De compatibilidades y señorías

Sus señorías los diputados y senadores tienen una curiosa manera de ejercer sus funciones políticas "en régimen de dedicación absoluta" -sea lo que sea lo que esto signifique- y de manera "incompatible con el desempeño de actividades privadas", tal como ordena la ley electoral. En el Congreso hay más de cien a los que la Comisión del Estatuto del Diputado les ha autorizado a desarrollar un variopinto catálogo de asuntos privados y profesionales amparándose en la monserga que puntualiza que tales propósitos carecen de relación alguna con la Administración Pública. Ya se sabe, Dios aprieta pero no ahoga; y las leyes de los hombres hacen lo mismo con sus señorías, que al fin y al cabo son las que las aprueban. Por eso han metido en el recóndito artículo 159, apartado tercero, de la mencionada norma una letra c que acaba siendo el coladero para que lo absoluto sea sólo relativo y la incompatibilidad se desvanezca por arte de birlibirloque.

Los ejemplos son siempre mejores que los sesudos tratados jurídicos que los legos en tales materias, imbuidos de un cartesianismo trasnochado, nunca llegamos a entender. Porque eso de que lo absoluto pueda ser relativo y lo incompatible acabe siendo conciliable es más bien propio de un ilusionista de la talla del gran Houdini que de los mortales comunes como cualquiera de nosotros. Veamos, pues, el caso del ínclito Vicente Martínez Pujalte, diputado por Murcia, la tierra que le vio nacer allá por la década de los cincuenta del siglo pasado. El señor Martínez Pujalte ha saltado a la palestra esta pasada semana por un asunto de compatibilidades, pues se ha sabido que hace unos años vendió sus servicios de asesoramiento a una empresa constructora que, curiosamente, sí contrataba con la Administración Pública e incluso, al parecer, acabó teniendo concesiones de parques eólicos por parte de la Junta de Castilla y León, según relatan los cofrades de la canallesca.

Hasta aquí todo es normal porque el señor Martínez Pujalte tiene autorizado el ejercicio de su profesión de economista e incluso la administración de Sirga XXI, Consultores, S.L., eso sí, "sin ninguna relación laboral con la Administración Pública ni empresas públicas", como mandan los cánones. Por cierto, que al señor Martínez Pujalte también se le autoriza a participar en conferencias, seminarios y tertulias, aunque en este caso no se precisa que lo que diga en ellas deba carecer de relación con la Administración Pública. Bien está que sea así porque un diputado que no hable de política -o sea, de la Administración Pública- debe de ser aburridamente insoportable.

El caso es que el señor Martínez Pujalte es un diputado más bien enigmático. En el currículum que de él obra en la página web del Congreso aparece como soltero. Sin embargo, aunque durante muchos años fue "tan virgen como López Rodó" -según la expresión de Alfonso Canales que inmortalizara Camilo José Cela en su obrita sobre los sucesos de Archidona-, la prensa de hace tres años relató su casamiento en la intimidad con una correligionaria suya, alto cargo por demás. Todo queda en casa; y la política también. Enigmático es asimismo el hecho de que, según ha relatado el consejero delegado de la empresa que le contrató por 75.000 euros para recibir su asesoramiento reuniéndose un par de veces al mes "a tomar café (…) en el Palace o el Villareal", el señor Martínez Pujalte “tiene una visión muy privilegiada de la economía y de la vida real”. A mí, que me dedico a lo académico, lo de la vida real no me ha llamado la atención, pero lo de la economía -en especial la “microeconomía”, en la que tanto énfasis ha puesto el susodicho consejero delegado- me ha resultado muy llamativo. Del señor Martínez Pujalte sólo es conocida una obra, colectiva por demás, en la que se trata de la financiación autonómica, publicada por Bancaja en 2000, cuyo único mérito, digamos que académico por ser generosos, fue el de ser plagiada por Eduardo Zaplana un año más tarde en El acierto de España: la vertebración de una nación, según denunció el periódico Levante. Cierto es que el señor Martínez Pujalte se doctoró en la Universidad de Valencia, en 2008, con una tesis también sobre la financiación de las autonomías -siempre el mismo tema, que, por cierto, ninguna relación guarda con la microeconomía- con la que obtuvo el cum laude; o sea, la calificación más frecuente en nuestras universidades, que en esto de las tesis no suelen hacer distingos. Curiosamente, de tal lectura dieron cuenta varios periódicos, todos con las mismas palabras, como si fuera un acontecimiento. Ya se ve que a este diputado la oficina de prensa le funciona.

Al señor Martínez Pujalte, eso de cobrar 75.000 en cómodos plazos mensuales de 5.000, como si estuviera en nómina de la constructora, pero sin estarlo, porque eso sería incompatible, no le parece que sea ético, aunque sí legal. Me quedo perplejo. ¡Qué chabacanería! ¡Qué vulgaridad! El viejo tronío de la derecha está definitivamente arrumbado, masacrado por la zafiedad. ¡Nada que ver con las añejas apariencias que daban orden a la sociedad!

Véanlo ustedes comparando a nuestro diputado con aquel antiguo procurador en Cortes, de la época del franquismo, también economista y doctor, don Rafael Díaz Llanos y Lecuona. Economista, sí, pero asimismo poeta, pintor y jurista. El señor Díaz Llanos y Lecuona había sido auditor de guerra cuando la Civil, lo que le dio pie para escribir acerca de las leyes penales militares. Y fue autor de una Síntesis de la economía de Canarias en la que puede leerse, con referencia a El Hierro: "Esta isla (…) en tiempos antiguos estuvo cubierta de un bosque lujuriante". Observe el lector la elegancia y precisión del lenguaje. Yo le conocí en los días aciagos en los que, ya al final de la dictadura, aún presidía el Colegio de Economistas, al que los jóvenes que salíamos con nuestro título de la facultad nos apuntábamos aunque sólo fuera para montar la bronca -contra el Régimen, naturalmente- en las asambleas de colegiados. Recuerdo una que fue antológica, debió de ser allá por el año 1974, en el Palacio de Congresos de la Castellana, entonces Avenida del Generalísimo.

El coronel Díaz Llanos y Lecuona había sido procurador desde 1955 y hasta 1967 por designación del jefe del Estado, según se lee en la web del Congreso de los Diputados. En los diez años siguientes, hasta que en 1977 las Cortes franquistas se hicieron disciplinadamente el harakiri, lo fue por elección entre los colegios profesionales, ganando la votación por mayoría aplastante, pues obtuvo el beneplácito de diez de los once compromisarios inscritos en el censo. Todo indica que nunca incurrió en la vulgaridad de votarse a sí mismo.

Como se ve, toda una vida, la de este coronel, dedicada a la política. Se cuenta que el señor Díaz Llanos y Lecuona era hombre abierto, dado a hacer favores, a mediar en gestiones de toda índole desde la posición que le daba su condición de procurador. No consta que cobrara por hacerlo, aunque se dice también que todos los años organizaba una exposición para vender sus cuadros, a la que invitaba a todos a los que, en una u otra forma, había ayudado. Por aquellos tiempos no había incompatibilidades y menos aún para pintar. Si lo hacía Franco, ¿por qué no iba a hacerlo un modesto procurador en Cortes? Claro que ni las había entonces ni las hay ahora, pues la ley electoral excluye de sus prohibiciones la producción artística, incluso cuando lo que pueda pintar un diputado sean monas indignas de albergarse en un museo de pueblo.

Termino. Lo de Martínez Pujalte me parece más cosa de garrulo gárrulo que de digno representante del pueblo. Puestos a elegir, hubiese preferido que se dedicara a la pintura como su predecesor en el escaño de la Carrera de San Jerónimo. Pero ya nada es como antes y la derecha -como en cierta ocasión le dijo un agricultor alavés a mi padre- "ha perdido todo el control del respeto".