O España o Estado de las Autonomías

Las evidencias claman al cielo, pero ningún político se enfrenta a ello. Desde hace ya muchos años nadie puede negar que los muros de la patria nuestra, si un tiempo fuertes, hoy yacen desmoronados. Y la grieta por la que empezaron a resquebrajarse, incesantemente agrandada desde dentro, no ha sido otra que el Estado de las Autonomías, aquella ocurrencia diseñada por los constituyentes de 1978 para aplacar el separatismo y que lo único que ha conseguido es agravarlo, extenderlo y afianzarlo.

El hecho de que el Estado de las Autonomías haya servido de trampolín para que los separatistas puedan lanzarse con más fuerza hacia sus objetivos y que, por lo tanto, sea la principal causa de autodestrucción de España basta por sí solo para redactar una nueva Constitución no autonomista. A grandes males, grandes remedios. Y los políticos que, quizá llenos de buenas intenciones, no alcanzan más que a aceptar la posibilidad de corregir los defectos, eliminar los abusos y encauzar debidamente el funcionamiento de las comunidades autónomas lo único que demuestran con ello es su mediocridad y su cobardía.

Pero no es éste el único problema, pues la estructura autonómica es la principal responsable de que hoy haya en España cuatro veces más funcionarios que en 1975 sin que la población se haya multiplicado ¡ni mucho menos! por cuatro. Además, hay que tener en cuenta la tara, ya imposible de ocultar, de que hay muchas competencias solapadas y compartidas por la administración central y las autonómicas. ¡Y en la era de la informática, eso que se supone que, al simplificar y acelerar el trabajo, permite reducir el número de empleados!

A ello hay que añadir, por supuesto, el número de políticos: nada menos que dieciocho poderes legislativos y dieciocho poderes ejecutivos, con sus astronómicos gastos y sueldos. La respuesta que suele darse a esta cuestión es que si se eliminaran las autonomías y, por lo tanto, se adelgazara la cantidad de servidores públicos, las cifras del paro aumentarían enormemente. Pues bien, algún día habrá que coger el toro por los cuernos y empezar a olvidarse de la teta del Estado como medio de subsistencia, terapia de choque que tantos beneficios aportaría a un pueblo español distinguido por ser el más apegado de Europa al Estado del Bienestar, el más aficionado a sacarse un puesto vitalicio de funcionario y el menos interesado en ganarse la vida por su cuenta.

Tampoco puede olvidarse el papel del entramado autonómico en la insoportable corrupción que ha llevado a un porcentaje muy notable de españoles a la indignación general contra el sistema, lo que no le aporta precisamente estabilidad y fortaleza. No nos extrañe que hayan surgido y sigan surgiendo recetas demagógicas y disparatadas. Pues no puede darse la espalda al hecho de que ha sido precisamente el sistema autonómico la principal fuente de corrupción y desprestigio de nuestro Estado. Lejos de acercar la administración al ciudadano, letanía ante la que en 1978 todos debieron guardar respetuoso silencio, lo que se ha conseguido en demasiadas ocasiones es acercar la bolsa del dinero a las manos de políticos derrochadores, corruptos e irresponsables. Ejemplos de ello los hay a cientos: ponga cada uno el que prefiera.

Por si todo esto fuera poco, la fragmentación característica del Estado de las Autonomías ha conseguido que los españoles no seamos iguales ante la ley y que nuestro país, antes racional y ordenado, sea hoy una Babel lingüística, legal y administrativa que entorpece, encarece y obstaculiza la vida de personas y empresas.

Y, para terminar, el Estado de las Autonomías es la principal fuente de vulneración de la ley por parte de los poderes públicos: gobernantes autonómicos organizando secesiones, dinamitando el prestigio nacional en el extranjero, vulnerando leyes, incumpliendo sentencias e incluso anunciándolo y presumiendo de ello en ruedas de prensa, delitos por los que hace ya muchos años que deberían haber sido procesados. Entre todos nuestros políticos han conseguido aniquilar el Estado de Derecho. Y no solamente los gobernantes autonómicos separatistas, sino que los primeros que han violado el juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución que han de prestar al acceder a sus cargos han sido los inquilinos de La Moncloa desde hace cuatro décadas. Sin excepción.

De nada sirve dar la espalda a los problemas y seguir fingiendo que no existen o esperando que se resuelvan solos. Los españoles tenemos que decidir: ¿queremos que España continúe existiendo o la liquidamos?