¿Fiscal instructor? Nuevo asalto a la Justicia

Mucho se ha criticado –y con razón– la pretensión –clamorosamente inconstitucional– del Gobierno social-comunista de politizar aún más la Justicia haciendo que los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sean elegidos no por 3/5 sino por sólo la mitad más uno del Parlamento. Pues igual de grave es la Ley de Enjuiciamiento Criminal que prepara el Ministerio de Justicia, que, con la excusa de ganar agilidad procesal y de una presunta equiparación con los países de nuestro entorno, pretende erradicar la figura del juez instructor y otorgar la dirección de la instrucción a la Fiscalía. 

No es la primera vez que el Poder Ejecutivo muestra su intención de modificar la configuración del Ministerio Fiscal (v. Rafael Catalá en 2016, Francisco Caamaño en 2011). Y, en efecto, en buena parte de Europa se cuenta con la figura del fiscal instructor. Pero no todos esos países disponen de un Ministerio Fiscal con la ominosa dependencia jerárquica que tienen los fiscales en España de un fiscal general del Estado que nombra directamente el presidente del Gobierno. Aun así, organismos independientes como el Consejo de Europa o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea han criticado las pocas garantías de independencia de las fiscalías en algunos de esos países frente al poder político.

Por otro lado, conviene recordar que el Tribunal Constitucional ha avalado la investigación de los delitos por parte de los jueces de instrucción como garantía de imparcialidad, siempre que se garantice la necesaria separación orgánica entre los jueces instructores y los sentenciadores. La naturaleza jerárquica del Ministerio Fiscal y su dependencia en última instancia del Poder Ejecutivo convierten en un chiste de mal gusto la supuesta independencia de esta institución en España. Sirva como escandalosa muestra el nombramiento de Dolores Delgado, exministra de Justicia de Pedro Sánchez, como fiscal general del Estado por parte de ese mismo Pedro Sánchez que un buen día incluso tuvo el cuajo de preguntar a un periodista en plena entrevista: "La Fiscalía, ¿de quién depende?".

Para colmo, con esta nueva ley se quiere impedir a los partidos políticos ejercer la acusación popular, algo que, dada su condición de representantes de los ciudadanos, constituye, si no una vulneración, cuanto menos una lectura muy restrictiva de dicho derecho, amparado por el artículo 125 de la Constitución. Y es que, ¿qué ciudadano se va a personar a título particular, y soportando él los gastos, como acusación popular en un caso que afecte al Gobierno?

Hablar de las ventajas de que la instrucción e investigación de las causas queden en manos de unos fiscales que no pueden evitar las injerencias de sus superiores, que no son inamovibles y que dependen de un fiscal general que, lejos de ser nombrado por los propios miembros de la propia carrera judicial, es designado directamente por el presidente del Gobierno es tanto como hablar de la protección que puede procurar una casa sin paredes ni techo.

Esa tentación de controlarlo todo la tienen gobernantes de muy distinto signo, pero en el caso del Gobierno social-comunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se trata de una pulsión totalitaria avalada por su propia ideología. Y eso, lejos de aproximarnos a los países de nuestro entorno, nos acerca a la abominable República Bolivariana de Venezuela.