La bandera y la cartera

Muy acertado ha estado el fiscal del llamado caso Palau al denunciar cómo los nacionalistas imputados por el saqueo de la institución cultural "envolvían en la bandera los atropellos con la cartera". Sin embargo, alguien debería de denunciar también las veces en las que el Gobierno de España ha echado mano a la cartera de todos los contribuyentes españoles para tratar de que los nacionalistas arríen la bandera del secesionismo.

Desde su creación, el mismo año en el que arranca en Cataluña lo que el Gobierno de Rajoy ya se atreve a denominar –veremos por cuánto tiempo– "intento de golpe de Estado", los Fondos de Liquidez Autonómica han tenido como principal destinatario la Administración regional en manos de los golpistas. Se dirá –y con razón– que ese dinero no va a los bolsillos particulares de los separatistas, sino que constituye una línea de crédito barato orientada a cubrir los gastos en educación o sanidad que la Generalidad no alcanza a atender a pesar de los cuantiosos recursos propios con que le dota la financiación autonómica ordinaria.

Sin embargo, no menos escandaloso debería resultar que los Fondos de Liquidez Autonómica sirvan para tapar los agujeros que, en sanidad u otras áreas competenciales que la Administración regional tiene legalmente encomendadas, deja la malversación de fondos públicos destinada a sufragar el Consejo Asesor para la Transición Nacional de Cataluña u otras ilegales estructuras de Estado, que, como también sucede con las delictivas consultas secesionistas, no costean los golpistas de su bolsillo.

Que Rajoy recurra a la cartera de los contribuyentes españoles para que los golpistas de la Generalidad arríen la bandera del secesionismo es una vergüenza que, en realidad, sólo está sirviendo para evitar que la bandera secesionista arrastre a la Administración regional a la suspensión de pagos y al Gobierno de España al engorro de tener que intervenirla, ya no por razones de defensa del orden constitucional sino estrictamente económicas. Ese es el motivo por el que se puede asegurar que el Gobierno de Rajoy, de forma absolutamente indirecta, pero no menos claramente decisiva, está financiando el ilegal proceso secesionista iniciado en 2012.

No menos velada forma de recurrir a la cartera de los contribuyentes para hacer frente a esta bandera del secesionismo fue el "nuevo y singular modelo de financiación para Cataluña" que el PP catalán –a instancias, naturalmente, de Rajoy– presentó en el Parlamento autonómico en enero de 2013, cuando el procès todavía no era un "golpe de Estado" pero ya era visto como algo más grave una simple "algarabía". Aquella propuesta, que Sánchez Camacho tuvo la poca vergüenza de calificar de "leal con España", no era más que una maquillada cesión al chantaje de Mas, que los golpistas rechazaron porque llegaba "tarde".

¿Y qué decir de aquella bochornosa sentencia de conformidad a la que se avino la Fiscalía de Barcelona en el caso Pallerols, en el que se dilucidaba la financiación ilegal de Unión Democrática de Cataluña y que algunos creyeron que serviría al Gobierno para lograr futuros apoyos de esta formación para desactivar el proceso secesionista? Con independencia de banderas y carteras, lo que es un hecho es que se retiró la acusación de malversación, por lo que ninguno de los condenados tuvo que ir a prisión.

En cualquier caso, que algunos nacionalistas recurran a la cartera del contribuyente para costearse su lujoso tren de vida particular no debería resultar más escandaloso que el que lo hagan para financiar, bandera catalana en mano, la quiebra de nuestra nación entendida como Estado de Derecho. Y no menos escandaloso resulta que el Gobierno de Rajoy lo consienta y hasta lo oculte.