EEUU: China tiene que pagar

Porque China es culpable, China tiene que pagar, piensan tantos en unos Estados Unidos donde la imagen del gigante asiático se ha desplomado a raíz de la pandemia del coronavirus; del "virus chino", como a veces lo denomina Trump… con el apoyo mayoritario de la población.

Si el presidente de EEUU va a por China por la pandemia devastadora, todo apunta a que buena parte de sus compatriotas lo jalearán, refiere Amber Athey en el Spectator useño. No en vano las encuestas sostienen que la mitad de los norteamericanos son partidarios de presentar demandas colectivas contra China y hasta un 70% se muestra favorable a que se fuerce a Pekín a permitir que investigadores internacionales analicen in situ qué fue lo que ocurrió, cuál es el auténtico origen de este coronavirus.

James Kraska, profesor en el US Naval War College –el intelectual orgánico de la Armada norteamericana–, ha escrito un extenso artículo con el largo y elocuente título de "China es legalmente responsable por los daños del covid-19 y las reclamaciones podrían ser billonarias" ("trillonarias" diría el doctor Sánchez, que tampoco sabe que el billion anglo equivale a ‘mil millones’, nuestro millardo). En él, Kraska constata que Pekín incumplió con sus obligaciones internacionales al ocultar el brote de coronavirus de la peor de las maneras (llegó al desmantelamiento de laboratorios y a la destrucción de pruebas). Este wrongful act es especialmente ominoso porque el régimen comunista chino ha atentado contra los protocolos de información y cooperación establecidos por la OMS en 2005… ¡luego de que el régimen comunista chino provocara una situación de emergencia sanitaria mundial al ocultar en 2003 el brote de SARS!

La Comisión de Derecho Internacional ha estipulado que los Estados que incurren en "hechos internacionalmente ilícitos" (internationally wrongful acts) como los perpetrados por el chino en esta crisis colosal han de reparar el daño causado por vía de restitución, compensación, satisfacción y garantización (de que nunca más volverán a provocarlo), explica Kraska. Y agrega que los Estados damnificados pueden adoptar contramedidas para obligar al malhechor a hacer lo que debe; contramedidas que hasta podrían comprender actuaciones que en circunstancias no extraordinarias serían consideradas violaciones de la legalidad internacional.

Los Estados agraviados no pueden amenazar, recurrir al uso de la fuerza o atentar contra los derechos humanos de los ciudadanos del Estado agraviador, abunda Kraska; pero sí dejar de atenerse a las obligaciones contraídas con él, actuar en comandita y presionarle a modo hasta que se avenga a restituir o compensar y en todo caso a dar garantías de que nunca más volverá a causar un destrozo igual.

Kraska pone ejemplos concretos de cómo forzar a China a que se haga cargo del tremendo daño causado por el coronavirus: se puede revocar su ingreso en la Organización Mundial del Comercio (OMC); se le puede despojar de la dirección de las cuatro agencias de la ONU que actualmente controla, entre las que se cuentan la FAO y la Organización de Aviación Civil Internacional; por cierto, también se pueden prohibir los vuelos a China incluso durante años; y hasta se puede incurrir en actos de desestabilización doméstica del régimen comunista como el sabotaje del cortafuegos cibernético que impide a los súbditos de Xi Jinping acceder libremente a internet.

Ya puestos a concretar, y a ir con todo contra la China criminalmente negligente y temeraria, los también profesores de Derecho John Yoo (Berkeley) y Robert Delahunty (St. Thomas) abogan no sólo por imponer sanciones económicas a los funcionarios chinos implicados en el estrago y a las compañías chinas que están sacando tajada de la pandemia, sino por gravar sustancialmente las importaciones chinas, restringir las inversiones chinas, expropiar propiedades chinas y, ¡no va más!, cancelar la deuda norteamericana con el gigante comunista (1,7 billones de dólares), a fin de crear un fideicomiso para resarcir a los estadounidenses más perjudicados por la hecatombe. (Con lo que ya de paso, apuntan estos juristas, Washington ajustaría cuentas con Pekín por la cancelación de deuda que dictó el carnicero Mao en cuanto se hizo con el poder en 1949).

Cuesta abajo y sin frenos, Yoo y Delahunty incluso instan a EEUU a que inste a sus aliados –tanto en el mundo desarrollado como en el que está en ello– a que sigan su ejemplo y cancelen sus deudas con China; y a compensarlos con asistencia financiera y defensiva y con la firma de tratados de libre comercio.

"Los Estados Unidos, así como otras naciones, deben hacer que China asuma las consecuencias no movidos por una rabia en todo caso completamente justificada, ni por afán de venganza", aducen Yoo y Delahunty; sino para que, "pechando con todos los costes de su imprudencia", Pekín escarmiente de una vez, pues en su condición de malhechor reincidente ha provocado en sólo dos decenios dos crisis sanitarias internacionales, la última de las cuales, la que estamos sufriendo ahora, se está cobrando cientos de miles de vidas y va a provocar el colapso calamitoso de la economía mundial.

Precisamente para que China pague, y para que no cunda el terrible ejemplo, un grupo de congresistas norteamericanos anda empeñado en que el Legislativo de su país tome cartas en el asunto. "Suprimiendo información crítica de salud pública, en [lugares como] China, Rusia, Irán [o] Venezuela [los jerarcas] han demostrado que les preocupa más aferrarse al poder que la salud y el bienestar de sus propios pueblos", ha denunciado el republicano John Curtis; y añadido que el objetivo del proyecto de ley que copatrocina es que "los dictadores y sus secuaces se lo piensen dos veces antes de permitir que una crisis sanitaria local se descontrole hasta convertirse en una pandemia que ponga en peligro al planeta".

Esta pretendida Ley sobre Responsabilidad para con la Salud Pública Global quiere rendir homenaje al "heroico doctor chino" que dio la voz de alarma, que fue castigado por ello y obligado a hacerse la humillante, pública autocrítica, y que finalmente acabó muriendo de covid-19 en el mismo hospital en el que trabajaba. Por eso han decidido denominarla

Li Wenliang Global Public Health Accountability Act.