Una decisión que perjudica la salud

El presidente socialista de la Generalidad Valenciana ha anunciado en el parlamento regional que el Hospital público de Alcira dejará de ser gestionado por una compañía concesionaria privada y pasará a ser gestionado de forma directa, es decir, por funcionarios públicos. Ocurrirá en 2018, cuando concluya el actual plazo de concesión, y detrás de Alcira vendrán los demás hospitales públicos de gestión privada que funcionan desde hace casi veinte años en la Comunidad Valenciana. Es decir, la única reforma que la izquierda española propone en el sistema público de salud es volver al pasado, al vetusto sistema de empleados públicos con el puesto asegurado de por vida, de sindicatos campando a sus anchas por los hospitales, y de gasto público que crece no para proporcionar mayor salud, sino para dar más comodidad a los que administran el presupuesto público.

Una decisión así es muy grave, y requeriría un gran debate nacional. Es difícil que exista ese debate, cuando ninguna opción política parece dispuesta a defender algo diferente a los más anticuados dogmas socialistas sobre la sanidad. España va a tener un problema muy grave con su gasto sanitario en las próximas décadas, cuando lleguen a las edades más avanzadas -que son las de mayor gasto en salud- las generaciones nacidas en los años sesenta y setenta. Va a haber muchas menos personas sosteniendo con sus impuestos un gasto en salud que lleva ya años disparado. Y la única fórmula que el inmovilismo de la política española había dejado que apareciera, la de los hospitales públicos gestionados por empresas especializadas, es precisamente la que los socialistas anuncian que van a suprimir. Si malo es que el Estado se ponga a curar enfermos, peor es que vuelva a hacerlo allí donde las empresas llevan años demostrando que sus médicos y enfermeros son perfectamente capaces de prevenir, tratar y curar las enfermedades.

Recordemos: estamos hablando de hospitales públicos que atienden a los pacientes del sistema público, en las mismas condiciones que el resto de los hospitales, es decir, pagados con impuestos y sin copago en el momento en que el paciente es atendido. Las empresas que gestionan estos hospitales en Valencia o en Madrid lo hacen después de ganar un concurso público. El gobierno autonómico paga a la empresa una cantidad fija per capita. Los ciudadanos, en el caso de Madrid, tienen libertad de elección y pueden elegir ser tratados en otro hospital, en cuyo caso la empresa concesionaria sufre una fuerte penalización económica. Ese sistema crea un incentivo muy poderoso para que la empresa gestora del hospital desee, por encima de todo, atender muy bien a sus pacientes y que estos estén muy satisfechos. Solo así, atendiendo muy bien a sus pacientes, la empresa que gestiona el hospital logrará obtener beneficio.

El resultado es que casi una decena de hospitales funcionan así en Valencia y en Madrid, atendiendo a unos dos millones de personas. Basta asomarse a ver los datos objetivos para conocer los resultados. Lo más importante: los hospitales de gestión privada tienen los mismos indicadores de efectividad clínica y seguridad del paciente que el resto de los hospitales. Añadamos a eso que la satisfacción de los pacientes es mucho mayor que en los hospitales gestionados por funcionarios. Las reclamaciones son muy inferiores y el gasto público es entre un 20 y un 30 por ciento menor que cuando la gestión la hace directamente la administración pública.

Para los defensores del modelo funcionarial lo que importa es que el médico o el enfermero sean empleados públicos. Sin embargo para los pacientes eso es irrelevante, lo que importa es que los médicos y enfermeros presten atención a su enfermedad y le ofrezcan el tratamiento más eficaz. Y para los ciudadanos lo mejor es que eso se haga con el menor consumo posible de dinero del contribuyente, esto es: gastando todo lo necesario para cuidar al enfermo, pero no desperdiciando dinero de todos en aquello que no aporte nada a la salud. Por eso las fórmulas de colaboración público-privada se van extendiendo cada vez más por todo el mundo, y especialmente en aquellos países que más necesitan mejorar. El llamado "modelo Alcira" es un modelo que ha generado interés y que ya está en varios continentes. Ahora se le corta su raíz original, tal vez para quitarle incluso su nombre, negando su existencia y su futuro.

¿Quién dice que solo hay salud si el Estado se ocupa de todo, de recaudar, de gastar, de organizar, de dirigir, de operar y de arrastrar las camillas de los enfermos? ¿De verdad alguien piensa que no existe curación posible fuera de un sistema con funcionarios públicos? Es mucha arrogancia, ¿no les parece? Mucha arrogancia y mucha ignorancia. La mayor parte de los países más avanzados tienen sistemas de salud en los que predomina la gestión privada. En los sistemas sanitarios públicos de muchos países quien atiende a los pacientes son empresas privadas, con médicos y enfermeros contratados o que ejercen libremente su profesión. No piensen que hablo de países marginales o con dudosos resultados. Hablo de Suiza y de Suecia, de Alemania y de Holanda, de Francia y de Austria.

Hace cuatro años propuse dar un paso decisivo para transformar el sistema público de Madrid en esa dirección. Una marea de mentiras se interpuso y un tribunal, finalmente, lo bloqueó. Después vino el Tribunal Constitucional a poner las cosas en su sitio, al sentenciar sobre ese caso diciendo que "la Constitución no exige que el mantenimiento de un régimen público de Seguridad Social requiera necesariamente y en todo caso un sistema de gestión pública directa". Dimití al no poder hacer aquello en lo que creía. Dejé la política y hoy estoy muy lejos física y mentalmente de ella, en un tiempo en que ser liberal en España es llorar. Pero no me callo ante esta decisión del gobierno valenciano, que considero sencillamente desastrosa para todos los españoles.

España no necesita más despilfarro de gasto público, sino menos. No necesita más políticos tomando decisiones sobre cómo y dónde hay que curar a los enfermos, sino menos. No necesita más funcionarios, sino médicos y enfermeros tan buenos como los que hay, que tengan sencillamente el mismo contrato que el resto de los mortales. España no necesita la arrogancia de los cobardes, sino la audacia de los que se atreven a innovar y a reformar, como lo hicieron Eduardo Zaplana en Valencia y Esperanza Aguirre en Madrid.