Torra anuncia un tercer referéndum separatista

Tal y como hicieran sus antecesores al frente del proceso golpista y secesionista iniciado en Cataluña en la Diada de 2012, el presidente de la Generalidad, Quim Torra, se ha comprometido este jueves, pública y solemnemente, a perpetrar antes de que concluya la legislatura un referéndum no menos ilegal que el que Artur Mas anunciara en su día para el 9 de noviembre de 2014 y que el que su sucesor, Carles Puigdemont, fechara para el 1 de octubre de 2017.

Por tercera vez, habría que agradecer la anticipación con que los golpistas anuncian su intención de cometer, desde las propias instituciones autonómicas, tan graves desafíos al Estado de Derecho y a la democracia; desafíos que financian no los propios golpistas sino sus víctimas, los contribuyentes españoles.

Conviene recordar que, aunque la Constitución contiene un artículo, el 155, que permite intervenir la Administración regional en rebeldía para que sus responsables no lleguen a consumar tamaño ataque contra el interés general de la Nación, el Gobierno de Rajoy se negó por dos veces –con la complicidad del resto de la clase política– a aplicarlo. Y eso a pesar de que el 155 se ideó no para castigar sino para impedir que ataques al régimen constitucional como los referéndums del 9-N y el 1-O llegasen a consumarse desde las instituciones del Estado.

Recuérdese que el Gobierno de Rajoy –con la complicidad de los partidos constitucionalistas con representación parlamentaria– coronó su irresponsable indolencia con una tardía y, para colmo, denigrante y absurda aplicación del referido 155, reducido a mero mecanismo para una convocatoria electoral que, tal y como era de prever, devolvió el poder regional a las mismas formaciones que vienen protagonizando el golpe de Estado separatista desde 2012.

Afortunadamente, en esta tercera fase del inconcluso proceso golpista ya hay partidos constitucionalistas dispuestos a aplicar el 155 como respuesta, bien al delito de desobediencia perpetrado por Quim Torra por la colocación en edificios oficiales de lazos amarillos en solidaridad con los golpistas presos, bien al solemne anuncio que el presidente de la Generalidad ha hecho este jueves sobre la elaboración de una "Constitución republicana" para la primavera del año que viene.

Con todo, las tres preguntas que ha planteado Cs a Torra como arranque formal del proceso de aplicación del 155 no pueden ser más elusivas y absurdas. Así, en lugar de preguntarle, simplemente, si se retracta o no de su compromiso, hecho público este mismo jueves, con la celebración de un nuevo "referendum de autodeterminación" y con que "en la primavera de 2020 se consolidarán unas propuestas que sirvan de guía en la elaboración de una Constitución republicana", Ciudadanos propone la pregunta de si el presidente regional "acata" la indignante y vergonzosa sentencia del Tribunal Supremo sobre el 1-O, sentencia que permitirá en pocos meses salir de las cárceles (catalanas) a los golpistas presos sin necesidad alguna de indulto por parte del Gobierno español. ¿Sabrán, por otra parte, los representantes de Ciudadanos que acatar no significa otra cosa que cumplir unas sentencias que, en cualquier Estado de Derecho, se pueden y a veces –como es el caso de las relacionadas con el 1-O y el 9-N– se deben criticar con plena libertad?

En lugar de preguntar a Torra si se compromete o no a guardar y hacer guardar la Constitución y a no modificarla si no es mediante los mecanismos que contempla la propia Carta Magna, Cs propone preguntarle si "va a seguir alentado los disturbios violentos" en Cataluña. Vamos, como si Torra no tuviera la acreditada desfachatez de desvincularse de esa violencia, tal y como ha hecho en su -con todo- subversivo anuncio de este jueves.

Algo más de sentido tiene preguntarle, como mero requisito formal y procesal, si "va a cumplir los mandatos del Tribunal Constitucional", pues, de responder ahora afirmativamente, se desdeciría de las veces que se ha comprometido a no cumplirlos y podría entrar en conflictiva contradicción con sus correligionarios.

Lo que es evidente es que el proceso golpista y secesionista, ese que Artur Mas aseguró públicamente en 2012 que no pararían "ni tribunales ni constituciones", sigue vivo. Y que Torra pretende seguir liderándolo. En cambio, no es seguro que haya desaparecido el cúmulo de debilidades y cobardías, políticas, judiciales y mediáticas, con que se ha pretendido atajarlo.