Y los cabecillas, sin ser detenidos

Temeraria al tiempo que esperpéntica. Así podríamos describir la situación a la que nos ha abocado la irresponsable y cobarde renuencia del Gobierno de Rajoy a la hora de suspender la Administración autonómica en rebeldía como forma de poner fin al ilegal proceso secesionista emprendido en 2012. Aun cuando sólo se tratara de impedir la segunda consulta secesionista del 1 de octubre –segundo referéndum ilegal, al que tantos memos recién despertados han reducido el golpe de Estado de los separatistas–, resulta surrealista que los cabecillas de la sedición no hayan sido todavía detenidos y que incluso formen parte decisiva del operativo supuestamente destinado a impedir la consulta ilegal de marras.

El más reciente ejemplo de ello es el esperpéntico encuentro que este mismo jueves ha mantenido el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, con el golpista y consejero de Interior Joaquim Forn, reunión a la que ha acudido en persona el máximo cabecilla del golpe y máximo representante del Estado en Cataluña, el presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, y que sólo ha servido para que el Sr. Nieto constatara algo tan obvio como que la prioridad del Govern es que el domingo "se vote con normalidad", y la de los Mossos, "la seguridad".

El pobre secretario de Estado ha dicho sentirse muy "decepcionado" –ángel mío– al constatar el "poco compromiso" de los cabecillas del golpe con la legalidad vigente y con las órdenes dictadas por la Fiscalía contra la ilegal consulta que insisten en perpetrar. Hombre sensible, también se ha sentido "muy dolido" con un jefe de los Mossos que, bien por complicidad, bien por cobardía, no se ha atrevido a desairar a sus mandos políticos, que no son otros que los propios cabecillas del golpe.

El desenlace de este esperpento no va a ser la celebración de un referéndum ilegal como el del 9-N, sino una jornada no menos delictiva de kale borroka que va a costar una pila de millones de euros combatir por el cobarde caprichito de nuestro Gobierno y de nuestra clase política de mantener en libertad –y en el cargo institucional– a unos delincuentes que de forma tan pública y tan reincidente han demostrado que sólo les interesa atentar gravemente contra los intereses de España.

Permitir una nueva consulta ilegal como la del 9-N sería, ciertamente, una burla a nuestro ordenamiento jurídico, pero mucha mayor burla a nuestro Estado de Derecho se ha consumado ya al consentir la libertad con la que los cabecillas del golpe prosiguen a día de hoy con los preparativos de los nuevos delitos que reclama su persistente proceso secesionista.

Recuerdo el caso de la abuela de Fuerteventura, una pobre señora con cinco familiares a su cargo –un hijo en paro, una hija discapacitada y tres nietos menores de edad– que, a pesar de haber pagado una multa, llegó a ingresar en prisión por no haber obedecido la orden de demolición de una pequeña ampliación de su casa. Puigdemont, sin embargo, como antes Artur Mas, sigue manteniendo y erigiendo ilegales estructuras de Estado a cargo del contribuyente y desobedeciendo todas y cada una de las sentencias contrarias a su ilegal proceso de "construcción nacional" sin pisar la cárcel.

Decididamente, para nuestra estúpida e indolente clase política, como para nuestro muy politizado sistema judicial y buena parte de nuestra clase periodística, los únicos delitos por los que los separatistas deberían ir a prisión son siempre los que siempre están por llegar. Y esa es la mayor quiebra de nuestro Estado de Derecho.