Gracias a Holanda

Por una vez, y gracias a Holanda, la Unión Europea le está cumpliendo a España en su papel de guardián supranacional ante las clases políticas nacionales y sus malos instintos.

Es una noticia excepcional, porque, al menos en los últimos años, España tiene muy poco que agradecerle a la Unión en este capítulo. Lo digo pensando, por ejemplo, en el Delcygate, ante el que la Comisión Europea mantuvo un ominoso silencio pese a que entre los grandes damnificados del affaire se encontraban las sanciones que la propia UE impuso en junio de 2018 a la potentada chavista. ¿Se imaginan el tsunami y el aluvión de amenazas y comunicados de Bruselas si el húngaro Orban se hubiera reunido de noche y en suelo húngaro con un oligarca de Putin sancionado por la UE?

Otro ejemplo de la dejación de funciones bruselense en lo relativo al cumplimiento de los principios democráticos fundamentales en España lo da su falta de reacción ante la erosión continuada de la presunción de inocencia que practica el Gobierno contra sus ciudadanos varones.

Además de violar el principio de igualdad con la ley que prevé penas distintas en función del sexo del acusado para idénticos hechos delictivos, el Gobierno vulnera la presunción de inocencia cada vez que sus ministros dictan condenas exprés contra los viudos que han perdido a sus mujeres en una muerte violenta.

Otro principio consagrado en los tratados de la UE es el de separación de poderes, que no puede ser una realidad en un país donde no se respete la independencia judicial.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha atentado contra la separación de poderes en repetidas ocasiones. Por ejemplo, en el juicio de La Manada, en que el Gobierno y sus grupos de presión subvencionados se lanzaron en tromba a tratar de intimidar a los jueces, forzando un veredicto favorable a su interpretación ideologizada del caso.

Tampoco podemos olvidarnos aquí de la interferencia gubernamental en la Abogacía del Estado en el juicio del procés, atropello que denunció con rectitud y valentía Edmundo Bal y ha normalizado su obediente sustituta.

La Comisión y el Parlamento Europeo han denunciado hasta aburrir y hacerse sospechosos de exceso de celo los supuestos intentos de los Gobiernos de Polonia, Hungría y Rumanía de controlar sus sistemas de justicia. Y han callado sin excepción ante las cada vez menos veladas presiones del poder en nuestro país a los magistrados que no confirmen con sus sentencias la interpretación de la realidad que impone el oficialismo de izquierda.

La discriminación por razón de "sexo, raza, color, origen étnico o social" es otro de los motivos por los que las instituciones de la Unión se reservan el derecho de actuar contra los Estados miembros. La Comisión y el Parlamento Europeo se han pronunciado a menudo contra el odio anti-LGTB que los Gobiernos de Polonia y Hungría propagarían desde el poder y los aledaños que controlan. Pero no han alzado ni una sola vez la voz contra una coalición de gobierno en España que incita en sede parlamentaria al odio de clase contra una diputada por razón de su origen social y trabaja incansablemente para convertir a los empresarios en el chivo expiatorio de la crisis del covid.

Este largo historial de abandonos debería hacernos apreciar con la calidez que merece la actitud del primer ministro holandés, Mark Rutte, en la negociación sobre el fondo de rescate europeo.

Con el chantaje emocional al que debe buena parte de su éxito el socialismo como único argumento, Sánchez exige en la UE una lluvia de millones sin condiciones, con la que volver a comprar unas elecciones a base de viernes sociales. Por suerte, en su camino a un chavismo regado con el petróleo de los fondos europeos se ha cruzado el primer ministro holandés. Rutte no está dispuesto a que sus compatriotas sigan ahorrando para que el jeque de Podemos mantenga a su harén mientras juega a la revolución con el dinero de otros y Sánchez compra voluntades para seguir viajando en Falcon.

Aunque ya ha empezado la campaña xenófoba para culpar a la mezquindad holandesa de la crisis –ahora agravada por el covid– a la que siempre lleva a España el socialismo, los españoles haríamos bien en agradecerle a Rutte que ponga a raya a nuestro Gobierno.

Porque solo si su veto se impone y el dinero llega con la obligación de reformas evitaremos una depresión económica irreversible para generaciones. Y porque solo con el cheque en blanco de Bruselas que parece que evitará Rutte podrían Sánchez e Iglesias consolidar su Estado asistencialista en ciernes y el proyecto de cambio de régimen que lleva asociado.

No deja de ser revelador sobre la (in)utilidad de las instituciones bruselenses el hecho de que la reforma estructural que más le urge acometer a España pueda acabar imponiéndonosla el Gobierno de un país pequeño actuando en favor de los intereses de su pueblo y no el ejército de burócratas expertos creado para gobernar la Unión.