Las autoridades no dicen toda la verdad

Puede que sea un rasgo de la naturaleza humana: no decir toda la verdad, ocultar la parte (variable) más acorde con los intereses del sujeto. Dentro de un sistema democrático, cuando las autoridades (siempre son varias) dejan de informar sobre algo sustantivo, que interesa a algunos contribuyentes, les están engañando. No suele haber conciencia de tal embaucamiento, pues todo lo tapa la propaganda. Se supone que los nazis habían llegado al cenit en ese arte de la manipulación de las noticias en favor de los que mandan. Sin embargo, tales hazañas se quedan cortas ante la finura de la propaganda con los medios actuales, dentro de esquemas, perfectamente, democráticos. El caso de España es digno de mención.

En España, son innumerables los ejemplos de falta de información desde el poder, de deformación intencionada de la realidad. Aduzco como recordatorio algunos de esos engaños, de naturaleza estadística, por ser los más elementales.

Después de un año de pandemia del virus chino (y, ahora, de otras procedencias), el Gobierno de España sigue sin reconocer decenas de miles de fallecidos, causados por la pandemia de forma indirecta. Todas las víctimas mortales por esa causa han supuesto una enorme escotadura en la pirámide de la población española, especialmente, en los escalones de más edad. Es el equivalente de una guerra o de una operación de distanasia colectiva.

En el estadio actual de la pandemia, el gran fallo es que el Gobierno mantiene el monopolio de la adquisición de vacunas. Como suele suceder con los monopolios, el mercado sufre. Es evidente la incapacidad de las autoridades para hacerse con el número necesario de dosis. No se explica por qué el Gobierno no ha decidido aprovisionarse de otras vacunas, como la rusa o la china. No todos tenemos medios para trasladarnos a Abu Dabi y ponernos el chute inmunizador.

El gran fallo logístico no ha sido, solo, la inadecuada provisión de dosis de vacunas. El Gobierno se ha guardado una preciosa información: cuánto está costando la lucha contra la pandemia en España. No existe ninguna información de cómo se va a incorporar ese coste extraordinario a los Presupuestos públicos.

Hablando de dineros, no disponemos de ninguna indicación detallada de cuánto cuesta la propaganda del Gobierno central y de los (mal llamados) autonómicos. Se supone que serán cifras escalofriantes. Seguimos con el escándalo (heredado del franquismo) de que la radio y la televisión públicas se consideran instrumentos de propaganda al servicio de los partidos gobernantes.

Descendamos a los detalles. No existe ninguna estadística del parque total de coches oficiales, los de todos los entes públicos. Habría que precisar el coste de su renovación y su mantenimiento. Con tales datos, no sería descabellado proponer que el actual parque móvil público se redujera, digamos, en un 50%. Pero, antes, habría que saber a cuánto asciende el monto de un gasto tan desproporcionado. Se debe agregar el dispendio en vehículos alquilados por parte de la Administración Pública.

Puestos a organizar el gasto público, no estaría de más que el Gobierno nos informara de cuánto va a costar el mantenimiento del ejército de personas activas sin trabajo. Ni siquiera se dice a cuánto asciende su número real, en medio de una pavorosa crisis económica. Solo intuimos que es el más alto de la historia.

Más por curiosidad que por otra cosa. Todas las semanas se nos asegura que se crean nuevos millonarios con los premios de las loterías y, quizá, de las apuestas. Es extraño que los medios de comunicación nunca se hagan eco de los nombres y circunstancias de tales afortunados. En este caso, la obligación de informar no recae sobre el Gobierno, pero la ausencia de ese dato resulta enigmática. El Gobierno, patrocinador de tantos juegos de azar (de los que obtiene suculentos ingresos), bien podría forzar a una información más transparente de los resultados de los premios.

Dada la penuria general, sobrevenida por mor de la crisis económica, ¿cómo es que el Gobierno no corta, de un tajo contundente, el incesante flujo de la inmigración irregular? No creo que sea por razones humanitarias.

Como se puede ver, por tantas demandas sociales insatisfechas, es notorio el déficit de información pública que reciben los españoles. Y eso que la lista aducida se queda corta. Hay muchas formas de engañar a la población por parte de los que mandan. La más elemental es ocultar los datos pertinentes, que tantas veces se traducen en dinero. Seguimos esperando que la verdad nos haga, verdaderamente, libres. Puestos a la referencia bíblica, habrá que recordar un hecho estremecedor: los profetas del Antiguo Testamento fueron perseguidos por decir la verdad.