Educación: la peor mentira del Gobierno de las mentiras

Entre los mantras propagandísticos que exhibe este Gobierno cuando hace gala de su "progresismo", su preocupación por la educación es uno de los recurrentes: ellos sí que cuidan la educación y por los niños y no los gobiernos de la derecha que los abandonan a su suerte y sólo cuidan la privada de los ricos., nos dicen mientras, paradójicamente, llevan a sus propios hijos a centros privados.

La realidad, como siempre, es exactamente la contraria: el único interés por la educación que tiene el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias es, como en todo lo demás, usarla como un arma arrojadiza en la batalla política del día a día.

La mejor demostración de esto es cómo están tratando el Ejecutivo y sus terminales el inicio del que quizá sea el curso más complicado de nuestro sistema educativo desde, al menos, la Guerra Civil.

Para empezar, la más que incompetente ministra Celaá no ha sido capaz de tener un plan común para todas las autonomías más de 150 días después de las clases se interrumpieran abruptamente con el estado de alarma. Ni durante el propio estado de alarma, por supuesto, ni en los dos meses desde finales de junio hasta ahora Celaá ha tenido tiempo de reunirse con sus homólogos autonómicos y trazar las líneas maestras de una política que ahora más que nunca tiene que ser de Estado, aunque las competencias de gestión -ojo, sólo las de gestión- estén traspasadas a las comunidades y aunque en cada región, según sus circunstancias y su situación epidémica, ese plan se hubiese podido y debido adaptar.

En el colmo del desprecio Celaá convoca una reunión a una semana de que empiecen las clases y Pedro Sánchez pospone a septiembre, ya con el curso en marcha, su propio encuentro para tratar el tema con los presidentes de las 17 autonomías. No se puede hacer más evidente el desinterés, la falta de responsabilidad y el intento, en esto como en todo lo demás, de hacer dejación de una política que, como decimos, es siempre y debía ser ahora más que nunca de Estado.

Pero si esto no es bastante el Gobierno no se conforma con no hacer, sino que trata de impedir que los demás hagan: cuando la opinión pública, el sector educativo y las familias se encontraban ya en un comprensible estado de ansiedad ante la falta de información Celaá e Illa trataron de frenar la presentación del plan de la Comunidad de Madrid. Es un escándalo mayúsculo, una vergüenza y una irresponsabilidad descomunal que les deja en evidencia cómo lo que son: agentes políticos de saldo de su partido y no ministros del Gobierno de España.

La culminación a todo esto no hay que buscarla en el Gobierno o en el PSOE, pero está terriblemente cerca: en sus terminales sindicales que ya han convocado una huelga para boicotear el inicio del curso sólo en Madrid y sólo en Madrid. Como bien ha explicado en esRadio el presidente del sindicato ANPE, el mayoritario en la educación, es evidente que "una huelga no es la solución" y que "lo único que contribuiría es a agravar el problema". Es precisamente lo que pretenden tanto este gobierno felón como esos sindicalistas que deberían tener prohibida su entrada a un centro educativo: hacer más grande el problema político a costa de la educación de niños y jóvenes.

Pero es que por mucho que se les llene la boca con consignas a este Gobierno la educación de nuestros hijos y nietos le da exactamente lo mismo, como todo aquello que no sea su propia supervivencia política, a la que está dispuestos a sacrificar no sólo el presente, sino también el futuro del país.