El golpe del doctor volador

Toneladas de demagogia e insensato buenismo. Los nuevos hipotecados no pagarán el impuesto sobre actos jurídicos documentados. A cambio, disfrutarán de hipotecas más caras y en peores condiciones porque todo lo que toca Pedro Sánchez se tuerce irremediablemente. Le daban mucha pena los inmigrantes que rechazaba Italia; ahora aparecen decenas de cadáveres flotando en las aguas del Estrecho. Quiso sacar a Franco de la tumba y lo único que ha hecho es sacarlo de olvido. Forzó las dimisiones de Màxim Huerta y Carmen Montón, pero aguanta a los potentados inmobiliarios Pedro Duque, Isabel Celaà y María Luisa Carcedo y tiene que soportar el ridículo de que le llamen "doctor" porque ha quedado meridiano que su tesis es un folleto ampliado de la propaganda del Ministerio de Industria y Comercio de cuando lo dirigía Miguel Sebastián. Se quiso desentender del juez Llarena y luego mandó acudir en su auxilio a la ministra villareja, la Dolores que no ha dimitido.

Ahora le ha tocado al Supremo y de rebote a los consumidores. Anunciar un decreto urgente para revocar una decisión del Alto Tribunal, por muy cuestionables que sean las formas e incluso el fondo, es una reacción tan oportunista, populista y despótica que convierte a Maduro en una especie de gran estadista a su lado. Claro que el sesgo y la deriva se veían venir desde mucho antes de que forzara a la Abogacía del Estado a capitular ante los golpistas, otra cacicada más del bello Pedro. El doctor volador es un torpedo que se cree que el mundo existe desde que él es presidente del Gobierno gracias a los votos de filoterroristas, golpistas y acomodados antisistema. De ahí lo de desenterrar cadáveres porque él lo vale, negociar con los presos sediciosos los Presupuestos Generales del Estado y acoger inmigrantes por un lado para devolverlos a Marruecos en secreto.

Sánchez está dispuesto a arrasar con todo y el Tribunal Supremo no va a ser un obstáculo en sus planes de permanecer en la Moncloa durante décadas. Ahora mismo está bailando sobre la lápida del Supremo una danza en homenaje a sus socios presos y prófugos. La declaración de guerra de Sánchez contra el Alto Tribunal abre un escenario infernal. Los jueces están absolutamente indefensos. Al presidente no le importan nada los hipotecados pasados, presentes y futuros. Lo único que le interesa es que alguien pague el dichoso impuesto a las comunidades autónomas y, principalmente, desacreditar al Poder Judicial para facilitar la puesta en libertad de los dirigentes golpistas y el retorno en olor de multitud de Puigdemont.

Sánchez quiere cambiar de régimen, propiciar el tránsito hacia otra república, aniquilar el sistema de libertades e inaugurar un nuevo orden tutelado por los sujetos que asesoraron la destrucción de Venezuela, por ese Errejón que dice que allí comen tres veces al día y por ese Iglesias que ha pasado de un piso de protección oficial a un chalet con piscina porque un banco le ha prestado seiscientos mil euros. Lo que no se entiende es que ese hombre no montara un pollo en el notario con el impuesto de los actos jurídicos, salvo que su hipoteca no sea como la de los demás.

En apariencia, con Sánchez casi todo el mundo gana y la oposición le hace los coros al arremeter contra la decisión del Supremo. El tipo preserva el tributo autonómico y se cubre de gloria al prometer al pueblo llano que serán los bancos usureros quienes paguen el impuesto. A su vez, los bancos se libran de la retroactividad porque el decreto ratifica que hasta ahora la ley era que pagaran los hipotecados. Salen perdiendo los jueces y fiscales que según la retórica progre ponen en libertad a los violadores y persiguen a fray Junqueras, a Puigdemont y a los raperos republicanos, todos ellos grandes hombres de paz que festejan con Otegi el derribo de la democracia en España. Las hipotecas son la última cortina de humo de los vendepatrias. Ningún presidente de la democracia llegó tan lejos contra los jueces como Sánchez. Se amontonan los indicios de que la moción de censura no fue sino un episodio más del largo golpe de Estado que comenzó en Cataluña.