Un 155 meramente instrumental

El presidente del Gobierno ha decidido poner en marcha los mecanismos constitucionales para devolver la legalidad a Cataluña y poner fin al proceso de sedición. Así pues, este sábado comenzó la compleja tramitación del procedimiento que abre el artículo 155 de nuestra constitución, que tendrá en el Senado el principal escenario para que las medidas acordadas por el Consejo de Ministros vayan adquiriendo carta de naturaleza.

Se trata de una decisión largamente esperada por más de la mitad de los catalanes y la inmensa mayoría del resto de los españoles, después de semanas de rebeldía institucional y vulneración flagrante de las leyes por parte de las autoridades de la Generalidad. La devastación de la economía, el descrédito internacional y la profunda división de la sociedad catalana son solo algunas consecuencias de las decisiones de Puigdemont y sus socios, que han puesto a Cataluña fuera de la democracia y del Estado de Derecho en pos de su delirio independentista.

La situación en Cataluña, qué duda cabe, exige acabar con el imperio de los separatistas y retomar el control de sus instituciones, entregadas en su totalidad a un proyecto independentista a costa incluso de la destrucción de una de las regiones más prósperas de Europa. Sin embargo, para ello hay que ir mucho más allá de lo que sugirió Rajoy en su comparecencia para explicar la manera en que el Gobierno piensa actuar.

De las palabras del presidente se desprende que solo hay un objetivo: convocar nuevas elecciones autonómicas a la mayor brevedad. Hasta que eso suceda, el Gobierno catalán quedará destituido y sus instituciones, junto con el parlamento, controladas por el Ejecutivo central. Pero la situación en Cataluña es tan grave tras casi 40 años de nacionalismo hegemónico, que se impone una larga suspensión de la autonomía para permitir una verdadera regeneración en profundidad.

La aplicación del artículo 155, tal y como la ha planteado Rajoy, se quedará muy lejos de ese objetivo de devolver la democracia plena y el imperio de la ley a las instituciones catalanas con plenas garantías de continuidad. Al contrario, todo parece indicar que se trata de una decisión instrumental para permitir tan solo una convocatoria rápida de elecciones, en la confianza de que el Gobierno que surja de ellas actuará con lealtad.

Una vez más, el Gobierno actúa poniendo sus cálculos políticos por delante de los intereses generales de la nación, que en el actual estado de cosas exige una actuación mucho más enérgica de lo que parece estar dispuesto a conceder Mariano Rajoy. Esta falta de decisión y la utilización de un mecanismo excepcional de la Constitución con carácter meramente utilitario, puede llevar a que el independentismo recupere la iniciativa en las semanas que, sin lugar a dudas, se va a dilatar su tramitación.