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EDITORIAL

Las dos caras de la corrupción en Cataluña

La sentencia del procés señaló a la clase política del independentismo. Los avances en el caso Negreira hacen lo propio con el que ha sido y es su baluarte deportivo.

El informe definitivo sobre el Caso Negreira que la Guardia Civil ha presentado ante el juez subraya todos los indicios que surgieron desde que se destapó el mayor escándalo de la historia del fútbol español. No existe documentación que justifique el pago de los 7,6 millones de euros que, a lo largo de varias décadas, recibió el vicepresidente de los árbitros de manos del F.C. Barcelona, lo que refuerza la sospecha de un intento deliberado del club por alterar las competiciones nacionales sacando algún tipo de provecho arbitral.

Las demoledoras conclusiones de la Guardia Civil sobre el pago de 7,6 millones de euros del F.C. Barcelona a Negreira

Como también ha desvelado nuestro compañero, Miguel Ángel Pérez, dicho informe añade una novedad relevante: casi 3 millones de euros, también injustificados, han sido encontrados en las cuentas bancarias de Ana Paula Rufas, pareja de José María Enriquez Negreira. El dato es revelador si se tiene en cuenta que una de las mayores incógnitas del caso radica en el paradero final del dinero, hasta ahora imposible de localizar.

La investigación de la Guardia Civil no ha hecho más que confirmar el profundo estado de putrefacción del fútbol español, manchado irreversiblemente por la injerencia tóxica de una entidad que, a su manera, refleja de una forma bastante perfecta la mentalidad corrupta que también identifica al independentismo catalán. No hay que olvidar que los cuestionables éxitos deportivos del F.C. Barcelona fueron utilizados durante años como punta de lanza sentimental del nacionalismo. Pero es que, en el fondo, la presunta actividad delictiva del club responde al mismo mecanismo neuronal que puso en marcha los engranajes del procés: desde la ilusoria convicción de estar sufriendo un agravio inexistente hasta la justificación absurda de cualquier delito que pudiese ir encaminado a "corregirlo".

En ese sentido, no es una casualidad feliz el hecho de que el mismo juez que investiga el caso Negreira, Joaquín Aguirre, haya sido noticia por haber rechazado la recusación planteada por Josep Lluís Alay, director de Oficina del expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont, en la causa sobre las injerencia rusa en Cataluña. El motivo principal ha consistido en que "la recusación se basa exclusivamente en unos audios de origen desconocido, respecto de los cuales el medio que los publica no ha querido desvelar su fuente", algo que "permite suponer que la fuente es inconfesable, que su origen es turbio y, posiblemente, ilícito". El hecho de que dichos audios fueran publicados por Diario.red, parte de Canal Red, la televisión del que fuera líder de Podemos y vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias; y que, tras comprobar que se trataba de fragmentos de conversaciones sacadas de contexto y mantenidas en días diferentes, el juez Aguirre denunciase hace meses el pinchazo de su teléfono particular, abre la veda a todo tipo de sospechas.

El juez Aguirre denuncia el 'pinchazo' de su teléfono mientras investiga la trama rusa de Puigdemont y el caso Negreira

En cualquier caso, ni siquiera haría falta que llegasen a resolverse algún día para que sigan sin existir dudas de la catadura moral de algunos de los principales actores de la vida catalana en los últimos tiempos. La sentencia del procés señaló definitivamente a la clase política del independentismo —algo que ni siquiera la amnistía inconstitucional de Pedro Sánchez ha podido borrar del todo—; y los avances en el caso Negreira hacen lo propio con el que, hasta hoy, sigue siendo su baluarte deportivo. Ambas constituyen las dos caras de una misma moneda nacionalista, acuñada en el troquel de la corrupción.

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