Proceso separatista: ¿Qué más tiene que pasar?

Los grupos separatistas en la cámara regional catalana han dado un nuevo golpe en el golpe por fascículos que ya dura un quinquenio. En la sesión plenaria del miércoles y tras una artera, truculenta y filibustera interpretación del reglamento de la institución, los “soberanistas” se han situado al margen de la legalidad democrática y constitucional y con ellos, al "Parlament", que ha quedado deslegitimado tras la aprobación a cargo de Junts pel Sí y la CUP del "inicio de la desconexión" del resto de España.

Estaban advertidos por una interlocutoria del Tribunal Constitucional, pero eso no ha sido óbice, como es costumbre en Cataluña, para que la presidenta de la cámara, los antecitados grupos y el gobierno autonómico en pleno se hayan insubordinado de manera tan palmaria como escandalosa. Las leyes democráticas, el régimen constitucional y las disposiciones del más alto tribunal no les afectan. Han declarado que el parlamento es soberano y no se trata de una proclama cualquiera, ni de un nuevo desafío, sino de un acto de desobediencia en toda regla, de una ilegalidad obvia y obscena, de un punto de no retorno.

La Constitución, el Estado y la Nación han sido humillados, injuriados y anulados en Cataluña sin que tal suceso haya provocado una reacción consistente, clara y eficaz. Se han registrado eso sí, la reaparición de Pedro Sánchez, siempre abierto a modificar la Carta Magna para solaz de los separatistas, y la fofa intervención del Gobierno en funciones, a través de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría (quien hace menos de una semana negociaba con el golpista vicepresidente de la Generalidad, Oriol Junqueras, nuevas ampliaciones de crédito financiero) para anunciar que le pasará la patata caliente al TC.

Mientras eso ocurría en el parlamento catalán, el Rey Felipe VI recibía en la Zarzuela al cabecilla de los separatistas en Madrid, Francesc Homs, quien suscribió ante el monarca y de cabo a rabo la declaración antidemocrática de sus colegas. Pocas horas después, PP y PSOE debían decidir si otorgaban a los convergentes grupo propio. La deliberación se ha aplazado 48 horas, lo que indica un evidente intento de desvincular la graciosa concesión del ataque contra el Estado de Derecho del parlamento catalán perpetrado por los grandes beneficiarios de la pasividad gubernamental y la estulticia socialista.

Actos como el acaecido este miércoles en el hemiciclo catalán ponen de manifiesto la falta de tensión de los partidos nacionales, una notoria incapacidad gubernamental para frenar el proceso separatista y el desprecio absoluto por parte de los golpistas del Tribunal Constitucional, cuyas advertencias, resoluciones y sentencias son papel mojado para el "Parlament".

La política de contemporización del Gobierno con la Generalidad no ha obtenido ningún resultado. Tampoco el permanente auxilio financiero para evitar la quiebra de la administración catalana. Es cierto que Ciudadanos y el PP, que no así el PSC, han abandonado el pleno ante la ilegalidad que se llevaba cabo. Pero no es menos cierto que pasado el "incidente" han vuelto a sus escaños como si no hubiera ocurrido nada que impidiera continuar con el pleno de la desconexión y en lo que supone un anticipo de que los hechos y actos consumados del separatismo no tendrán, otra vez, consecuencias. La palabra “disolución” y el artículo 155 de la Constitución no figuran en el vocabulario del Gobierno y muchos menos en el del PSOE. Es como si las leyes tampoco contaran para ellos.