La 'abuela de Fuerteventura' y el 'Molt Honorable' de Cataluña

Supongo que el Gobierno de Rajoy no dejará que pase el Consejo de Ministros de este viernes sin indultar a quien ya se conoce como "la abuela de Fuerteventura", una pobre señora de 63 años que fue declarada culpable de un delito contra el medio ambiente por haber construido su casa en un paraje protegido, en el Parque Rural de Betancuria, y condenada a seis meses de cárcel, 700 euros de multa y el derribo de su vivienda, considerada ilegal.

Doña Josefa Hernández pagó en su día la multa, pero no demolió la casa porque no tenía ni tiene otro lugar al que irse a vivir con los cinco familiares que dependen de ella: un hijo en paro, una hija discapacitada y tres nietos menores de edad. Esta desobediencia es la que ha sido esgrimida por el juzgado de Puerto del Rosario para exigir el cumplimiento de una pena de prisión que inicialmente había quedado en suspenso pero que llevó finalmente a la anciana a la cárcel de Tahíche el pasado lunes.

Aunque la anciana salga hoy mismo en libertad, su caso ilustra de manera dramática hasta qué punto hay en nuestro sistema de administración de Justicia una doble vara de medir y hasta qué punto es lamentablemente falso eso de que todos somos iguales ante la Ley. Mas aun si comparamos el desacato de esta pobre señora con la mucho más clamorosa y grave desobediencia perpetrada por el presidente de la Generalidad al negarse a cumplir reiteradas resoluciones de nuestros más altos tribunales que le prohibieron taxativamente la celebración de su ilegal consulta secesionista del 9-N.

Hasta la fecha nada se ha sabido de la querella presentada contra Artur Mas por los delitos de desobediencia, usurpación de funciones, malversación de caudales públicos y prevaricación, salvo la dimisión del fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, poco tiempo después de atreverse a presentarla. Y eso que me limitó a la ilegal consulta secesionista, porque también podríamos sacar a colación la todavía más lejana, grave y permanente desobediencia respecto de las resoluciones judiciales contrarias a la inmersión lingüística, o la más reciente, pero no menos grave, edificación de estructuras de Estado que la Generalidad ya ha iniciado y contra las que nuestras élites judiciales, políticas e incluso mediáticas apenas dicen nada.

Lo que se está edificando en Cataluña contra nuestra nación y nuestro ordenamiento jurídico es infinitamente más grave que las ilegales obras de ampliación de vivienda que doña Josefa Hernández se vio forzada a hacer por razones familiares en un paraje protegido. La diferencia está en que al presidente de la Generalidad, gracias a Rajoy y a sus fondos de liquidez autonómica, no le está faltando dinero para acometer las obras de construcción nacional, mientras que a la anciana canaria la construcción de su vivienda le ha costado el pago de una multa y una estancia –esperemos que breve– en prisión.

Claro que Artur Mas no deja de ser el molt honorable presidente de la Generalidad, mientras que Dña. Josefa Hernández no pasa de ser "la abuela de Fuerteventura".