Los fondos europeos y el escándalo de los Presupuestos catalanes

Dos días después de hacerse público que la Comunidad de Madrid recurrirá ante el Tribunal Constitucional el reparto a dedo de los fondos europeos por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, el consejero de Economía de la Generalidad catalana, Jaume Giró, ha presentado un proyecto de presupuestos autonómicos para 2022 que eleva el gasto público en Cataluña hasta un valor récord de 38.139 millones de euros, 5.618 millones más que en las cuentas de 2020. Este disparatado aumento del gasto, de más del 17%, no va a ir acompañado, sin embargo, de ningún aumento de la presión fiscal, sino que va a ser posible, según ha confesado el propio Giró, gracias a los tributos propios y a los más de 2.100 millones procedentes de los fondos europeos conocidos como Next Generation.

No será este diario el que niegue el infierno fiscal al que ya somete a los catalanes la Administración regional catalana sin necesidad de llevar a cabo una nueva subida en los tributos propios. Lo que no es de recibo es que este histórico incremento del ya de por sí disparatado gasto público en Cataluña se financie gracias al incremento de la deuda –en el que el avalista siempre termina siendo el Reino de España– y de un reparto arbitrario y discriminatorio de los fondos europeos, en el que Cataluña sale como gran beneficiada a costa de otras regiones, especialmente Madrid.

Con más de 70.000 millones de euros, la Generalidad es una de las Administraciones regionales más endeudadas de España, con una deuda por habitante que duplica a la de Madrid. Además, Cataluña ya fue la más beneficiada –y Madrid la más perjudicada– en el reparto de los 10.000 millones de euros del Fondo React-EU para la adquisición de vacunas, sin olvidar tampoco que, en los nuevos Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno prevé invertir en Cataluña el doble que en Madrid.

Así las cosas, resulta delirante que la gran acusada de practicar "dumping fiscal" en España sea Madrid. Y no lo decimos tan sólo por la, ciertamente, incomparable desfachatez de Íñigo Urkullu al sumarse a esa acusación, a pesar de no estar el País Vasco sujeto al régimen común, sino al privilegiado régimen foral; sino también por Cataluña cuyos numerosísimos y elevadísimos tributos propios no cubren, sin embargo, el delirante gasto público de una Administración regional controlada por sediciosos que, además de gratificar económicamente a humoristas que denigran a la Reina y a la Princesa de Asturias, sigue embarcada en un oneroso –además de ilegal– proceso de construcción nacional cuya financiación no sería posible sin la ayuda financiera del Estado español y, ahora, de los fondos europeos. Y es que estos fondos vienen en realidad a cubrir los agujeros que dejan los fondos propios desviados al procés en partidas como sanidad o educación.

Finalmente, cabe señalar que, si bien el Gobierno central es el que tiene competencias para repartir los fondos europeos, estos deben repartirse según los criterios que fija Europa, no según los intereses y la arbitrariedad de un Ejecutivo en manos de unos secesionistas que juegan a la independencia con el dinero de los demás.