La derrota policial, que no política, de ETA

Hace ahora cuatro años, el 20 de octubre de 2011, la banda terrorista ETA anunció el "cese definitivo" de su "actividad armada". Es decir, después de haber asesinado a 857 personas y herido a miles más a lo largo de sus más de 50 años de macabra existencia, el grupo terrorista decidía poner fin a su historial criminal.

No lo hizo por ningún tipo de convicción, por llegar a la conclusión de que matar a seres inocentes para intentar conseguir objetivos políticos fuese algo inmoral. No, anunció el "cese definitivo" por dos motivos: porque se sentían acorralados y acogotados por la eficacísima actuación de la Guardia Civil y de la Policía Nacional y porque vieron –esa fue la nefasta consecuencia de la negociación política que llevó a cabo Zapatero con ETA– que tampoco necesitaban seguir matando para ir alcanzando, aunque fuera poco a poco, sus objetivos políticos, ya que el Estado había dado muchas muestras de debilidad.

Es verdad que para quienes eran los objetivos potenciales de la banda terrorista y, sobre todo, para los militantes y cargos públicos vascos de partidos como el PP o el PSE fue un alivio este anuncio de ETA. Después de tantos años de terror, esa reacción humana, esa sensación de que la amenaza y el acoso terrorista empezaban a ser cosa del pasado, era algo perfectamente comprensible. Y hay que alegrarse, personalmente lo hago, por todas aquellas personas que ya pueden pasear por las calles del País Vasco sin tener que ir acompañados de escoltas o que ya no tienen que mirar en los bajos del coche antes de montarse en él por si hubiera una bomba-lapa.

Pero, dicho lo anterior, también hay que subrayar que, pasados cuatro años desde ese anuncio de los terroristas, el balance tiene sus partes negativas: ETA ni se ha disuelto, ni ha entregado las armas, ni ha pedido perdón a las víctimas, a la sociedad, por los crímenes cometidos, por el daño causado.

ETA ha sido derrotada policialmente, pero no políticamente. El expresidente Zapatero, con la connivencia de un Tribunal Constitucional presidido por su amigo Pascual Sala, consiguió que los terroristas volvieran a las instituciones legalizando a un partido, Sortu, que había sido declarado ilegal por el Supremo.

La cooperación voluntaria y calculada de Rajoy en esta cuestión cuando llegó a La Moncloa, en noviembre de 2011, dando continuidad y respetando los pactos que Zapatero había alcanzado con ETA formará parte de la historia más negra del actual PP. Con una mayoría absoluta, Rajoy ni se planteó aplicar la ley de partidos todavía vigente para ilegalizar a las diversas marcas de ETA. Prefirió respetar el statu quo pactado por Zapatero con la banda terrorista.

Y todavía está por explicar, aunque uno se lo puede imaginar, el contenido de la insólita reunión de dos horas de duración que mantuvo el 10 de enero de 2012 en la sede de Interior el ya expresidente Zapatero con el titular de ese ministerio, Jorge Fernández Díaz. ¿Qué le transmitió Zapatero en esa reunión al ministro responsable de la lucha antiterrorista? Insisto, algo fácil de imaginar.

Decía que sí se puede afirmar que la banda terrorista ha sido derrotada policialmente, pero no políticamente. A los datos me remito. Durante cuatro años (2011-2015) han gobernado la Diputación Foral de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de San Sebastián. Tras las elecciones municipales del pasado mes de mayo, se han hecho con el Ayuntamiento de Pamplona, fueron claves para que la nacionalista Uxue Barkos llegara a la Presidencia de Navarra y de esa manera poder iniciar el proceso que lleve a uno de los objetivos de ETA y del nacionalismo vasco: la incorporación de Navarra a la Comunidad Autónoma Vasca.

Además, la marca política con la que ETA se presentó a las últimas elecciones municipales, EH-Bildu, gobierna con mayoría absoluta en 90 ayuntamientos de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, territorios en los que consiguió un total de 1.195 concejales. Nadie con capacidad para ello hizo nada para impedirlo.

Las víctimas del terrorismo se han sentido, no solamente durante estos cuatro años, sino desde que Zapatero empezó a negociar con ETA, muy zaheridas y maltratadas por el poder político, no así por la sociedad. El PP, que hizo de la defensa de las víctimas del terrorismo, del respeto a su memoria y a su dignidad, una de las líneas de acción más justas y decentes con los Gobiernos de Aznar, no ha tenido esa misma actitud con los Gobiernos de Rajoy. Aparte de la liberación de Josu Bolinaga, uno de los torturadores/secuestradores de Ortega Lara, se puede recordar la celeridad con la que este Ejecutivo aplicó la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, sin que previamente hiciera nada para influir en ella, por la que un buen número de sanguinarios etarras salieron a la calle.

En definitiva, todavía quedaría mucho por hacer para conseguir la derrota total y definitiva, no sólo la policial, también la política, de ETA y de todo lo que el proyecto totalitario de ETA encarna. El problema es que hay indicios más que suficientes para pensar que, por un lado, la sociedad vasca quiere pasar página de este trágico capítulo de su historia reciente y, por otro, ni el actual Gobierno ni el que llegue después del 20-D van a tener ese final como una prioridad de su acción gubernamental. Total, si ya no matan…