Las tres cagadas del Tribunal Supremo

Para los interesados en filosofía del Derecho, así como para los que nos entretenemos con el funcionamiento interno de la mayor democracia del mundo, al margen de que sus pequeños detalles no nos afecten personalmente, la semana pasada fue especialmente interesante.

El Tribunal Supremo de EEUU funciona a base de sesiones donde se escuchan los argumentos de las partes de cada caso, se delibera y finalmente se publican las decisiones y votos particulares o concurrentes sobre todos ellos en un periodo muy corto. La semana pasada supimos de tres decisiones que resultan duras para quienes creen que el TS debe basar sus decisiones en el Derecho y no en lo que le parece correcto para luego buscar excusas legales que justifiquen aquéllas. De las tres, quizá la menos importante sea la del matrimonio homosexual. No porque sea correcta: el tribunal tortura la Constitución escrita para hacerle decir que es un derecho individual que protege, y por tanto aplica la Decimocuarta Enmienda para hacerlo obligatorio en todos los estados. Pero es algo que se ha hecho antes, por ejemplo con el aborto, de modo que no es una novedad. Es curioso, por otra parte, que un derecho sí reconocido explícitamente, como es el de portar armas, no ha llevado a obligar a los estados a respetarlo. Se ve que los derechos sólo son tales si a la izquierda le parece que lo son.

Más lamentable es el fallo que amplía una ley de 1968 que prohíbe discriminar por raza u otro factor en la compraventa o alquiler de una casa. El Supremo ha decidido que, aunque no tengas intención de discriminar, si lo que haces no es explícitamente discriminatorio pero sí tiene un impacto distinto en distintas razas, entonces eso es ilegal. Por ejemplo, si hay más drogadictos de una raza que de otra, entonces es ilegal negarte a alquilar tus pisos a drogadictos, sean de la raza que sean. De modo que el Tribunal Supremo reescribe la ley para obligar a los propietarios a discriminar en la realidad con el objetivo de ajustarse a un mundo ideal donde los distintos grupos étnicos tengan una representación porcentualmente idéntica en todos los ámbitos. Un mundo ideal que no ha existido jamás en la historia, con o sin discriminación.

Pero lo peor con diferencia es la reescritura creativa de la ley sanitaria conocida como Obamacare. Tal y como fue aprobada en el Congreso, esta norma indicaba que se debía dar subsidios a las personas con menos recursos para que pudiesen comprar seguros sanitarios en "los mercados establecidos por los estados". Unas palabras que se repiten varias veces en el texto. Pero como muchos estados no han creado esos mercados, la mayoría de los afectados por la ley compran su seguro en el mercado del Gobierno federal. Y reciben subsidios, pese a que la ley indica explícitamente que no deberían. Y va el Supremo y dice que sí, que bueno, pero que en realidad la norma no quería decir lo que explícitamente dice.

Con decisiones como estas tres, el Tribunal Supremo de Estados Unidos abandona su papel de intérprete de las leyes escritas para someterlas a la Constitución y se convierte en un legislador de último recurso, una especie de tercera cámara del Congreso. Es una deriva impulsada por los jueces mal llamados progresistas: en los tres casos había dudas de qué iban a decidir los conservadores, porque todo el mundo sabía que los cuatro de izquierdas apoyarían un fallo acorde a la política de izquierdas. En definitiva, el Supremo se ha convertido en algo muy parecido a nuestro Constitucional. Y si esto sucede en EEUU, con un tribunal con siglos de tradición a sus espaldas, parece imposible que ya pueda existir una corte superior en país alguno que haga su labor al margen de la ideología, fijándose sólo en el Derecho. Duele decirlo, pero el uso alternativo del Derecho ha triunfado.