Un Gobierno que no se atreve a asumir su responsabilidad

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no sólo tiene el deber de cumplir la ley y las sentencias, también el de hacerlas cumplir. El presidente de la Generalidad, Artur Mas, viene incumpliendo todas las resoluciones judiciales que le obligan a poner fin a la coactiva e ilegal inmersión lingüística que se perpetra en Cataluña con la misma sensación de impunidad con la que desobedeció las sentencias del Tribunal Constitucional que le habían prohibido taxativamente la celebración de una consulta secesionista el 9 de noviembre del pasado año. El sedicioso mandatario regional ya ha anunciado su intención de hacer una no menos ilegal declaración unilateral de independencia en el caso de ganar las elecciones autonómicas del próximo día 27.

Ante estos hechos, el Gobierno podría hacer cumplir la ley y las sentencias instando el procesamiento de los gobernantes autonómicos catalanes por los delitos de desobediencia, prevaricación, usurpación de atribuciones e incluso malversación de caudales públicos. Esto es, de hecho, lo que se atrevió a hacer el anterior fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, al presentar una querella contra Artur Mas y otros miembros del Gobierno secesionista catalán por la consulta del 9-N.

No es menos cierto que Torres Dulce dimitió poco después de presentar esa querella, que viene acumulando tanto polvo como las desobedecidas sentencias de los más altos tribunales contrarias a la inmersión lingüística.

Por otra parte, si el Gobierno de Rajoy no quiere ver a los gobernantes nacionalistas sometidos al mismo Código Penal que rige para el resto de los españoles podría, al menos, intervenir directamente la Administración regional catalana aplicando el artículo 155 de la Constitución. En este caso, se trata de una decisión estrictamente política que, si bien en sí misma no supondría para los gobernantes secesionistas ninguna consecuencia penal, al menos sí les apartaría de las responsabilidades de gobierno y del acceso a los caudales públicos con los que están financiando su ilegal y carísimo proceso de construcción nacional.

Por cosas mucho menos graves, como el incumplimiento de los topes de déficit, Montoro aseguró a comienzos de la legislatura que al Gobierno no le temblaría el pulso a la hora de intervenir una comunidad autónoma, cosa que, además de la Constitución, contempla la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Es evidente que a Rajoy le tiembla el pulso tanto para suspender la autonomía de Cataluña como para instar el procesamiento de sus gobernantes regionales, por graves que sean los delitos en que hayan podido incurrir. Y para ocultar ese temblor no se le ha ocurrido otra cosa que tratar de pasarle la papeleta al Tribunal Constitucional. No otra cosa significa el anuncio de un rocambolesco cambio legislativo por el que no sería responsabilidad de su Ejecutivo el cumplimiento de las sentencias, sino del propio TC, que pasaría a tener facultades para poner multas y "acordar la suspensión de autoridades o empleados públicos".

Con este cambio legislativo, el Poder Ejecutivo traslada al Judicial la obligación de garantizar que las sentencias no queden en papel mojado. Para colmo, este cambio legislativo lo ha anunciado el candidato del PP catalán, Xabier García Albiol, con lo que se ha dado la impresión de que se trata de una ley electoralista y ad hoc.

Para acabar con la impunidad de los gobernantes nacionalistas no hay que hacer una ley específica para ellos, sino aplicarles la que ya impera para el resto de los españoles. Y es que de nada servirá ningún cambio legislativo si el Gobierno de la nación sigue situando a Artur Mas por encima de la ley.