Alto a la Guardia Civil

Al coronel Diego Pérez de los Cobos, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, debería caérsele la cara de vergüenza por haber firmado el 13 de marzo, justo antes de que el Gobierno declarase el estado de alarma, una orden a sus hombres sobre la "protección domicilio y autoridades" (sic). Así de mal se redactan este tipo de documentos, empezando por el título y extendiéndose por su redactado. Éste contiene una instrucción relativa a las banderas y pancartas en la que se manda a los agentes "evitar daños a la finca, incluido pintadas (sic), o la colocación de cualquier otro elemento en el vallado/muro exterior, calles circundantes o aledañas (pancartas, cartelería, banderas o cualquier otro elemento físico que contenga simbología, reivindicaciones, reclamaciones, etc)". Etcétera, como si todo lo evitable –incluida la bandera de España– fuera evidente para quienes tienen que ajustarse a este precepto a las puertas de la residencia del vicepresidente segundo del Gobierno y de su ministra de Igualdad.

Etcétera, como si este militar antes respetado y hoy denigrado por sí mismo estuviera señalando, con los versos de Federico García Lorca, el fundamento de su autoridad:

Yo soy el teniente coronel de la Guardia Civil.
Sí.
Y no hay quien me desmienta.
No.
Tengo tres estrellas y veinte cruces.
Sí.
Me ha saludado el cardenal arzobispo con sus veinticuatro borlas moradas.
Sí.
Yo soy el teniente. Yo soy el teniente. Yo soy el teniente coronel de la Guardia Civil.

Etcétera, como si esta palabra encerrara toda una filosofía de deleznable sumisión a los caprichos de quienes transitoriamente ostentan el poder. Tal vez al coronel Pérez de los Cobos hubiera que recordarle que su juramento y su honor militar no es otro que el de la lealtad al Rey y la unción a la bandera de España.

Etcétera, porque la instrucción sigue y se adentra en meandros de manifiesta irregularidad, por no decir ilegalidad, cuando se ordena a los guardias que eviten concentraciones de gente "en el tramo de calles que circundan el vallado/muro exterior del domicilio, situándolas fuera de ese espacio", en alusión a las vías urbanas de Galapagar próximas a la residencia de los dos miembros del Gobierno aludidos. Como si la gente, o sea, los ciudadanos españoles de esa localidad o de cualquier otro punto de España no tuvieran el derecho a manifestarse sin portar armas donde les diera la real gana y expresar sus opiniones políticas, incluyendo las que atañen al vicepresidente del Gobierno y a la madre de sus hijos.

No pondré en duda la protección de los dos ministros –faltaría más– ni la de los muros exteriores de la finca de su propiedad, no tanto porque lo merezcan por ser autoridades sino por ser ciudadanos como yo mismo –que también estuve protegido durante varios años por las amenazas de ETA que pesaban sobre mí–. Pero también digo que ese amparo no puede hacerse sobre la anulación de los derechos de los demás, pues lo que aprendí en aquellos días en los que llevaba un policía por delante y otro por detrás es que los únicos derechos mermados eran y sólo podían ser los míos. Si el coronel Pérez de los Cobos, si los guardias que cumplimentan sus órdenes, no entienden esto, habrá llegado la hora de decirle ¡alto! a la Guardia Civil y disolverla.