El PSOE, siempre contra la ley y las urnas

Empecemos por el principio. En octubre de 1934, el PSOE de Indalecio Prieto y Largo Caballero, referentes históricos con derecho a estatua, desató la revolución para saltarse el resultado de las urnas y tomar violentamente el poder. ¿La excusa? Que la CEDA, partido vencedor de las elecciones, no estaba legitimado para gobernar por ser fascista. ¿Consecuencias? Dos mil muertos y una república definitivamente condenada debido al ataque de sus propios partidarios.

Paralelamente, Companys y los suyos aprovecharon la ocasión para dar su golpe en Cataluña con la misma excusa. ¿Consecuencias? Cincuenta muertos, los bravos escamots escamoteados bajo sus camas, varios dirigentes del golpe huyendo como ratas por las alcantarillas y la Generalidad desprestigiada para siempre ante el resto de España.

El Gobierno republicano sofocó la revolución manu militari. La ley se aplicó y los responsables dieron con sus huesos en la cárcel. En los meses siguientes la crispación política aumentó y el Gobierno se vio obligado a adelantar las elecciones para febrero de 1936, a las que los partidos izquierdistas de toda España y los separatistas catalanes acudieron agrupados en el Frente Popular (Front d’Esquerres en Cataluña).

Los tres primeros puntos de su programa electoral incluyeron la amnistía a los condenados "por delitos políticos sociales" cometidos posteriormente a noviembre de 1933, es decir, principalmente los perpetrados durante la revolución de octubre de 1934; la reposición en sus destinos de los funcionarios que los hubieran perdido por dicha causa; la recuperación de sus puestos de trabajo por parte de los empleados de empresas privadas en la misma situación; la concesión de reparaciones tanto a las familias de las "víctimas producidas por las fuerzas revolucionarias" como por "actos ilegales de la autoridad y la fuerza pública en la represión"; y el castigo de los "casos de violencia de los agentes de la fuerza pública acaecidos bajo el mando de los Gobiernos reaccionarios". En resumen, la impunidad de los delincuentes y la persecución a los agentes de la ley.

Tras la victoria fraudulenta en las elecciones de febrero, adulteradas mediante un sinfín de irregularidades, abusos, pucherazos y violencias confesadas por los propios dirigentes izquierdistas, la primera medida del nuevo gobierno fue, efectivamente, la liberación de los responsables de la revolución y la restitución del golpista Companys al frente de la Generalidad.

Las consecuencias del caos en el que naufragó España a partir de aquellas elecciones son demasiado conocidas como para perder el tiempo explicándolas. Pero, para resumir, como admitiría posteriormente Claudio Sánchez-Albornoz, presidente de la República en el exilio, la responsabilidad del estallido de la guerra civil la tuvieron los republicanos "por no haber sabido mantener el orden, cayera quien cayera".

Pasados algunos años, surgió una ETA que contó con las simpatías de la inmensa mayoría de la izquierda española, porque consideraba a la banda terrorista la heroica vanguardia de la lucha por la democracia. Dicha consideración fue la causa principal de la amnistía que, con el cambio de régimen, olvidó los crímenes etarras por haber sido cometidos durante el régimen franquista, como si por tratarse de un régimen no democrático y por asesinar en nombre de la "liberación nacional de Euskadi" quedasen justificados los asesinos y rebajado el valor de la vida de los asesinados.

Mucho tardó la izquierda en darse cuenta de su gravísimo error político y su peor aberración moral, para lo que tuvieron que empezar a caer asesinados políticos socialistas. Pues mientras las víctimas siguieron siendo políticos derechistas, militares, policías y guardias civiles, no hubo problema. Y cuando a los socialistas de Felipe González les tocó llegar a la Moncloa y tomar cartas en el asunto, no se les ocurrió nada mejor que olvidarse del Estado de Derecho y montar el GAL.

Ahora el golpe de Estado lo han vuelto a dar los separatistas catalanes, sus tradicionales aliados. Y por eso son merecedores de todos los mimos por parte de los actuales ocupantes socialistas del palacio de la Moncloa y sus compañeros comunistas de moción de censura. Rendición ideológica, claudicación jurídica, desactivación policial, acercamiento de presos, desautorización de los informes sobre totalitarismo educativo… Y ahora, declaraciones de varios ministros y de la delegada del gobierno en Cataluña sobre su deseo de que, si hay sentencia condenatoria, los golpistas sea indultados.

Todos los parabienes para los golpistas de hoy. Y, al mismo tiempo, venganza hasta cuarenta años más allá de la tumba para el golpista de hace un siglo. Nada puede ser más lógico: para legitimar históricamente el proyecto revolucionario del Frente Popular de hoy, tan claramente demostrado con sus maniobras para retorcer la mecánica parlamentaria ignorando la mayoría del Partido Popular, hay que mantener fresca la demonización de quien acabó con el caos criminal del Frente Popular de ayer.

No se olvide: el PSOE de 2018 es el mismo que el de 1936. No sólo porque se trate de la misma organización y porque siga rindiendo homenaje a sus referentes históricos, los golpistas Prieto y Largo Caballero, sino porque sus dirigentes siguen demostrando el mismo desprecio por el resultado de las urnas y por el Estado de Derecho, obstáculos que no tienen el menor reparo en saltar cuando conviene a sus superiores intereses partidistas.

Según las últimas encuestas, el PSOE, esa gran desgracia de España, aparece como el partido más votado para las próximas elecciones. ¿Estará el pueblo español a la altura de las graves circunstancias por las que está pasando nuestro país?