Triple asalto social-comunista al Poder Judicial

Iván Espinosa de los Monteros y Macarena Olona no han podido ser más oportunos al presentar este miércoles dos iniciativas en el Congreso para “blindar la Justicia en España”. El objetivo es desactivar la peligrosísima reforma con la que el Gobierno social-comunista pretende que la Fiscalía –órgano que depende jerárquicamente de una fiscal general del Estado nombrada a dedo por el presidente del propio Gobierno– pase a hacerse cargo de la instrucción de las causas penales y despolitizar el CGPJ frente a la aún más inadmisible pretensión del Ejecutivo de que sus miembros sean elegidos, no por una vasta mayoría de 3/5 del Parlamento, como hasta ahora, sino por mera mayoría absoluta.

El acierto de Vox al llamar la atención de la opinión pública ante este asalto al Poder Judicial se ha visto refrendado, apenas unas horas después de que el partido de Abascal inscribiera sus iniciativas, por la nueva pretensión del Gobierno de anular las competencias del CGPJ –entre las que se cuenta el nombramiento de jueces– mientras se mantenga en funciones.

Sin duda, que el órgano de gobierno de los jueces lleve con su mandato caducado más de dos años resulta lamentable. Pero el máximo responsable es el PSOE, tanto por su negativa a que los vocales del mismo pasen a ser elegidos por los propios miembros de la carrera judicial como por su empecinamiento en que el PP acepte un acuerdo de nombramientos que incluya a vocales designados por la extrema izquierda podemarra. Así las cosas, tan inconstitucional resulta la pretensión del Gobierno de renovar el CGPJ reduciendo la mayoría parlamentaria necesaria de 3/5 a la mitad más uno de los diputados y senadores –inconstitucionalidad que han denunciado asociaciones de jueces y fiscales y la Union Europea– como la de vaciar de competencias al Consejo mientras permanezca en funciones. Y es que, de promulgarse una ley así, al Gobierno de turno le bastaría con negarse a llegar a un acuerdo que aglutinase a las tres quintas partes del Parlamento para asumir directamente las funciones que competen al CGPJ. Eso, o mantener en funciones a los jueces que han de ser relevados por el CGPJ con la excusa de que los vocales de este están en funciones. Se mire como se mire, un auténtico disparate.

Así las cosas, resulta deprimente que Vox parezca ser la única formación constitucionalista en percatarse de que el asalto al Poder Judicial forma parte prioritaria y decisiva del proyecto social-comunista de dinamitar el orden constitucional para transitar a un régimen tiránico como el que impera en Venezuela. En este sentido, no puede ser más decepcionante la reacción del PP de Casado –supuesto líder de la oposición– de tratar esta tercera vía de asalto al Poder Judicial como una simple maniobra de distracción o un mero “globo sonda para que no se hable del paro”.

Evidentemente, no será Libertad Digital quien maquille los datos –ciertamente desastrosos– de la situación económica. Pero esto no es sólo incompetencia. Nos enfrentamos a un Gobierno con pulsiones totalitarias que persigue un proyecto ideológico que pretende pulverizar el orden constitucional y la democracia liberal, denostada por los comunistas como engañifa burguesa. Y frente a un Gobierno de esta naturaleza es exigible una oposición mucho más combativa.