Hecha la ley, hecha la trampa

Pedro Sánchez es el campeón de los bulos. No sólo, sino que también es perito operario de la máquina del fango. Maestro embarrador del campo de juego, acusa a los demás, como hacía Goebbels, de los pecados que en su casa se cometen a calderadas. El mismo día que el Consejo de ministros aprueba un plan para combatir los bulos, publica El Confidencial la noticia de que el PSOE diseñó campañas de difamación contra los jueces Peinado y García-Castellón, un fiscal anti-corrupción y el periodista García Ferreras, que no es precisamente un camarada de la fachosfera.

Los bulos que pretende combatir Sánchez con sus futuras medidas no son las muchas noticias falsas que circulan por internet y que lo acusan de los más dispares delitos. Esos no le preocupan, aunque quizá debiera preguntarse por qué hay tantos españoles que creen esas noticias que, en otros presidentes, serían disparates sin recorrido alguno. Lo que quiere castigar Sánchez es la difusión de verdades, que serán o no delictivas, pero que son cuando menos incómodas, si no reprobables.

Para justificar semejante ofensiva contra cualquier investigación periodística que afecte a su presidente, el Gobierno y sus terminales mediáticas han difundido la idea de que pretenden dar transparencia a la financiación de medios de comunicación privados cacareando la obligación de publicar en qué medios pagan publicidad las administraciones públicas. Pretenden atarle las manos a las comunidades autónomas gobernadas por el PP, que se supone financian digitales que molestan al poder publicando las inoportunas verdades de la parentela de Pedro Sánchez. Como la norma es general, se supone que la medida limitará también la capacidad de financiación de la administración central. Sin embargo, es una patraña.

¿Para qué se inventaron las empresas públicas? Los políticos las utilizan no sólo para suscribir contratos sin control legal a favor de empresas y personas físicas amigas. Lo hizo, por ejemplo, Ábalos para darle un sueldo a su amiga íntima a cambio de sus insustituibles servicios. Las emplean también para contratar publicidad en los medios amigos. Y, si esto llegara a no poder hacerse, para eso están las grandes empresas españolas, que dependen en gran medida de los favores del Gobierno y pueden en principio contratar la publicidad que quieran en los medios que les parezca. Todas están deseando tener satisfecho al Gobierno dando contratos de publicidad a los medios afines. Por poner algún ejemplo, que no tienen por qué ser los más sobresalientes, qué no haría Álvarez-Pallete por agradecerle al Gobierno haberle salvado de los saudíes o la dirección del Banco de Sabadell por rescatarle de la OPA del BBVA. Todo está pensado para arbitrar un sistema en el que el Gobierno de Sánchez pueda seguir saltándose los controles que él mismo imponga mientras a las comunidades autónomas les sea mucho más difícil hacerlo. Por eso Prisa, que es la empresa que más dinero público recibe directa e indirectamente, está tan contenta, porque sabe que, hecha la ley, hecha la trampa.