaldría a una reforma de la Constitución. Una reforma constitucional encubierta e ilegítima ideada para soslayar todos los procedimientos que exige toda reforma constitucional franca y legítima. Las consecuencias políticas que para el conjunto de la sociedad española tendría este hecho serían gravísimas.
El PP comenzó una recogida de firmas para pedir la retirada del Estatut mientras el PSOE en Madrid comenzaba a cambiar de opinión y quería corregir el texto aprobado por el Parlament y votado en referéndum. La irresponsabilidad de Zapatero quedó patente.
Desde aquella fatídica elección del 2003, Cataluña ha celebrado cinco elecciones en doce años, cada 2,4. Medio referéndum y dos amenazas después, con Ada Colau en el Ayuntamiento y la CUP acampando en el patio de los naranjos de la Generalitat, nada ha mejorado.
Desde entonces, nada ha mejorado. El PSC ha seguido condicionando la vida interna de la única izquierda nacional con vocación mayoritaria existente hasta hace bien poco, el PSOE. ERC sigue a lo suyo. Todavía más a la izquierda ha surgido con representación parlamentaria decisiva la CUP. De la derecha nacionalista no queda ni el carné. Unió ha fallecido. Convergencia también.
El PP, después de la ola mariana de 2010 y 2012, ha bajado de 11 escaños a 9. Ciudadanos surgió y se catapultó hasta la segunda posición con 25 escaños, solo por detrás de Junts pel Sí (JxS) 62. Desde entonces nada se ha oído de ellos. ERC sigue siendo la clave. Los antisistema, al alza. Se ha celebrado un referéndum ilegal y el futuro no se aleja de la incertidumbre.