Ahora, el Consejo

La idea de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que ya no sea necesario el voto de tres quintos de las cámaras para elegir a los doce jueces vocales del Consejo General del Poder Judicial se parece mucho a un golpe de Estado. La Constitución sólo exige esa mayoría cualificada para elegir a los ocho juristas de reconocido prestigio porque parte de la idea de que los doce restantes serían elegidos por los jueces entre ellos mismos. Y así lo recogió la ley de 1980. Es verdad que en la última redacción del artículo 122 de la Constitución se olvidó emplear la preposición por y eso permitió al Tribunal Constitucional dar por buena la reforma de 1985 del PSOE, que atribuyó la elección de esos doce vocales también a las mismas cámaras con las mismas mayorías. Esto ya fue un golpe del Legislativo contra el Judicial que, sin embargo, no ha impedido una reacción relativamente gallarda contra el intento de golpe de Estado en Cataluña. Este atrevimiento irritó al PSOE y a Podemos.

El actual sistema ha demostrado no ser suficientemente sumiso si se consideran los propósitos del actual Gobierno. Así lo ha terminado de revelar la negativa a colaborar con la estrategia de bloqueo de Sánchez de siete de los nueve vocales progresistas actuales. En efecto, Sánchez pretendía paralizar la institución para forzar al PP a aceptar la renovación. En cambio, esos siete se han negado y han participado, en contra de las órdenes recibidas, en los últimos nombramientos para el Tribunal Supremo.

El Gobierno necesita dominar el Poder Judicial y para eso ya no basta colocar vocales progresistas que sean aceptables para el PP. Aun si los populares dieran su visto bueno, podrían, a pesar de su progresismo, no ser suficientemente obedientes. PSOE y Podemos necesitan, aparte de los vocales comunistas y separatistas que designen y que el PP se niega a avalar, otros que sean de sectarismo garantizado para poder cometer en el futuro las tropelías que se proponen. Da una idea de la clase de candidatos en los que están pensando la persona en su día elegida para ocupar la Fiscalía General del Estado, que no es Delgado, sino Garzón. Por eso, la supresión de la mayoría de tres quintos y su sustitución por una mayoría simple la quiere el Gobierno no sólo para renovar el Consejo, sino para poder nombrar a impresentables que el PP jamás consideraría aceptables. Se está intentando, pues, una especie de mini golpe de Estado para poder perpetrar impunemente otros. Y prácticamente lo reconocen a las claras.