Preparando el golpe de Estado

Gabriel Albiac ha recordado en varias ocasiones la cita de Gabriel Naudé (1600-1653), el gran bibliotecario y humanista del Barroco francés, para definir el golpe de Estado: "Rayo que golpea antes de que el trueno pueda ser escuchado entre las nubes". Esta semana del Puente de la Constitución se recordará por varias decisiones fulminantes. El golpe de 2017 reveló que el Estado era más fuerte de lo que los nacionalistas catalanes creían. Las protestas ciudadanas en Cataluña y en el resto de España y la firmeza de algunas instituciones —las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el poder judicial, el Tribunal Constitucional, el Rey— demostraron que España no había dicho aún su última palabra.

Desde la llegada al poder de Pedro Sánchez en 2018, el proceso de ruptura de la unidad nacional, que comenzó en 2004 con José Luis Rodríguez Zapatero, se ha acelerado. Dividida la sociedad, rotos los consensos y fracturada la convivencia, se trata ahora de tomar por asalto las instituciones que detuvieron el golpe de Estado de 2017 y de adaptar el marco jurídico de modo que permita la impunidad de los golpistas y la repetición de la intentona.

Distraída la opinión pública por el mundial, los festivos y la estrategia de tapar unos escándalos con otros —recordemos el de los violadores cuyas penas se han rebajado por la Ley Montero— Pedro Sánchez ha hecho un movimiento audaz y peligroso: reformar el Código Penal, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y la del Poder Judicial para hacerse con el máximo intérprete de la Constitución. Resulta ser una apuesta arriesgada y que suscita muchas dudas de legalidad.

En primer lugar, se trata de una evidente operación para que el gobierno pueda designar a sus dos candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional (TC), que han tenido responsabilidades políticas con gobiernos socialistas, sin esperar a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) designe a los suyos. Según se ha publicado, el gobierno pretende precisar por ley que el Gobierno y el Consejo pueden nombrar a sus candidatos de forma autónoma. Esto es dudoso desde el punto de vista jurídico porque sería una ley interpretativa de la Constitución, algo que la jurisprudencia del TC ha declarado inconstitucional.

Por otro lado, pretenden reducir la mayoría necesaria para que el CGPJ designe a los dos magistrados del TC que le corresponden. En lugar de la mayoría de tres quintos necesaria ahora, una mayoría reforzada, se pasaría a un sistema de mayoría simple. Esto ya se consideró y el Gobierno lo descartó por los reparos que puso la Comisión Europea. Ya en 2020, el presidente del Grupo de Estados contra la Corrupción, que depende del Consejo de Europa, expresó su preocupación por un proyecto que pretendía rebajar la mayoría para la renovación del CGPJ de reforzada de tres quintos a mayoría absoluta.

Además, también hay reparos a la forma en que se quieren hacer las modificaciones de las leyes orgánicas del TC y del Poder Judicial. El propio tribunal ha considerado inconstitucional la introducción de enmiendas que se alejen del contenido del texto principal. En este caso, sería forzado incluir una modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en una reforma del Código Penal.

Sin embargo, no sólo se trata de que prevalezca en el TC una mayoría ideológicamente afín al gobierno, sino también de que un candidato cercano llegue a la presidencia del tribunal. El objetivo, pues, es dominar uno de los pocos órganos que aún no controlan y que resultó crucial frente al golpe de Estado de 2017.

En paralelo, pero de forma coordinada, se reformaría de nuevo el Código Penal para derogar el delito de sedición, sustituido por unos "desórdenes públicos agravados", y el de malversación, lo que permitiría no sólo la repetición del golpe de 2017, sino el regreso de Oriol Junqueras como candidato a las elecciones en Cataluña y una rebaja muy sensible de las responsabilidades que tendría que afrontar Puigdemont. En efecto, la reforma de la malversación reduciría las penas a la mitad en los casos en que no haya habido enriquecimiento personal o de terceros. El objetivo declarado de ERC, que ha presentado la enmienda para reformar la malversación, es beneficiar a los condenados por el golpe. Como efecto colateral pero deseable para el PSOE, otros condenados por malversación podrían resultar beneficiados por la reforma; por ejemplo, los condenados por los ERE de Andalucía, entre los que está José Antonio Griñán.

El gobierno, pues, está allanando el terreno a los candidatos nacionalistas en Cataluña al tiempo que resuelve algunos problemas propios del PSOE. A cambio, los nacionalistas catalanes y vascos —a cuyas exigencias también ha cedido Pedro Sánchez— le garantizan el apoyo como han hecho con los presupuestos generales del Estado de 2023. El debilitamiento institucional del Estado es el precio que Sánchez paga por seguir en el poder. Cuando los nacionalistas "lo vuelvan a hacer", el Estado será más endeble por voluntad del gobierno. Los indultos a los golpistas, que por cierto firmó el ministro Campo, uno de los candidatos del PSOE al Constitucional, no fueron una excepción, sino que sentaron una regla: el gobierno renuncia a defender la unidad de España.

En efecto, si volvemos la vista atrás, el cese del coronel Pérez de los Cobos "por pérdida de confianza" sirvió como aviso a navegantes en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La toma del Constitucional lo politizará con un sesgo sanchista evidente. El asedio al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyos miembros podrían exponerse a responsabilidades penales si los planes del gobierno salen adelante, dará a La Moncloa un poder formidable sobre nombramientos y gobierno de los jueces. De la Fiscalía, mejor ni hablar. Ya recordó Pedro Sánchez de quién dependía. La Abogacía del Estado está directamente a sus órdenes. Poco a poco, la separación de poderes se resquebraja mientras un gobierno rehén de los nacionalistas cede a todas sus exigencias.

A falta de derecho, a Pedro Sánchez siempre le queda el relato. Presenta la debilidad como conciliación, la flaqueza como diálogo y la renuncia a defender la unidad nacional con los instrumentos que le brindan la Constitución y las leyes como "desjudicialización". Sánchez necesita el apoyo de los nacionalistas para afrontar las elecciones locales, autonómicas y generales de 2023. Estas últimas están previstas para diciembre y coincidirán con la presidencia española del Consejo de la Unión Europea entre el 1 de julio y el 31 de diciembre. Los nacionalistas vascos y catalanes están apoyando a Pedro Sánchez a cambio de la rendición del Estado y su flaqueza ante una futura repetición del golpe de 2017. El movimiento de esta semana forma parte de ese empeño.