Turquía, de vuelta al sultanato

Este martes, el Parlamento turco votó mayoritariamente su disolución, al aprobar la toma en consideración de una reforma constitucional que convertirá a la cámara parlamentaria en un mero instrumento decorativo en manos del presidente de la República. La propuesta del partido de Erdogan salió adelante con 338 votos a favor, ocho más de la mayoría cualificada de tres quintos exigida para una asunto de este calado.

Recep Tayyip Erdogan, el hombre fuerte de Turquía en la última década, no oculta su deseo de convertirse en un presidente con un poder ejecutivo irrestricto. El borrador de reforma constitucional, que ya ha comenzado su trámite legislativo, es el instrumento para llevar a cabo un cambio del sistema político turco, que pasará de ser parlamentario a uno de tipo presidencial con los más amplios poderes en manos del jefe del Estado.

Si la reforma constitucional es aprobada por el Parlamento y refrendada por la ciudadanía sin cambios significativos, Turquía dejará de tener un primer ministro o jefe de Gobierno como gran agente del Poder Ejecutivo y sus funciones pasarán a ser asumidas directamente por el presidente de la República, es decir, Recep Tayyip Erdogan. Ese es, con seguridad, el cambio más profundo que sufrirá el régimen político que allí impera.

En este nuevo régimen, el presidente tendrá potestad para legislar al margen del Parlamento a través de decretos, y sólo en lo referido a los derechos y deberes fundamentales seguirá necesitando el apoyo del Legislativo. El jefe del Estado podrá también ejercer su derecho de veto sobre cualquier proyecto de ley elaborado por el Parlamento y devolverlo a la Cámara para su reforma. Como denuncia la oposición, esa transferencia de poder del órgano legislativo al presidente supone preservar de manera permanente una especie de estado de excepción en el que las leyes y las instituciones quedarían al arbitrio del presidente de la República. De hecho, según este borrador de reforma constitucional, el presidente podrá decretar el estado de emergencia y el resto de situaciones de excepción sin necesidad de refrendo parlamentario.

En el curso ordinario de la acción política, Erdogan tendrá la facultad de nombrar y destituir a las principales autoridades del país, y en especial a los integrantes Consejo de Ministros, sobre los que tendrá mandato directo, en tanto que gran responsable del gobierno de la nación. También decidirá sobre la suerte profesional de los más altos funcionarios públicos, a los que nombrará y destituirá según su particular criterio.

Sin embargo, lo que más preocupa a la oposición en este ámbito es la capacidad del presidente para decidir los nombramientos del Alto Consejo de Jueces y Fiscales, principal órgano judicial del Estado turco. Si finalmente el borrador es aprobado, el Consejo reducirá sus miembros a 12, frente a los 22 actuales. El jefe del Estado nombrará, además de a su presidente –en última instancia, un puesto reservado al ministro de Justicia–, a la mitad de los integrantes del Consejo. Este órgano decide sobre los nombramientos, destinos y eventuales destituciones de jueces y magistrados, así como la creación, supresión o traslado de órganos judiciales, todo ello sin control parlamentario. Dado que el presidente ya no será una figura formalmente ajena a la batalla política, sino la máxima encarnación del Poder Ejecutivo, esto significa que un partido político tendrá en su mano la capacidad de diseñar una Justicia a su medida, por lo que desaparece por tanto cualquier viso de independencia judicial.

Finalmente está la cuestión de los mandatos presidenciales. En principio, el presidente solo podrá estar dos legislaturas en el cargo. Sin embargo, el borrador introduce una salvedad muy significativa. Se trata de la facultad del presidente de presentarse a un tercer mandato siempre que disuelva el Parlamento y convoque elecciones de manera anticipada. Esta posibilidad permite de hecho que una misma persona pueda estar al frente del Estado turco de manera vitalicia.

Si el Parlamento y el pueblo turcos aprueban esta reforma constitucional, el sistema político estará mucho más próximo a la primera Constitución escrita del país, la de 1876, que confería máximos poderes al sultán. El impulso de Ataturk, en 1923, diseñó la moderna República de Turquía, cuyo armazón político ha sobrevivido hasta ahora. Erdogan puede dar marcha atrás un siglo y convertirse en un nuevo sultán, aunque con ropajes democráticos. La respuesta se conocerá el próximo 2 de abril, fecha elegida para que los turcos decidan su futuro.

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