La baja y las horas bajas de la juez Núñez Bolaños

Cuando una baja laboral no tiene causas conocidas, sino que se oculta tras la interpretable letanía de los "motivos personales" es que algo gordo ha tenido que pasar. Es más, debe ser tan gordo que nadie pide explicaciones del por qué de la baja. La juez María Núñez Bolaños, casi tan célebre ya como su antecesora en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, se dio de baja el pasado 18 de junio sin aludir a enfermedad o dolencia alguna. Sorpresa. Expectación. Inquietud por la instrucción, ya de por sí discutida y discutible. Sospechas varias.

No hicieron falta demasiadas cábalas porque el mismo día en que se conoció su baja se supo que seis fiscales, esto es, todos los fiscales Anticorrupción que intervienen en Sevilla en los casos de corrupción ligados al PSOE y a la Junta de Andalucía, habían elevado una queja formal a su superior jerárquico, el fiscal jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Alejandro Luzón, sobre la conducta de la juez Bolaños en diferentes instrucciones y sumarios de estos casos.

Se conocía que la juez Bolaños había decidido cambiar los juzgados de familia por los juzgados de instrucción sin previo aviso y se dudó de que la decisión de ocupar el juzgado de la juez Alaya tras la renuncia de ésta hubiera sido casual. No se comprendía cómo una juez con poco recorrido en el Derecho Penal optaba súbitamente a tan complejo ejercicio. Muchos lo vieron desde el principio como el intento desesperado de los sectores influyentes del PSOE para minimizar los costes judiciales de su tela de araña corrupta. La propia juez Alaya denunció la operación y anticipó su consecuencia: el desmantelamiento del meollo capital de su instrucción en el caso ERE, que fue troceado y desvencijado, y en el caso del fraude de la formación, que fue conducido, igualmente, al desguace.

Desde el principio, ha habido dos sectores. Uno, tanto judicial como político como mediático apoyó la visión de la juez Alaya y otro, tanto judicial como político como mediático, defendió a capa y espada la posición y las actuaciones de la juez Bolaños. Pero el tiempo ha ido pasando y finalmente ha puesto a cada uno en su sitio. Los defensores del comportamiento anómalo de la juez ahora en horas bajas han tenido que informar y sopesar lo que ha ocurrido. Tanto PSOE, como alguna agrupación de jueces como algunos medios afines a la juez tienen ahora que asumir que algo grave parece haber ocurrido.

¿Y qué ha ocurrido? Pues que tras largas batallas con la Fiscalía, con las acusaciones particulares, sobre todo con el PP, ahora en el gobierno de la Junta, y con algunos medios de comunicación, las anomalías de las instrucciones practicadas por la juez Bolaños han quedado al descubierto. Hasta tal punto ha llegado la cosa que el mencionado Alejandro Luzón, fiscal jefe de Anticorrupción y Criminalidad organizada, ha tenido que presentar una queja contra la juez Bolaños ante el Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial.

Y la cosa no es baladí porque la considera responsable de falta, muy grave o grave por comportamiento profesional en las macrocausas de los ERE, en el caso de los avales de la agencia IDEA, y en la investigación de las presuntas irregularidades en las transferencias de financiación de IDEA. Por si fuera poco, se le atribuye una "desatención y retraso injustificado en su tramitación y resolución, con evidente perjuicio de los fines del proceso penal y de la Administración de Justicia".

El PP ya vio indicios de delito en el comportamiento de la juez, pero su denuncia fue interpretada como un ejercicio más de partidismo. Ahora estamos ante un caso que puede conducir desde una multa de 6.000 euros a al suspensión, traslado o separación de la carrera judicial de la magistrada Núñez Bolaños.

Pase lo que pase a partir de ahora, el prestigio y la idoneidad de la juez cuestionada van a quedar seriamente dañados y parece difícil que la misma juez pueda seguir instruyendo unos casos a los que ha perjudicado de manera deliberada, ya que las advertencias y quejas de la Fiscalía han sido innumerables en los últimos años. De hecho, cuando dejó provisionalmente el juzgado y la sustituyó la juez Ordóñez, hace nueve meses, su sustituta demostró una diligencia que contrastó marcadamente con la conducta de la titular. Y ahora mismo, en este período de baja inexplicada, su juez de apoyo y encargado provisional del juzgado, está demostrando igualmente su celeridad en la práctica de citaciones.

Una prueba irrefutable de que las cosas podían hacerse de otra manera fue proporcionada por la propia juez, ahora en horas bajas, cuando el día antes de darse de baja dictó nada menos que 19 resoluciones para mitigar la impresión que daba su inactividad.

Pero ahora el gran problema para la justicia es saber en qué situación quedan algunos los casos de corrupción más importantes de la democracia, como los ERE y el fraude de la formación para parados y si la instrucción que se ha practicado tiene reversión posible. Por si fuera poco, se está a la espera de sentencia en la llamada pieza política de los ERE, donde dos ex presidentes del PSOE y de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, se enfrentan a graves penas (Griñán incluso a penas de cárcel) acompañados por buena parte de la cúpula de los gobiernos socialistas anteriores a Susana Díaz.

Muchos se acuerdan ahora de la juez Alaya, pero ella guarda silencio. Pero la memoria es libre.