Ana Mato, el 122 y allende Despeñaperros

Tras el auto mediáticamente inculpatorio del juez Ruz y la dimisión de la no imputada Ana Mato, me fui corriendo a leer el artículo 122 del Código Penal, clave del arco que ha disparado la flecha política letal. Encuadrado en el Título V, De la responsabilidad civil derivada de los delitos y faltas y de las costas procesales y su Capítulo II, De las personas civilmente responsables, dice lo que sigue:

El que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación.

Pero, ¿participación directa, voluntaria y consciente? No. Según me han referido, los requisitos que la jurisprudencia ha admitido para acordar la restitución por participación lucrativa son: a) que alguien se aproveche de los efectos de un delito o falta -aunque no se le pueda condenar como receptador-; b) que quien tenga esos bienes desconozca que proceden de un hecho delictivo; c) que no esté acusado de haber participado en el delito a título de autor o de cómplice; d) que tal participación a efecto de aprovechamiento civil ha de tener como causa un título lucrativo (sin contraprestación alguna), no un título oneroso. Tras la meditación, lo iba entendiendo todo mejor por lo que de pronto me sobrevino una iluminación, un fogonazo, un éxtasis.

Mi amiga y colega Cornelia Cinna Minor había resumido y resumado un día antes toda la corruptela allende Despeñaperros. Fíjense:

1. ERE. La juez Alaya cifra su cuantía en 855 millones de euros y no ha terminado.
   
2. Cursos de Formación. De entrada y nada más comenzar las instrucciones, 950 millones que están sin justificar y hoy la UDEF no encuentra 1.000 millones más de las citadas subvenciones.
   
3. Facturas falsas de UGT: 15, 3 millones, por ahora.
   
4. Bahía Competitiva: 25 millones fantasma.
   
5. Caso Astapa: 40 millones ignotos, como mínimo, bloqueados con 109 imputados.
   
6. DeSevilla: 1,6 millones diversificados.
   
7. Madeja/ Enredadera: 1,8 millones en mordidas y subiendo.
   
8. Mercasevilla. 25 millones en suelo y en ERE falsos, pagados incluso ¡a otras empresas!
   
9. Invercaria. Como mínimo, 60 millones y subiendo.
   
10. Se apuntan ya, pronto se verá, 1.000 millones más en fondos propios y europeos (Jeremie y Jessica) sin control ni normativa.
    
11. Las exoneraciones –permiso de la Junta para no justificar gastos– en subvenciones eran práctica habitual en la mayoría de las consejerías, dando una cifra inicial de 371 millones –sólo en dos de ellas–.

Lo anterior hace un sumatorio de 4.344,7 millones de dinero público –ojo, no privado como la mayoría del mal usado en el caso Gürtel y el caso Bárcenas–, estando ya judicializados más de 3.000.

Y ahora, ya con el revelador chispazo jurídico a cuestas, volvamos al 122 del Código Penal. O sea, a las esposas y esposos, compañeras y compañeros, de los intrusos de los ERE, que eran 72 hace dos años y que siguen apareciendo, ¿les será de aplicación este tipo delictivo, supieran o no supieran las travesuras de sus cónyuges o parejas? ¿Y a la madre de Juan Lanzas, el conseguidor que tenía dinero pa asá una vaca y a la que proveía de un estipendio mensual? ¿Y a la mujer del ex director general Guerrero y otros cómplices? ¿Les será igualmente de aplicación a los próximos de los dueños de las empresas de los cursos de formación fraudulentos? ¿Y a las legítimas o legítimos de los sindicalistas que medraron en el caso UGT? ¿Afectará a la esposa de Antonio Perales, el imputado en el caso Bahía Competitiva...? Y no sigo aunque podría.

Para resumir y meter el dedo en algún mal ojo: ¿le será de aplicación el artículo 122 a Antonia Iborra y Teresa Caravaca, esposas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y demás prójimos de aforados, entre otros muchos posibles–, si fuera menester? Verán, es que si sus maridos hicieron lo que hicieron –pongamos por caso–, por interés electoral partidista, al final terminaron obteniendo puestos de altísima dirección que estaban muy bien remunerados. Ellas quizás no sabían lo que habían hecho ni cómo, pero participación lucrativa tuvieron. Y también el PSOE en tanto organización, como UGT, como los otros demás afectados de participación lucrativa de Invercaria, Bahía Competitiva, Astapa, etc.

Entonces adiviné que el juez Ruz había frotado una lámpara, más desastrosa que maravillosa, con el genio de la mala leche dentro al que la juez Alaya, miren ustedes, no ha necesitado, aún, por centrarse en los responsables más que en los irresponsables.

Y pregunto: ¿qué tiene Ana Mato que no tengan todos estos y estas demás? Pues nada. Bueno sí, un juez, el juez de su horca política.