Expo 92: socialismo y megacorrupción

En fecha tan temprana como primeros de junio de 1987, apenas tres años después del nombramiento de Manuel Olivencia como comisario general de la Exposición Universal de Sevilla de 1992, Felipe González decidía pasar los trastos de gastar dineros públicos a un ejecutivo de Dragados y Construcciones, Jacinto Pellón. Si en 1622 el diácono Pedro Pabón, lego y converso del monasterio de Santa María de las Cuevas, empuñó un calabozo para terminar con la vida del padre Prior que le había herido en sus más profundos sentimientos religiosos, aquella decisión del Gobierno socialista fue el origen de otro crimen, esta vez contra el Derecho, que iba a cometerse, de nuevo, en medio del Guadalquivir.

Pero la Expo 92 fue en origen otra cosa, una conmemoración del encuentro de dos continentes 500 años antes de la mano de España y Cristóbal Colón que convirtió a Sevilla en puerto y puerta de América durante siglos. Por ello, su celebración fue anunciada antes de la aprobación de la Constitución de 1978. Dos años antes, el rey de España proclamó la buena nueva en la República Dominicana. Se trataba de un acontecimiento de magnitud universal y de una trascendencia histórica extraordinaria para la emergente Europa del comercio, la cultura y la libertad de conciencia. Pero… "pasó de ser una cuestión de Estado a ser cosa de partido", sentenció hace poco el propio Olivencia.

Lo partidista se impuso a lo universal. Finalmente, la Exposición Universal de 1992 en Sevilla fue la ocasión de compensar el olimpiazo catalán de 1986, otro éxito incuestionable del primer Gobierno socialista. Era, tras la transición democrática, el primer experimento de cogestión del nacionalismo pujolista y el socialismo felipista-maragalliano, alta simbiosis política en la que no faltó el viejo falangismo blanqueado que representaba Juan Antonio Samaranch.

El socialismo andaluz, cargado de mala conciencia tras la defenestración del nada proclive a las asimetrías autonómicas Rafael Escuredo, debía aparecer ante España y Europa como el impulsor regeneracionista de una región atrasada. Por entonces, repárese, circular por Cataluña y el País Vasco era un ejercicio que humillaba a cualquier andaluz que sufría lo indecible para ir de Sevilla a Granada o a Almería en coche. De los trenes y otros medios públicos de transporte ni hablamos.

Con la perspectiva que dan los 25 años transcurridos, podemos interpretar con fundamento que fue la orgía de dinero y especulación desatada en torno a la Expo 92 lo que hizo que la corrupción se convirtiera en una desgraciada seña de identidad de Andalucía.

Cierto es que siempre quedará el AVE, el primer tren de alta velocidad que recorrió media España, por una vez y sin servir de precedente, de Sur a Norte. Mérito político de Felipe González y del socialismo suresniano andaluz, con el que quisieron aneblar sus concesiones y absoluciones a los intereses nacionalistas catalanes y vascos desde 1982. Recordemos que Jordi Pujol, el ratero mayor, ya se había beneficiado de la mediación de Felipe González en el sofocamiento vergonzoso del caso Banca Catalana, uno de los más atrevidos pasos de su carrera como ladrón de bandera (catalanista).

Pero si en la gestión de las Olimpiadas cuajó y se consolidó el sistema del "tres por ciento" –Maragall dixit en referencia a Convergencia i Unió–, método habitual de extorsión a las empresas para que pudieran acceder a concesiones, adjudicaciones y demás contrataciones públicas, en Andalucía se produjo un choque de trenes entre dos modos de concebir la intervención del Estado en magnos acontecimientos que iban a emplear muchos miles de millones de pesetas del dinero de todos: el modo respetuoso con la legalidad y los procedimientos con garantía y el modo maquiavélico-pragmático del "gato negro, gato blanco, lo importante es que cace ratones".

Manuel Olivencia, favorito del rey Juan Carlos y aceptado por Felipe González –que había apostado inicialmente por el arquitecto catalán Ricardo Bofill– para poner en marcha y gestionar el proyecto de la Expo 92, fue el defensor del modo limpio de desarrollarlo. Derecho, concursos, requisitos, expertos, competencia leal, actuaciones transparentes, controles adecuados y demás exigencias de la cosa pública chocaron frontalmente con los responsables andaluces de un PSOE nervioso por la lentitud de los trabajos y la hipótesis de que llegase abril de 1992 y la Exposición no pudiera inaugurarse. Podría ser un fracaso terrible y peligroso para la hegemonía del socialismo sobre la nueva Andalucía y, desde luego, sobre la España democrática.

Aunque ya había saltado algún caso de corrupción en la España socialista, singularmente los dineros alemanes del ni Flick ni Flock, el caso de los fondos reservados para los GAL o el registrado en el Madrid de Tierno Galván, en Andalucía apenas se habían conocido temas graves: algún dinero, todavía menor, que había ido a parar al PSOE indebidamente; el caso, maliciosamente articulado por los compañeros de partido, del chalé de Escuredo y, muy sobre todos ellos, el del edificio Presidente, que el titular de la Presidencia de la Junta, Pepote Rodríguez de la Borbolla, contrató para alojar a sus empleados públicos a cambio de alquileres por encima del mercado. Fue lo más gordo y en la faena de denuncia se lució un joven democristiano, Javier Arenas, luego yerno de Olivencia.

Con la perspectiva que dan los 25 años transcurridos, podemos interpretar con fundamento que fue la orgía de dinero y especulación desatada en torno a la Expo 92 lo que hizo que la corrupción se convirtiera en una desgraciada seña de identidad de Andalucía. Las expectativas de negocio y los intereses del partido se fundieron como vasos comunicantes en el horizonte de la Isla de la Cartuja de Santa María de las Cuevas. Se hablaba de un gasto –inversión, insistían– de 80.000 millones de pesetas en el recinto de la Isla y otros 500.000 en Sevilla y Andalucía; dicho hoy, casi 4.000 millones de euros, más o menos la mitad del importe del montante global del dinero público corrompido en los macrocasos de corrupción posteriores, desde los ERE al fraude de la formación, pasando por Invercaria y otras instrucciones judiciales.

Olivencia quería hacer las cosas bien. Pellón, sencillamente, hacerlas como fuera. Lo ha contado, tal vez demasiados años tarde, Francisco Rubiales, quien fue director de Comunicación de la Oficina de Olivencia, apartado por Luis Yáñez y sus amigos. "A pesar del heroico papel de algunos medios, la prensa no fue capaz de frenar el avance de los nuevos estilos intervencionistas, opacos y predadores de los adoradores del Estado y de impedir que la corrupción abriera grietas enormes en las organizaciones de Sevilla y Barcelona 92, grietas que en Cataluña hicieron multimillonarios a Jordi Pujol y a sus amigos nacionalistas y que en Andalucía y España inauguraron una forma de gobernar que condujo al país hasta lo que es hoy, un paraíso para corruptos y una democracia de quinta división." El hundimiento de la reproducción de la nao Victoria en Huelva, con Yáñez de padrino, y Curro, la mascota de la Expo, como náufrago, debió haber sido considerado un augurio de lo que iba a suceder.

Los antecedentes ya habían sido fijados. Por una parte, el propio Jacinto Pellón, que finalmente forzó la destitución de Olivencia en 1991, fue pillado en el entonces famoso caso de Costa Doñana, destapado en 1988. El entuerto consistía en un imponente proyecto turístico que quería urbanizar kilómetros de las playas de Doñana y su entorno. Su estallido se debió a la presencia en el mismo del propio Jacinto Pellón (presidente de la Sociedad Estatal Expo 92), acompañado de Francisco Palomino (cuñado de Felipe González), el abogado Jesús Bores, íntimo de González, y Salvador Echevarría. El escándalo impidió la operación y dañó ya inicialmente la imagen de la Expo 92.

Por otro lado, a primeros de enero de 1990 explotaba el caso Juan Guerra, subdividido en seis procesos judiciales diferentes. El escándalo fue mayúsculo y forzó la dimisión del entonces vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, un año después. Uno de aquellos sumarios, el de la empresa Comasa, se refería a la construcción de un hotel en vísperas de la Expo 92, pero aquel fue posteriormente absuelto. En el entretanto salían a la luz el caso Ollero, otro de mordidas por obras públicas y el de amiguismo y enchufismo sin escrúpulos de Canal Sur TV.

A nivel nacional, a mediados de 1991 estallaba el caso Filesa, una de cuyas piezas separadas sería el caso AVE, que afectaba a las obras de la Expo 92. Meses antes de la inauguración de abril saltaba a las páginas de El Mundo el caso Ibercorp.

En las obras de la Expo 92, la sensación de que se pagaban mordidas políticas y concesiones a cambio de comisiones y dádivas era generalizada entre la ciudadanía. Popularmente se hablaba de pellonazos y de la moneda apócrifa de la Expo, el pellón, "la unidad de trinque en lo universal del particular pelotazo del 92", al decir de Antonio Burgos. El ya mencionado Rubiales, mano derecha de Olivencia en comunicación, ha traducido la "Era de los Descubrimientos", lema de la Exposición, como la "Era de los Pelotazos", y retocado la misma y digna "Exposición" para que dé en la menos decorosa "Expoliación" de 1992.

Contribuyó a ello la presencia, demasiado frecuente, del presidente González en los titulares. En 1990 se supo que la Sociedad Estatal para la Exposición Universal de Sevilla favoreció a la Compañía de Seguridad Omega S. A., en la que ostentaba un puesto de responsabilidad Juan María González Márquez, hermano del propio presidente del Gobierno.

Puede recordarse, como un episodio de tantos otros que la resistencia periodística puso negro sobre blanco en los quioscos, el caso de los empresarios portugueses Conde. Los empresarios andaluces Jaime y Carlos de Coca, amigos del consejero delegado de la Expo, Jacinto Pellón, pidieron a sus socios portugueses en Río Cocón S. L. una comisión de 150 millones de pesetas "para el partido en el Gobierno", se contó en El Mundo. Jaime y Carlos de Coca les dijeron a sus socios Manuel y José Conde que la citada comisión suponía el 10% sobre un contrato para la construcción de edificios modulares en el recinto de la Isla de la Cartuja, inicialmente valorado en 1.598 millones, que se adjudicó en 1990. El portugués Manuel Conde y su hermano se negaron a pagar esa comisión y la Expo 92 forzó a su empresa Río Cocón a ceder el contrato a otra sociedad, denominada Coordinación S. A., propiedad de otro amigo de los hermanos De Coca.

De toda aquella parafernalia de la Exposición quedaron el AVE y un suelo público en la Isla de la Cartuja cuyo uso y gestión siguen discutidos. Por lo demás, Andalucía sigue a la cola de las regiones de España y Europa en lo fundamental.

Coordinación S. A. no se había presentado al concurso inicial, pero gracias a las relaciones de los hermanos De Coca con Jacinto Pellón le fue adjudicado a dedo el contrato definitivo para la construcción de los módulos prefabricados. Los accionistas de Río Cocón pidieron ir al Parlamento a explicar su caso, algo que no consiguieron. Es más, se les abrieron diligencias por denuncias falsas en un juzgado de Madrid.

Alguien nada sospechoso de hostilidad hacia el PSOE, el ya desaparecido José Enrique Rosendo, exconcejal socialista de El Pedroso (Sevilla), luego empresario de éxito con los ERE de por medio, contó cómo se fraguaron en la Expo 92 algunas carreras empresariales extraordinarias:

[Luis] Portillo hizo fortuna a la sombra de la Expo 92 y luego con la compra y promoción de suelo residencial en Andalucía. Con los primeros dinerillos se alió con algunas cajas andaluzas, y pronto saltó al estrellato al comprar y luego vender, con largas plusvalías, un paquete importante de Metrovacesa. Con ese dinero calentito, más un paquete de suelo recalificado, se hizo con Inmocaral, la antigua Fosforera Española transitada a inmobiliaria en los tiempos de González, que finalmente adquirió Colonial a La Caixa y el 15% de FCC, entre otras proezas.

Como siempre, hay quien lo niega todo y defiende incluso la figura de Jacinto Pellón. Juan Cruz en El País escribió hace poco que nada de lo contado sobre la Expo 92 y Pellón es cierto:

No era verdad; no exigió comisiones, no las obtuvo, no existieron. Lo dijo la justicia, cuando ya él era un hombre al que le había sobrevenido la melancolía del insultado.

Pero ¿qué justicia? Debe de referirse al sumario abierto tras las denuncias del Tribunal de Cuentas y cerrado luego por el entonces juez muy hostil al PSOE de Felipe González Baltasar Garzón, tras ser apartado por aquél de su aspiración ministerial. La memoria no acompaña precisamente a la ciudadanía española y por tanto es casi imposible que se recuerde que cursó comisiones rogatorias a las autoridades judiciales de Chile y de Francia para que le ayuden a localizar a testigos cuyas declaraciones fueron solicitadas por el fiscal del caso Expo 92. Tampoco se recuerda que fueron imputados nada menos que el propio Olivencia –sin explicación alguna–, Jacinto Pellón, Emilio Cassinello y otros varios.

Tras siete años de investigación, en junio de 2003 Baltasar Garzón, a petición del entonces fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, decretó el archivo del caso Expo 92. Garzón señaló en su auto que las diligencias practicadas –entre ellas, seis comisiones rogatorias– no habían demostrado la existencia de delito alguno. Por tanto, nadie ha explicado por qué se pagaron 6.500 millones de pesetas a la sociedad suiza Telemundi, ni quién se benefició de esos pagos ni quiénes eran los verdaderos dueños de Telemundi, o si se desvió dinero de esta sociedad a la Filesa suiza. Estas y otras muchas preguntas, subrayó El Mundo, quedaron sin respuesta tras la decisión de Garzón de archivar la causa.

Sin embargo, Telemundi era una empresa suiza sin relevancia para la gestión de grandes eventos en cuyo Consejo de Administración aparecieron personas vinculadas con el PSOE y la UGT, además de otras relacionadas con los poderes fácticos españoles, Monarquía inclusa. Todo ha quedado enterrado por los siglos de los siglos.

Puede debatirse ahora, 25 años después, la calidad de la herencia de la Expo 92. Puede ponerse en duda si fue o no un éxito de imagen para la España de las Olimpiadas de Barcelona. Lo que no puede discutirse es que Andalucía, ya enferma de irregularidades por la gestión de un socialismo tejedor de una particular tela de araña, pasó a ser considerada la región de España con más corruptos por metro cuadrado, imagen que se hubiera mantenido hasta hoy de no haberse revelado con claridad –caso Pujol y otros de por medio– que la corrupción es un cáncer que afecta a la democracia española en su conjunto.

De toda aquella parafernalia de la Exposición quedaron el AVE y un suelo público en la Isla de la Cartuja cuyo uso y gestión siguen discutidos. Por lo demás, Andalucía sigue a la cola de las regiones de España y Europa en lo fundamental.