Sucedió hace 20 años

Escribo este artículo a raíz de la información que LIBERTAD DIGITAL ofreció la semana pasada sobre el asunto y que dedico a todos aquellos que no escatimaron energías para acabar conmigo, aunque, al final, no lo consiguieran. Muy en especial a los dos venales magistrados que injusta y cruelmente me condenaron. También a los inductores, cómplices y encubridores de la fechoría.

Ya en serio y de todo corazón. Estos párrafos van dirigidos a quienes conservan la fe en nuestra desconsolada Justicia.

Eran las doce en punto de la mañana del viernes 15 de octubre de 1999 cuando mi mujer, Jorge Trías y yo, después de una semana de sesiones de juicio y el correspondiente compás de espera, entrábamos en el Tribunal Supremo para recibir la sentencia en audiencia pública. Ellos quizá no, pero yo lo hice convencido de que el resultado sería adverso. Lo sabía porque días antes me informaron que al magistrado don José Manuel Martínez-Pereda sus dos compañeros de tribunal le habían arrebatado la ponencia. Este era el mejor indicio de que Gregorio García Ancos y Enrique Bacigalupo estaban por la faena de condenarme. Hasta una cadena de televisión, la noche antes, había dado el número de años de inhabilitación. Ninguna esperanza, pues. Me senté a escuchar el fallo con la sensación de que no estaba en una sala de justicia sino en un matadero esperando que los dos carniceros judiciales me apuntillasen. Luego vendría el despiece.

No me equivoqué. A las 13 horas menos dos minutos, Gregorio García Ancos, visiblemente nervioso, con voz entrecortada e incapaz de disimular las ganas de terminar, pronunciaba el fallo: culpable de prevaricación. Pena: multa de un millón de pesetas y quince años de inhabilitación, pérdida de honores y no sé cuantas accesorias más.

Del público, a mis espaldas, surgieron unos abucheos. También los gritos de "un día triste para la justicia" y "esto sí que es un crimen". El presidente, prácticamente de pie, tras balbucear que el acto había terminado, abandonó la sala a toda prisa, seguido de Bacigalupo. Detrás, a cierta distancia, lo hizo el magistrado Martínez-Pereda, ya jubilado, pero prorrogado en la jurisdicción para ese trámite. En aquel instante sentí por él un respeto imponente. También tristeza. A partes iguales. Cuarenta años de profesión y la última sentencia que firmaba era para condenarme en contra de su voluntad. Muy a sabiendas de que era una decisión clamorosamente injusta, formuló voto particular a favor de la absolución. La misma tesis absolutoria fue la que siempre sostuvo el teniente fiscal del Tribunal Supremo, don José María Luzón.

La señora secretaria del tribunal se acercó hasta mí. Con entrega de una copia, me notificó la sentencia. Sentado, miré a mi mujer. Sólo nos transmitimos un cariño infinito. Los dos notamos que se trataba de destrozarnos con la tortura de la ignominia. Pero sacamos fuerzas. Hasta sonreímos. Sabíamos que en situaciones como aquella hay que poner buena cara y no descomponer la figura.

Durante unos minutos me vi atropellado por la injusticia de dos jueces. Cerré los ojos y recordé a mi padre. En ese momento me alegré de que hubiera muerto apenas hacía dos meses. Sólo así evitó presenciar la ignominia perpetrada en el mismo tribunal donde tantas veces procuró ser lo más justo posible.

Al salir de la sala, un grupo de gente, en el que distinguí a funcionarios de la Audiencia Nacional, caras amigas y abogados con toga, aplaudía y clamaba por la dignidad de la justicia. Casi todos me abrazaron, gesto que agradecí profundamente. Después, mi mujer y yo nos fuimos casa con algunos amigos y familiares. Mientras comíamos, dije: "En este momento me siento más decente que hace un rato".

De la sentencia hablamos lo mínimo. Optamos por tomar distancia y esperar. Nos limitamos a pedir a Dios o a quien resultase competente por razón de la materia, que perdonase a quienes habían manchado sus togas a cambio de nada, aunque no descartamos que hubiera mediado precio, recompensa o promesa. Y que mis acusadores o inquisidores celebrasen su victoria, según lo previsto.

En esos momentos, me conformé con saber que no erré cuando, contra todos los pronósticos, aposté por mi condena. Y es que la injusticia de los injustos no caduca. Al contrario. Se renueva constantemente porque de ella se nutren quienes la perpetran.

Durante el resto del día la pregunta que me hice fue siempre la misma. ¿Qué mal pude haber hecho? Creo que absolverme era muy fácil. Los dos magistrados que tiraron por el camino contrario, sólo necesitaban que en sus conciencias se hubiera hecho la luz de la verdad. Pero no fue así y en ellos prevaleció la ceguera de la mentira.

A pesar de todo, mi conciencia estaba igual de tranquila que el primer día. Lo dije públicamente al salir del Supremo, cuando declaré que deseaba que la de quienes me habían condenado estuviese como la mía. Me hubiera gustado añadir que supieran que se habían equivocado y que con mi condena, al revés que ellos, me habían hecho un poco más respetable. Era un juez que nunca me había apartado de la ley y de la razón. Ellos lo sabían. Por mi parte, lo juré. Estaba convencido de que la culpa fue de los magistrados Gregorio García Ancos y Enrique Bacigalupo. Me acordé del Yo acuso de Zola. A partir de su sentencia inicua, la verdad se pondría en marcha y nada la detendría. Sólo me quedaba esperar. Serían ellos quienes acabarían sepultados bajo la losa de la perversidad.

Llegó la noche de aquel viernes, 15 de octubre de hace ahora 20 años. La última llamada que recibí fue la de Camilo José Cela, a quien jamás sabré agradecer la amistad que me regalaba constantemente. Lo hizo para recordarme su lema de que "quien resiste gana" y para invitarnos a cenar en el restaurante donde más se nos viera. En ese instante supe que el amigo es seguro cuando se presenta en la ocasión insegura.

Cuentan las crónicas que el día que se conoció la sentencia, Jesús Polanco llamó a Juan Luis Cebrian y le hizo la siguiente pregunta:

—Juan Luis, ¿tú sabes cuánto ha costado esto?

—Mucho, Jesús, mucho. Desde luego, más de lo que vale, pero en el lote van incluido los dos jueces del Supremo y algún otro, aunque éste ha sido más barato.