Los muertos que sobran

Según el Instituto Nacional de Estadística, entre el principio del año y los primeros días de junio hubo 47.123 personas fallecidas de que lo que venía siendo contabilizado en esos meses en años anteriores. Las cifras oficiales de fallecidos por covid-19 en ese tiempo fueron 27.892. Hay por tanto 19.231 personas fallecidas sin que haya ninguna explicación para su muerte.

Desde el mes de enero, cuando empezaron a llegar las imágenes de la enfermedad en China, supimos de su gravedad y de la velocidad con que se transmitía. Allí donde llegaba, los infectados aumentaban en torno a un 30% al día. Cada tres días se multiplicaba por dos el número de pacientes, ritmo de propagación que nos aseguraba que en pocas semanas la enfermedad llegaría a nuestro país. Como en China, y luego como en Italia, a nuestras calles, a los centros de trabajo, a las casas.

Hubo mucha gente que entendió lo que estaba ocurriendo. De ahí vino lo que entonces se llamó paranoia, que llevó a la desaparición de mascarillas en las farmacias y al acopio de desinfectantes. (El de alimentos llegaría después). Muchos otros, sin embargo, aun sabiendo y comprendiendo con toda claridad el peligro, no entendimos que aquello era una amenaza cierta, incluso habiendo tomado las precauciones que entonces se recomendaban. Hoy la actitud resulta inconcebible. Es necesario entenderla, sin embargo, para comprender lo ocurrido aquellos días de febrero hasta el fin de semana del 8 de marzo, cuando se desencadenó lo que algunos no habíamos querido ver.

Fue una barrera levantada entre la percepción de la realidad y su racionalización y la toma en consideración de sus consecuencias. Resulta aún más asombrosa porque vivimos en una sociedad que nos debería llevar a ser conscientes de nuestra fragilidad. Estamos acostumbrados a la precariedad en el trabajo y en las relaciones humanas. La crisis económica de 2008 acabó con las pocas seguridades que quedaban. También el terrorismo nacionalista, con el de la yihad islámica, nos debería haber hecho comprender nuestra fragilidad. No ha sido así, sin embargo, y muchos fuimos incapaces de entender que estábamos ante una amenaza estratégica, que ponía en riesgo nuestra vida y tal vez la existencia misma de la sociedad en la que vivimos. Hasta ahí ha llegado la sensación de invulnerabilidad que nuestra sociedad ha cultivado en los últimos cuarenta años. Hemos llegado a estar blindados no ante el peligro, sino ante la percepción del peligro.

Nada de todo esto se aplica a los Gobiernos. Sabemos que desde por lo menos el mes de febrero el de nuestro país tenía conocimiento de la naturaleza de la enfermedad y de sus riesgos. Los gobernantes, además, tienen una responsabilidad específica: velar por la seguridad de sus ciudadanos. No es aceptable la justificación según la cual nadie vio el peligro ni la de que por entonces el Gobierno carecía de un cuadro completo de los hechos. Lo primero es una falta de honradez intelectual, por no hablar de los muchos Gobiernos que sí comprendieron a qué se enfrentaban. Lo segundo, una falsedad. Claro que no se sabía entonces lo que se sabe ahora, pero un Gobierno tiene la obligación de actuar según la información de que dispone en un momento dado, no en función de la que dispondrá el historiador cincuenta años después o los científicos en unas semanas. Por otra parte, esa información era suficientemente grave como para impulsar a la acción.

A veces (en boca del ministro de Sanidad) se ha escuchado el argumento de que en los primeros momentos nadie habría prestado fe a lo que el Gobierno podía haber planteado acerca del covid-19. Cabía intentarlo, en cualquier caso. Y si eso es cierto, además, el Gobierno debería preguntarse a qué se debe esa falta de confianza, si él mismo no habrá contribuido a crearla y si es correcto seguir actuando de esa forma, como si la política fuera un ejercicio de confrontación permanente, en vez de intentar restaurarla. Hemos pagado el precio más alto por el empeño en anteponer las pasiones políticas, o partidistas, a cualquier otra consideración. La tragedia debería llevar a considerar qué es y para qué sirve la política en nuestro país.

Puestos a imaginar lo que a muchos nos impidió entender el covid-19 como una amenaza, también deberíamos preguntarnos si acaso nuestro Gobierno, en vez de servir de alerta ante un peligro, preparar la respuesta y remover la conciencia de los ciudadanos, no busca lo contrario: sofocar esta, acallar la percepción del riesgo y anular así la capacidad de responder antes de que sea tarde. Los fallecidos nos indicarían el éxito alcanzado por este proyecto.

Muchas cosas encuentran arreglo después, a costa de daños considerables y algunas veces, como esta, irreparables. Los 27.892 fallecidos, que podrían haber sido muchos miles menos, pesarán siempre sobre la conciencia de la sociedad española. Y los 19.231 que sobran, los condenados a una muerte sin explicación alguna, porque el Gobierno no quiere asignarles ninguna causa específica, muertos porque sí, serán, hasta que alguien se decida a aclarar lo ocurrido, una herida abierta que irá corrompiendo nuestra vida en común. Muchos de ellos, como bastantes de los que están integrados en la contabilidad oficial, estaban entre los más vulnerables, los más débiles de todos nosotros, aquellos que no tenían medios para defenderse por su cuenta.