Los reinsertadores

La prisión permanente revisable es un producto jurídico ideado para paliar, en cierta medida, las carencias de un permisivo Código Penal diseñado en función del principio rector fijado en el artículo 25.2 de la Constitución, que supedita las penas de privación de libertad a la "reeducación (sic) y reinserción social". Este enfoque reeducador desvirtúa la primera función del derecho penal, consistente en infligir un castigo proporcionado al delito cometido. Por eso el escarmiento judicial al delincuente es el principal objeto de crítica de las fuerzas progresistas cada vez que se debate una reforma de las leyes penales. En última instancia, la izquierda considera a la mayoría de los delincuentes víctimas de un orden social (capitalista y, por tanto, radicalmente injusto) que los lleva a actuar fuera de las leyes, diseñadas por una clase dominante. De esta mirada comprensiva hacia el malhechor solo dejan fuera a los políticos corruptos del Partido Popular, los únicos delincuentes en España a los que la izquierda niega cualquier posibilidad de reinserción y contra los que azuza a sus hordas callejeras con la saña que caracteriza a estas expresiones de justicia popular.

El cruel asesinato del niño Gabriel Cruz vuelve a poner sobre el tapete el debate sobre la prisión permanente revisable, una medida aprobada en solitario por el PP en 2015 cuando gozaba de mayoría absoluta parlamentaria y, en consecuencia, una reforma que la izquierda necesita derogar para que nadie dude de su hegemonía (también) en materia de seguridad ciudadana.

Los dirigentes izquierdistas que se han pronunciado en este debate no han ofrecido ningún argumento de peso para justificar la derogación de una norma de sentido común apoyada, además, por la mayoría de los ciudadanos. Y no utilizan ningún argumento para vincular la pena de prisión a la reinserción porque no es posible hacerlo sin caer en una irresoluble contradicción. Porque si, como dicen, el castigo es contraproducente y lo que importa en realidad es comprender al delincuente, reeducarlo y reinsertarlo, bastaría que un equipo de expertos en terapia conductual, a modo de Psicólogos para la Democracia, manipulara convenientemente el cerebelo de los asesinos para hacerles ver lo incorrecto de sus acciones y, acto seguido, podrían ser devueltos a la sociedad.

¿Por qué no es consecuente la izquierda con esa teoría de la reinserción como valor supremo? Pues porque hay, por ejemplo, tres millones de personas escandalizadas que se han mostrado abiertamente en contra de derogar la prisión permanente revisable, aportando su firma y número de DNI. Tres millones de personas. O sea, de votantes. He ahí la clave de todo.